Pronunciamiento por los niños y jóvenes desalojados de Lugano
por la Red Nacional de Investigadores/as en Juventudes
La Red Nacional de Investigadores/as en Juventudes de la Argentina expresa su preocupación por la vulneración de derechos que siguen sufriendo los niños, niñas y adolescentes habitantes del barrio Papa Francisco desde el día de su violento desalojo: sin que se pongan a disposición recursos y dispositivos que garanticen la continuidad de su escolarización, muchos de quienes allí vivían con sus familias dejaron de concurrir a la escuela y corren el riesgo de perder el año escolar.
Bajo las topadoras que arrasaron con las viviendas del asentamiento, los chicos y chicas perdieron también ropa, abrigo, delantales, útiles escolares, carpetas y mochilas. Aquellas familias que fueron trasladadas a paradores transitorios quedaron alejadas de las escuelas donde los niños y jóvenes del barrio concurrían y el trasporte se hace más difícil y costoso, los horarios de los paradores no contemplan la rutina escolar y los chicos tienen que optar por asistir a la escuela o comer. Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires no se implementaron en estos 15 días medidas tendientes a garantizar la continuidad de la escolaridad y la inclusión educativa de estos chicos, ni se dio respuesta alguna a las dificultades de transporte, provisión de útiles, ni la puesta en marcha de dispositivos pedagógicos específicos, ni siquiera la justificación de las faltas a partir del desalojo para que no pierdan el año escolar. Esta situación agudiza la situación de precariedad extrema en la que quedaron las familias luego del desalojo, y perpetúa la vulneración de derechos sufrida por estos niños, niñas y adolescentes.
Bajo las topadoras que arrasaron con las viviendas del asentamiento, los chicos y chicas perdieron también ropa, abrigo, delantales, útiles escolares, carpetas y mochilas. Aquellas familias que fueron trasladadas a paradores transitorios quedaron alejadas de las escuelas donde los niños y jóvenes del barrio concurrían y el trasporte se hace más difícil y costoso, los horarios de los paradores no contemplan la rutina escolar y los chicos tienen que optar por asistir a la escuela o comer. Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires no se implementaron en estos 15 días medidas tendientes a garantizar la continuidad de la escolaridad y la inclusión educativa de estos chicos, ni se dio respuesta alguna a las dificultades de transporte, provisión de útiles, ni la puesta en marcha de dispositivos pedagógicos específicos, ni siquiera la justificación de las faltas a partir del desalojo para que no pierdan el año escolar. Esta situación agudiza la situación de precariedad extrema en la que quedaron las familias luego del desalojo, y perpetúa la vulneración de derechos sufrida por estos niños, niñas y adolescentes.
[pullquote]nadie dispuso recursos y dispositivos que garanticen la continuidad de su escolarización[/pullquote]
En el debate público, mientras por un lado se instala la preocupación por garantizar que niños, niñas y adolescentes que residen en otro sector de Lugano no pierdan clases por razones de “seguridad”, la expulsión del sistema escolar de los que habitaban el barrio Papa Franciso a partir del desalojo no parece generar el mismo interés ni preocupación por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Se construye así la percepción de que en este territorio existen niños y jóvenes ciudadanos de primera y de segunda.
Como Investigadores e Investigadoras de la Red de Juventudes queremos pronunciar nuestro repudio y preocupación por el incremento de la vulneración de los derechos de los niños y jóvenes que se está produciendo a partir de la implementación de políticas represivas que, tras la retórica de la seguridad, criminaliza a las personas que se encuentran en mayores condiciones de precariedad, a los inmigrantes, y especialmente a los niños, niñas y jóvenes, que sufren el cercenamiento de los derechos más básicos que posibilitan su inclusión social y una vida digna.
En el debate público, mientras por un lado se instala la preocupación por garantizar que niños, niñas y adolescentes que residen en otro sector de Lugano no pierdan clases por razones de “seguridad”, la expulsión del sistema escolar de los que habitaban el barrio Papa Franciso a partir del desalojo no parece generar el mismo interés ni preocupación por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Se construye así la percepción de que en este territorio existen niños y jóvenes ciudadanos de primera y de segunda.
Como Investigadores e Investigadoras de la Red de Juventudes queremos pronunciar nuestro repudio y preocupación por el incremento de la vulneración de los derechos de los niños y jóvenes que se está produciendo a partir de la implementación de políticas represivas que, tras la retórica de la seguridad, criminaliza a las personas que se encuentran en mayores condiciones de precariedad, a los inmigrantes, y especialmente a los niños, niñas y jóvenes, que sufren el cercenamiento de los derechos más básicos que posibilitan su inclusión social y una vida digna.
