Mediante una nota remitida al organismo de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires y la presentación de habeas corpus individuales, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) manifestó su preocupación por el traslado de seis jóvenes a cárceles para adultos dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). El organismo advirtió que esta medida agrava las condiciones de detención de los adolescentes y vulnera los derechos y garantías establecidos en la Ley Penal Juvenil, de acuerdo a las normativas internacionales, y reclamó el reintegro urgente de los jóvenes a los establecimientos bajo la órbita de Niñez y Adolescencia.

ANDAR en la Justicia

(CPM/Agencia) El sábado pasado, seis jóvenes de entre 20 y 21 años que se encontraban alojados en el Centro Cerrado Virrey del Pino fueron trasladados, por orden de la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de Felipe Granillo Fernández, a cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Al tomar conocimiento de los hechos, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) envió una nota al organismo de Niñez y Adolescencia manifestando su preocupación por los traslados y requiriendo, de manera urgente, el reintegro de estos jóvenes a los establecimientos que están bajo su tutela. Asimismo, se presentaron habeas corpus individuales para resguardar la integridad de los seis adolescentes trasladados.

En el mismo escrito, la CPM señala que la medida vulnera los derechos y garantías de los jóvenes establecidos por la Ley 13.364 (Ley Penal Juvenil), conforme a las normativas internacionales que tienen rango constitucional. En ese sentido, la Convención de los Derechos del Niño establece que los lugares de encierro juvenil deben ser instituciones especialmente diseñadas para la responsabilización y formación de los jóvenes.

En este caso, el traslado a cárceles de adultos ordenada por el funcionario Granillo Fernández, sin el aval judicial correspondiente, no sólo contradice los principios y objetivos de esta ley sino que terminar por agravar las condiciones de encierro de los jóvenes. Como ha denunciado la CPM en reiteradas oportunidades, las personas alojadas en los establecimientos del SPB se ven sometidas a graves violaciones de derechos humanos —entre ellas la práctica sistemática de la tortura—, que inevitablemente se aplicarán sobre estos jóvenes.

El argumento utilizado para justificar esta medida es que se trata de una nueva política del Organismo de Niñez, consistente en derivar jóvenes mayores de 18 años a disposición del Fuero Penal Juvenil al Servicio Penitenciario Bonaerense. Sin embargo, el propio Comité de los Derechos del Niño establece que no se impone el traslado automático de aquellos jóvenes que cumplieron dieciocho años de edad a una penitenciaría de adultos. Ello implica que los establecimientos destinados al alojamiento de quienes hubieren cumplido los dieciocho años de edad, y están a disposición de los órganos jurisdiccionales del fuero de responsabilidad penal juvenil, deben continuar bajo la órbita del Organismo de Niñez y Adolescencia.

Frente a esta situación, que agrava las condiciones de encierro de los jóvenes y contradice lo dispuesto por la legislación vigente en cuanto a los Derechos Humanos de los niños, niñas y jóvenes, la Comisión Provincial por la Memoria solicita que se respete y garantice la especificidad del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y su legislación especial y se termine con el traslado de jóvenes a establecimientos del SPB.