El 14 de junio se cumplieron seis años de la muerte de Saulo Rojas en la Fundación San Camilo; su muerte será la primera ocurrida en una comunidad terapéutica que llega a juicio desde la sanción de la ley desde salud mental, sin embargo el debate oral y público se sigue demorando por planteos dilatorios de la defensa de los imputados. “Quiero que las otras víctimas puedan sentarse frente al tribunal y contar cuáles eran las condiciones de internación que sufrían. Necesitamos una sentencia ejemplificadora, porque hay otros muchos lugares que siguen abierto y funcionando de la misma manera”, dice Myriam Lucero, mamá de Saulo.

ANDAR en Mendoza

(Agencia Andar) El 14 de junio de 2013, Saulo Rojas se ahorcó con su cinturón en un sala de castigo de la Fundación San Camilo, en Pilar. Saulo tenía 23 años, era insulino-dependiente y tenía problemas de adicción; durante casi un año de internación, a pesar de los informes médicos y psicológicos, no recibió la atención adecuada ante las recaídas por su diabetes y consumo. Su muerte dejó en evidencia las graves condiciones de encierro que padecen las personas internadas en dispositivos de salud mental: abandonados, sobremedicados y sometidos a violencias sistemáticas.

“San Camilo funcionó con esa impunidad durante más de 20 años. Era imposible que nadie lo sepa, la lucha nuestra permitió que otras víctimas que pasaron por ese lugar se animaran a denunciar”, resalta Myriam Lucero. En noviembre de 2017, a partir de las denuncias realizadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la fundación fue clausurada por orden del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Seis años después de la muerte de Saulo, el juicio oral y público sigue demorándose: todavía no hay fecha ni tribunal asignado y la justicia debe resolver aún apelaciones presentadas por la defensa de los acusados. La causa judicial tiene tres directivos y empleados de la Fundación imputados por el delito de homicidio culposo: el entonces director y dueño de la comunidad Martín Iribarne, el ex director terapéutico Alejandro Jacinto y el ex empleado de seguridad Ángel Súnez.

Este año, luego del requerimiento de elevación a juicio, se realizaron dos audiencias preliminares: la primera en marzo y sólo se presentó Iribarne; en mayo, se presentaron Jacinto y Súnez. Hasta ese momento, Súnez había permanecido prófugo; después de haber sido indagado por el titular de la UFI N 4, Jorge Nocheti no se había presentado a ninguna citación

En abril, la defensa de Iribarne propuso una probation, a cambio de un monto en dinero y la inhabilitación por dos años para trabajar en comunidades terapéuticas o en el tratamiento de adicciones. Myriam en aquel momento lo rechazó. En mayo, Jacinto y Súnez también quisieron firmar una probation. Una vez más, Myriam lo rechazó.

“Tengo el derecho y quiero tener la oportunidad de ventilar la muerte de mi hijo en un juicio, quiero que las otras víctimas puedan sentarse frente al tribunal y contar cuáles eran las condiciones de internación que sufrían. Necesitamos visibilizarlo y necesitamos una sentencia ejemplificadora, porque hay otros muchos lugares que siguen abierto y funcionando de la misma manera”, explica la mamá de Saulo.

Tras rechazar la probation, el fiscal confirmó la elevación pero la defensa de los imputados apeló esta decisión. “Sostienen que, por la acusación con la que se llega, la condena que puede resultar del juicio es similar a lo que se pone en consideración en la probation y que, por lo tanto, no tiene sentido continuar con la instancia del debate oral y público”, cuenta Myriam Lucero. “Si resulta así, que sea así, pero en juicio. No voy a dejar que sean ellos quienes definan el proceso y tampoco voy a permitir que sigan escondiendo, como quieren, las condiciones en las que estaban los chicos”.

En ese sentido, el caso de Saulo es emblemático: su muerte será la primera ocurrida en una comunidad terapéutica que llega a juicio desde la sanción de la ley desde salud mental. “Con la clausura de San Camilo ya conseguimos mucho, pero necesitamos cambiar todo un sistema que sigue funcionando igual. La ley fue un importante avance y esperamos que su implementación nos permita seguir avanzando sobre todos los lugares donde se vulneran los derechos de las personas internadas”, señala Lucero.

Para lograr ese objetivo, Myriam advierte que es indispensable avanzar en la creación del órgano de revisión local de la ley de salud mental. En abril de 2018, la Cámara de Senadores de Mendoza dio media sanción al proyecto de ley que impulsaba su creación; desde entonces, el trámite legislativo está detenido en las comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados: “Indudablemente, hay intereses que están haciendo presión para que la ley no salga”, sintetiza Myriam.

Un mural, un espacio de lucha

El sábado pasado, un día después de cumplirse los seis años de la muerte de Saulo, la familia realizó una jornada de memoria en el barrio La Gloria. En un gran paredón, justo frente a la casa de Myriam, se pintó un mural por Saulo: “Abro la puerta y lo veo”, dice. Y agrega: “Tiene un valor emotivo para nosotros, pero queríamos que sea un terreno de disputa, con compañeros y compañeras con quienes trabajamos en el barrio”.

La Gloria es un barrio muy popular habitado por más de dos mil familias. “Es conocida como una zona roja, privada de muchos derechos, donde incluso muchas veces ni siquiera llega a entrar la ambulancia. Por eso queríamos que el mural sea un lugar de lucha y prevención de la violencia institucional. Queremos que el mural sea el espacio de la memoria para la prevención Saulo Rojas”.

Myriam es parte de la Red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales de la CPM. El sábado, durante la jornada de memoria, fue acompañada por familiares, militantes y vecinos y vecinas que se agolparon frente a su casa para pintar el mural.

“Yo seré tu voz”, está escrito en la pared. Ese es el lema que asumió Myriam hace seis años.