El femicidio de Lucía Pérez, la adolescente masacrada en Mar del Plata, fue el impulso más visible de una lista cada vez más larga de mujeres muertas por violencia de género. A dos años de la primera marcha que exigía “Ni una menos”, en la Argentina se sigue asesinando a una mujer cada 30 horas. Son cientos de muertes cometidas por la violencia misógina patriarcal. Muertes de mujeres, niñas, travestis, personas transgénero o transexuales; todas evitables. Es imposible naturalizar estas muertes.

ANDAR en las calles

(CPM) La CPM se solidariza con las víctimas y sus familiares y acompaña la convocatoria del colectivo Ni Una Menos, una iniciativa sin precedentes en el país: un paro nacional de mujeres. El paro será de una hora en los lugares de trabajo y concluirá con una masiva movilización en las plazas en todo el país.

El Estado argentino continúa sin implementar la ley de protección integral a las mujeres, y la ley de educación sexual integral sigue siendo una deuda pendiente en democracia. En la provincia de Buenos Aires no existen registros oficiales de casos de denuncias por violencia de género ni de femicidios. Frente a una realidad cada día más hostil, el porcentaje del presupuesto asignado a esta temática es insignificante. La Justicia no monitorea a los agresores, no acompaña a las denunciantes, a sus hijos e hijas, y tampoco unifica las causas por denuncias reiteradas; la línea 144 -línea telefónica gratuita de denuncia por violencia de género- funciona de manera deficitaria. Tampoco se han puesto en marcha  fiscalías especializadas que podrían contribuir para mejorar la investigación de estos delitos.

Las fuerzas de seguridad, nacionales, provinciales y locales no están formadas en una perspectiva de género, lo que produce reincidencia en prácticas violatorias de derechos que constituyen hechos de violencia institucional. En las comisarías provinciales los y las agentes no están capacitadas para atender casos de violencia de género, y crecen las denuncias de mujeres porque no se toman sus denuncias en esas dependencias poniendo en riesgo la integridad cada una y su núcleo familiar.

Pero estas violencias no se resuelven solo con el sistema penal.

Son problemas complejos que requieren abordajes urgentes, múltiples y diversos. El Estado debe implementar políticas públicas integrales que prevengan y erradiquen definitivamente las violencias contra las mujeres.
Cabe recordar que en el mes de julio el presidente de la Nación encabezó un acto anunciando el plan nacional para la erradicación de la violencia de género: reformas e innovaciones tecnológicas para controlar a los violentos, un plan de construcción de hogares de asistencia y grupos operativos de acompañantes de víctimas de violencia; el fortalecimiento de las áreas de mujer de cada una de las provincias y localidades con el objetivo de generar equidad y garantizar el acceso a la justicia en todo el país. Ninguna de estas medidas se ha puesto en marcha aún y la urgencia del tema no puede tener más dilaciones: las mujeres siguen muriendo todos los días.

El Estado y sus instituciones son responsables de garantizar la vida y la integridad de todas las personas que viven en la sociedad, sin privilegiar los derechos de unas sobre otras. La consigna es clara: vivas nos queremos, #NiUnaMenos.