El 5 de marzo, durante la celebración del carnaval en la República de los niños, agentes de la Guardia Urbana de Prevención (GUP) golpearon ferozmente a un hombre; su compañera y su cuñada fueron inmovilizadas y también violentadas cuando quisieron intervenir para detener la golpiza. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se reunió con las víctimas y se presentó como particular daminificado en la causa penal. Esta primera denuncia por torturas perpetradas por la GUP confirman los temores que la CPM señaló antes de su creación: se trata de un cuerpo parapolicial que actúa por fuera de las atribuciones asignadas, de manera discrecional y sin controles adecuados.

ANDAR en La Plata

(Agencia/CPM) En octubre pasado, cuando se discutía en el Concejo Deliberante de La Plata la creación de la Guardia Urbana de Prevención (GUP), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtió que “la ambigüedad, vaguedad y falta de precisión sobre las funciones del nuevo ‘cuerpo de seguridad municipal” habilitarían la discrecionalidad de sus agentes y significarían un grave riesgo para la ciudadanía”. El proyecto de ordenanza se aprobó y los temores formulados en ese momento por la CPM tardaron muy poco en confirmarse. La GUP ya tiene su primera denuncia por torturas.

El 5 de marzo, durante la celebración del carnaval en la República de los niños, Daniel Changazzo, Estefanía Alemán y Selena Lezcano fueron abordados por personal de la GUP cuando buscaban la cartera de Estefanía, que habían perdido de vista tras una corrida del público cuando comenzaba el recital de Los Charros. Los agentes municipales comenzaron a increparlos por estar tomando unas latas de cervezas. Ante esta reacción, los jóvenes arrojaron la bebida al suelo. Luego de cumplir con esta orden, les pidieron colaboración para encontrar la cartera extraviada; lejos de ayudarlos, el personal urbano continuó hostigándolos. Fue en ese momento cuando el agente Gonzalo Mercado le propinó el primer golpe en la cara a Daniel y luego lo llevó a la rastra hasta la parte trasera de un castillo, sin iluminación y sin personas a la vista. En ese lugar, tirado en el suelo, entre varios agentes le pegaron patadas en el cuerpo, la cabeza y la cara. Estefanía y Selena intentaron detener la agresión pero fueron reducidas e inmovilizadas por agentes mujeres. Mientras las reducían, sufrieron golpes, tirones de pelo e insultos.

La violencia recién terminó cuando intervinieron oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ante esta presencia, los empleados de la GUP intentaron disimular la golpiza emulando un procedimiento de control sobre la persona y las pertenencias de Daniel, Estefanía y Selena lo que, de por sí, hubiere resultado ilegal porque el cuerpo municipal no tiene competencia para hacer ese tipo de procedimientos.

Las lesiones causadas a Daniel fueron constatadas luego por personal médico del HIGA San Martín y dieron cuenta de la magnitud de la golpiza. Las tres víctimas presentaron la denuncia penal ante al UFI 3 de La Plata. Al tomar conocimiento de los hechos, la CPM se puso en contacto y, recientemente, se presentó como particular daminificado.

Además de la intervención judicial, el organismo también remitió una nota al Ejecutivo municipal expresando su preocupación, reclamando extremar las medidas para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios intervinientes en el hecho, la de sus superiores jerárquicos e instancias de control. Y, finalmente, solicitó la disolución de la GUP.

En esa presentación, la CPM recordó las advertencias que había hecho en su momento para oponerse a la creación de este cuerpo de seguridad municipal y sostuvo que “la intensidad de la violencia desplegada, junto con la usurpación por parte de la GUP de las funciones de seguridad legalmente reservadas con carácter exclusivo a los cuerpos policiales de la Provincia configuran un gravísimo antecedente para la seguridad pública”. La confirmación de lo que resultaba previsible.

En la carta al Municipio, el organismo marca otro dato con preocupación: Cristian López, director de Seguridad Edilicia de la Municipalidad de La Plata, continúa a cargo de la capacitación de los agentes de la GUP. Este funcionario está denunciado en un habeas corpus por la privación ilegal de la libertad de dos jóvenes menores de 18 años a los que obligó a quitarse las remeras, las zapatillas y las medias.

En paralelo a esto, y también con motivo de la intervención realizada por la CPM, la comisión de derechos humanos y seguridad del Concejo Deliberante platense presentó un proyecto de resolución para que el órgano legislativo repudie este acto violento cometido por el GUP, y solicitando que el ejecutivo municipal informe sobre los hechos y su intervención al respecto.

Como se denunció en más de una oportunidad, la creación de dispositivos de seguridad municipales —como la GUP— resultan una amenaza para la seguridad pública: la falta de una definición clara y precisa sobre las funciones y atributos de estas fuerzas posibilita amplios márgenes de arbitrariedad en la acción, generando las condiciones para la consumación de prácticas ilegales y violentas. La tortura contra Daniel, Estefanía y Selena así lo vuelven a demostrar.