Entre las jornadas del miércoles 15 y jueves 16 declararon los tres profesionales de la Comision Provincial por la Memoria (Mecanismo Local de Prevención de la Tortura) que a comienzos de marzo de 2016 llevaron adelante la inspección de urgencia en la subcomisaría de la Policía Bonaerense de Domselaar, partido de San Vicente, por los graves delitos denunciados por las personas allí alojadas y sus familiares. Los abogados Ignacio Di Giano y Fabian Bernal y el psicólogo Luis Onofri detallaron la compleja, extensa y difícil jornada de monitoreo, la actitud hostil de los policías hacia las detenidas para que no hablaran y la intención de impedir la confidencialidad de las entrevistas, así como el cuadro de estrés post traumático, de angustia y de ansiedad que identificaron en las víctimas. Con modalidad de juicio por jurados, el debate se lleva a cabo a instancias del Tribunal Oral Criminal 1 de La Plata.

ANDAR en Domselaar

(Agencia) “La información sobre abusos sexuales en la subcomisaría de Domselaar nos llegó a través de un correo electrónico de la Defensoría de Casación Penal de la Provincia -dirigida por Mario Coriolano- y simultáneamente por llamados telefónicos de familiares de mujeres detenidas en aquel destacamento. El correo nos alertó de que podía tratarse de una situación de gravedad porque así ocurría cada vez que nos escribían desde esa agencia judicial, por lo que rápidamente organizamos una inspección de emergencia”, comenzó el abogado Fabián Bernal, por entonces subdirector del área de Inspecciones del Comité contra la Tortura de la CPM.

Frente al jurado popular y bajo la atenta dirección de la jueza técnica del TOC 1, Cecilia Sanucci, que en reiteradas ocasiones debió rechazar por improcedentes las preguntas de las defensas, Bernal afirmó que la inspección comenzó alrededor de las 11 de la mañana y culminó por la noche, a las 23, cuando todas las mujeres pudieron completar su denuncia ante una fiscalía y fueron sacadas de la subcomisaría de Domselaar por el grave riesgo de sufrir represalias y más agresiones.

Para el abogado con vasta experiencia en monitoreo de instituciones de encierro -calculó en 170 jornadas por año en todo el territorio bonaerense- aquella inspección fue inédita en muchos aspectos: nunca antes había visto tanta reticencia en la autoridad policial para impedir el ingreso y el diálogo confidencial e íntimo con las víctimas; las cinco mujeres alojadas en un mismo calabozo de 4 metros por 3 aproximadamente se colocaron contra la pared en el instante en el que una agente policial abrió la reja y dejó ingresar a la CPM; y fue muy impactante el desborde emocional de las víctimas.

De hecho, cuando ningún policía quedó en el calabozo, una de las mujeres le pasó al equipo de la CPM un papelito con la inscripción: “No podemos hablar”, lo que terminó de confirmar el grave escenario al cual los profesionales acababan de llegar. Por ese motivo la primera decisión fue notificar a la fiscalía con sede en Brandsen para que tomara declaración a las víctimas en un sitio seguro y privado de la injerencia policial.

Al mismo tiempo, Bernal conversaba con algunas de las personas allí alojadas, sentados en un rincón del calabozo, hablando con murmullos al oído y con extrema discreción, para sortear la flagrante actitud de vigilancia de los policías que casi no disimulaban su intención de obturar las denuncias. Estos aspectos fueron relatados también por el abogado Ignacio Di Giano y el psicólogo Luis Onofri, quienes coincidieron ante el jurado popular en cuanto a que no estaban dadas las condiciones para que las mujeres continuaran alojadas en esa dependencia policial.  

Di Giano explicó que, mientras sus compañeros realizaban las entrevistas en el calabozo, debió salir en auto rumbo a la sede de la fiscalía porque en el destacamento policial ni siquiera había señal telefónica.

Asimismo, enumeró que los policías pretendieron demorar el ingreso alegando que la persona a cargo estaba a pocas cuadras de allí; intentaron realizar una requisa a los integrantes de la CPM con la excusa de la seguridad, pero no lo llevaron a cabo luego de que les explicaran que se trataba de un organismo público de control; y recordó que, en virtud de la gravedad de la denuncia, aceleraron los pasos previos de toda inspección que consisten en solicitar información de cantidad de personas alojadas, registro de entradas y otros datos de interés, con objeto de pasar inmediatamente a estar en contacto con las víctimas.

