Leonel Luna fue víctima de una causa armada y durante casi dos años estuvo acusado por el asesinato de Adrián Novillo. En diciembre de 2015, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N 1 de Quilmes lo absolvió; no había pruebas en su contra, en cambio durante el juicio quedaron en evidencia las irregularidades de la instrucción a cargo de la Policía Bonaerense. Cinco años después, y a pesar de haber probado su inocencia, Leonel vuelve a ser víctima de hostigamiento y persecución.

ANDAR en Quilmes 

(Agencia) En estos días, a partir la repercusión por el caso del jubilado de Quilmes Jorge Ríos, apareció en la agenda de los medios de comunicación el asesinato de Adrián Novillo, un joven que fue golpeado en manada a la salida de un boliche; las personas que participaron del asesinato serían las mismas que entraron a robar a la casa de Ríos. Al mismo tiempo, de manera irresponsable y desconociendo un fallo de la justicia, portales periodísticos volvieron a sindicar públicamente a Leonel Luna como parte de la banda que atacó a Novillo. Leonel tenía en ese momento 16 años; la Policía Bonaerense lo incriminó sin pruebas y la justicia lo absolvió. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que fue veedora del juicio, y la Secretaría de Derechos Humanos de Quilmes manifestaron su preocupación ante la Defensoría del Público y el ENACOM.

En los últimos días, medios periodísticos vincularon el caso de justicia por mano propia del jubilado Jorge Ríos con el homicidio de Adrián Novillo, un joven de 16 años que fue asesinado a golpes por una patota a la salida de un boliche bailable en Quilmes. El ataque ocurrió en la noche del 14 de junio de 2014, Adrián murió 13 días después.

La familia del joven aseguró que la banda que lo asesinó es la misma que en la madrugada del pasado 17 de julio entró a robar a la casa de Jorge Ríos. Al mismo tiempo, portales periodísticos mencionaron a Leonel Luna como integrante del grupo de villa de La Vera y lo incriminaron en el asesinato de Novillo.

La reproducción de esta denuncia por parte de portales y canales periodísticos, que desconocen, desestiman u ocultan el fallo judicial que absolvió a Leonel, no sólo es irresponsable y muestra de la falta de ética profesional sino que, y más grave aún, revictimiza a un joven que, durante dos años, fue víctima de una causa armada y tuvo que exponerse a un juicio para demostrar su inocencia.

En 2015 cuando se realizó el juicio, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó como amicus curiae y fue veedora de las audiencias judiciales. En ese momento, el organismo señaló que había dos familias buscando justicia: la de la víctima y la del acusado. Las irregularidades en la investigación a cargo de los efectivos de la comisaría 9ª de Quilmes no sólo generaron un enorme e innecesario sufrimiento en Leonel sino que, además, obstaculizaron y dilataron las tareas investigativas para llevar a la justicia a los responsables del ataque. Al momento del juicio contra Luna, ninguno de los integrantes de la patota que golpeó a Adrián había sido identificado.

Las irregularidades en esa investigación estuvieron desde el principio cuando la familia denunció el caso en la comisaría 9ª de Quilmes; los funcionarios policiales en lugar de dar aviso al Ministerio Público Fiscal, se pusieron a producir pruebas en base a sospechas. Toda la investigación se fundó en un mensaje telefónico que indilgaron a Luna y que luego se comprobó no fue enviado por él ni a través de su teléfono personal. La fiscal recién tomó conocimiento del caso más de 100 horas después y, a pesar de la ilegalidad del accionar policial, convalidó la investigación.

Durante las audiencias quedó en evidencia que varios de los testimonios que acusaban a Luna estaban armados sobre supuestos o comentarios. Además dos testigos declararon que en la Fiscalía les fueron exhibidas fotografías que buscaban sindicar a Luna como autor del crimen, y uno de ellos fue obligado en la sede policial a firmar su declaración en blanco. Estas situaciones fueron confirmadas incluso por personal policial.

Sin embargo, sí se pudo probar la permanencia del joven imputado en la casa de un vecino durante esa noche, testimonios que fueron corroborados con una cámara de seguridad.

La instrucción policial, refrendada por la fiscal, fue tan irregular que el Tribunal no sólo absolvió a Luna sino que también ordenó que la fiscalía departamental investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte del personal de la comisaría 9ª y la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1 de Quilmes.

Cinco años después de atravesar el debate oral, Leonel tiene que volver a sufrir el hostigamiento y la persecución por un delito que no cometió y que, incluso, pretendan incriminarlo en un nuevo hecho.

Ante esta situación, la CPM consultó a la fiscalía interviniente y la respuesta fue expeditiva y contundente: Leonel Luna no está siendo investigado ni fue nunca mencionado en la causa del jubilado Ríos.

Asimismo, para evitar mayores daños y por temor a posibles represalias, la CPM y la Dirección contra la violencia institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de Quilmes enviaron una nota a la titular de la Defensoría Pública, Miriam Lewin, y al ENACOM manifestando su preocupación por la reproducción periodística de información que incrimina deliberada e injustamente a un joven y que, al mismo tiempo, desconoce un fallo de la justicia que ya declaró su inocencia.

Cabe recordar que al momento del hecho en que intentan volver a inculparlo, el crimen de Adrián Novillo, Leonel tenía 16 años y, por lo tanto, está alcanzado por los preceptos normativas de la legislación internacional que debe preservar el interés superior del niño. Aun cuando, actualmente, el joven sea mayor ese principio de protección y resguardo continúa y, por lo tanto, cualquier tratamiento en medios de comunicación de la investigación de la que fue víctima requiere su consentimiento. Elemento que en estas apariciones en canales televisivos y portales periodísticos no se respetó.

“Esta cobertura mediática ilegal y la falta de control sobre ella por parte de los organismos del estado, viola manifiestamente la normativa tanto local como internacional, pudiendo ser susceptible de incurrir en responsabilidad internacional por encontrarse en juego los derechos humanos del niño”, señalaron los organismos en la nota enviada a los órganos de control.

En esa misma presentación, también se recordó que tanto la Defensoría del Público como el ENACOM emitieron guías para el tratamiento periodístico responsable en noticias policiales; esas recomendaciones fueron claramente desatendidas en más de una oportunidad durante la cobertura que acusó injusta e ilegalmente a Leonel.