Por su parte, el psicólogo Luis Onofri brindó una amplia declaración en torno a su abordaje en aquella ocasión: “Las víctimas contaron con detalle las vejaciones sexuales, la violencia, los tratos degradantes que recibían desde hacía meses. Las trataban como cosa, las llamaban putas, y había agentes masculinos que todo el tiempo habían intentado abusar de alguna de ellas queriendo tener sexo”.

“También relataron la historia de aquella noche del 31 de diciembre de 2015 cuando varios policías se masturbaban desde el techo del patio interno y se burlaban sobre a quién le iba a caer el ‘guascazo’. Como psicólogo pude advertir todos los síntomas de estrés postraumático, las mujeres llevaban varios meses de padecimientos psíquicos, trastornos de sueño de todo tipo, estado de hipervigilancia, retraimiento emocional y social, entre otros aspectos. Semanas después las volví a ver y se observaba que los síntomas aparecían como flashback, recuerdos involuntarios muy vívidos sobre sus cuerpos”, amplió el psicólogo.

Al igual que en el testimonio de Bernal, Onofri señaló a los jurados: “No recuerdo una inspección tan extrema como esta. Nos impresionó muchísimo la historia y la cantidad de hechos y de víctimas. Estuvimos muchas horas en esa subcomisaría porque, además de todo, se terminó complicando el traslado de las víctimas. No recuerdo bien el detalle, pero las querían dividir en cuanto a sus nuevos lugares de alojamiento. También inusual fue que se hiciera presente en la dependencia policial personal de otra comisaría, lo que evidenciaba el interés en conocer cómo se resolvía aquella situación”.

Datos sobre la causa 

Los agentes policiales Cecilia Ballerini, Juan Fernández, Rodolfo Morales, Emilce Ponce, Carlos Remuzzi, Jorge Rodríguez y Lucas Vizgarra están siendo juzgados desde el lunes 6 de abril por un jurado popular al que llegan imputados por distintos delitos: sometimiento a torturas, severidades, vejaciones agravadas por violencia, amenazas, apremios ilegales agravados, abuso sexual agravado y hurto agravado. La magistrada Cecilia Sanucci a cargo del TOC N°1 de La Plata es la jueza técnica.

El inicio del debate estaba previsto para marzo del año pasado, pero el tribunal no había consultado previamente a los acusados si optaban por un debate oral con jueces técnicos o uno por jurados, derecho que les asiste porque la expectativa de pena es alta. Las defensas aprovecharon ese error procesal, pidieron que sus asistidos fueran sometidos a un juicio por jurado y lograron así posponer el comienzo del juicio un año más.

Las víctimas son cinco mujeres que estaban alojadas en una celda de 3 x 4 con sólo dos camas de cemento y un baño que se tapaba de manera recurrente. No tenían acceso a cuidados médicos ni recibían alimentos, y permanecían encerradas las 24 horas en aislamiento extremo.

En esas condiciones además fueron sometidas entre agosto de 2015 y el 3 de marzo de 2016 a diversas torturas, maltratos y vejámenes, sanciones degradantes como obligar a una mujer a limpiar el inodoro con una tapita, tocamientos y acoso sexual, además de robarles las pertenencias y coaccionarlas para que no denuncien estos hechos. Además se juzgan las torturas a las que fueron sometidos dos varones alojados en la dependencia: uno de ellos sufrió lesiones por golpes, abuso sexual y agua hirviendo, el otro fue golpeado con el fin de obligarlo a dar una determinada información.

Estos hechos aberrantes no fueron excepcionales. Entre 2019 y 2020, 28 mujeres y personas trans fueron sometidas a torturas, abusos sexuales, severidades, vejaciones y malos tratos en la Comisaría 3 de La Tablada en La Matanza. Por esos hechos 11 agentes de la Policía Bonaerense fueron condenados, sentencia incluso confirmada por el Tribunal de Casación provincial.

La jornada que debía realizarse este viernes fue cerrada antes de lo previsto luego de que las defensas desistieran de todos los testigos que inicialmente pretendían llamar a declarar, por lo que el juicio se retomará el próximo lunes desde las 9 con la etapa final del proceso, entre alegatos, instrucciones finales a los jurados y últimas palabras de los imputados. Se prevé que el veredicto se dicte el martes 21 por la tarde.

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