Integrantes del Comité de Monitoreo y Seguimiento del Órgano de Revisión Local de la Provincia de Buenos Aires –del que participa la CPM junto a otras organizaciones– fueron víctimas de amenazas y agresiones verbales, y denunciados por intento de robo ante la policía de Malvinas Argentinas cuando intentaron realizar una inspección en el centro Nuevos Despertares de Tortuguitas, que aloja a más de 70 jóvenes. De este modo, una vez más las autoridades del lugar impidieron el monitoreo y control de las condiciones de internación por parte del Comité tal como lo prevé la Ley de Salud Mental.

ANDAR en Tortuguitas

(Agencia) El Comité de Monitoreo y Seguimiento del Órgano de Revisión Local de la Provincia de Buenos Aires está integrado por representantes del Estado, organizaciones civiles y de derechos humanos, entre ellas la CPM, y tiene como objetivo el control de legalidad de tratamientos e internaciones según los parámetros de la nueva Ley de Salud Mental. Entre sus múltiples tareas, se encarga de inspeccionar de manera sistemática los lugares que alojan personas bajo tratamiento.

Semanas atrás, cuando intentaron desarrollar acciones de monitoreo en la comunidad Nuevos Despertares de Tortuguitas, representantes del Comité fueron agredidos por las autoridades del lugar que, tras amenazas y denuncias a la policía local, lograron impedir el ingreso al establecimiento.

La inspección se había dispuesto tras la denuncia por irregularidades y sospechas de malos tratos y sometimiento de los pacientes que se recibió en la CPM por parte de un joven de identidad reservada. El joven, que manifestó haber sido externado a comienzos de 2013, permaneció internado contra su voluntad durante la mitad del año anterior.

Allí comenzó a sufrir una serie de hostigamientos: en varias ocasiones el director le dijo que se iría de la clínica cuando él lo decidiera y que debía colaborar porque, de lo contrario, lo trasladarían a otra clínica con un régimen peor y donde podría “hasta sufrir violaciones”. También relató que fue sobremedicado,  que no pudo recibir visitas, que fue forzado a firmar un escrito en el que aseguraba estar internado por su propia voluntad, y que en  la misma condición se encontraban la mayoría de los  internados. En ese sentido, a mediados de  2013, la CPM recibió una nueva  denuncia de otro joven del mismo tenor. Ambos relatos también coinciden en afirmar que, como modalidad terapéutica, la clínica promueve el fanatismo religioso.

El impedimento para inspeccionar el lugar es de una profunda gravedad que se sustenta y reafirma antecedentes de otros monitoreos e inspecciones que ya fueron obstaculizados en los últimos años. Entre 2012 y 2014, distintos organismos de los gobiernos nacional y provincial, además de una trabajadora de un tribunal de familia, un defensor oficial y representantes de la auditoría de Internaciones bonaerense no pudieron ingresar a Nuevos Despertares, como si la naturaleza de la prestación sanitaria que brinda se tratara de actos entre particulares y ajena al control estatal. Incluso ahora, a fines de 2015, nada se conoce de lo que ocurre puertas adentro de la clínica.

La intervención de la CPM

A raíz de la denuncia del joven, la CPM exigió al Ministerio de Salud de la Provincia una urgente inspección a la Comunidad Terapéutica “Nuevos Despertares” a fin de determinar la posible comisión de delitos contra las personas alojadas en las dos sedes, más aún teniendo en cuenta que hasta mediados de 2014 la institución no se encontraba inscripta en el Registro Provincial de Instituciones, Centros y Establecimientos dedicados al Diagnostico, Deshabituación, Desintoxicación, Rehabilitación y Prevención de Drogodependientes dependientes de la Dirección Provincial de Atención a las Adicciones.

Ante la inacción del Ministerio de Salud bonaerense, y a partir de la conformación del Órgano de Revisión Local que se creó con la nueva Ley de Salud Mental 14580, la CPM promovió la realización de una acción de monitoreo a la sede de Tortuguitas que finalmente se intentó llevar a cabo el 9 de octubre de 2015.

Ese día, el equipo del Comité de Monitoreo y Seguimiento del Órgano de Revisión Local –que integran dos representantes de la CPM, además de integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Provincia, y organizaciones civiles y de profesionales– se presentó en la sede de “Nuevos Despertares” de Lima nº 820 con el objetivo de supervisar y evaluar las condiciones de internación de las personas que  se encontraban bajo tratamiento.

Sin embargo, antes del ingreso a la clínica, llegó un auto del que bajó un grupo de personas, entre ellas alguien que se presentó como Claudio Izaguirre, “Presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina”. El hombre comenzó a gritar que la policía se encontraba camino a la clínica y que todos serían detenidos. Al mismo tiempo, otro filmaba con su celular a los integrantes del Comité, mientras desde el interior de la clínica apareció Gustavo Taralio, presuntamente el dueño y “pastor” de la clínica, quien se sumó a los insultos y amenazas.

“Cuando termine este gobierno todos ustedes van presos”, desafió Izaguirre, “ustedes son de la Cámpora”, dijo Taralio, “quieren cerrar todas las comunidades terapéuticas y no lo vamos a permitir”, desafió Pico. Estas fueron, entre otras, las amenazas e insultos recibidos. La policía finalmente llegó al lugar en virtud de un llamado al 911 advirtiendo sobre un robo en proceso. En un momento, los dos oficiales de la Bonaerense llegaron a informar a los integrantes del Comité que deberían trasladarlos a una comisaría.

Horas después, desde la página de Facebook de la Comunidad Terapéutica, se continuó con la ostentación de impunidad y violencia con la que se habían manejado el dueño y el personal de la clínica: acompañando las fotos tomadas con teléfonos celulares, se afirmaba que “estas personas en nombre del Ministerio de Salud de la Pcia de Bs As intentaron ingresar a la Comunidad Nuevos Despertares. Se llamó a la patrulla y los invitamos a identificarse en la Comisaría de Grand Bourg. Se fueron como vinieron”.

El episodio ocurrido el 9 de octubre pasado fue denunciado penalmente ese mismo día por el Órgano de Revisión Local ante la Unidad Fiscal 21 del Departamento Judicial de San Martín. La causa se inició por “averiguación de ilícito”, y se señala que “la Comunidad Terapéutica Nuevos Despertares ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por cobijar prácticas reñidas con los más elementales derechos humanos de las personas allí internadas, en especial el derecho a la libertad ambulatoria, los derechos del pacientes y los procedimientos previstos para los usuarios del sistema de salud mental de la Ley 26.567”.

En la presentación,  se  relatan los hechos del fallido monitoreo del 9 de octubre y  se refiere a la legitimidad del Órgano de Revisión –en base a la ley nacional de Salud Mental nº 26567 y la de adhesión provincial– para la realización de inspecciones en instituciones públicas y privadas.

Entre sus atribuciones delegadas por la citada ley, se consignan: requerir información que permita evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos; supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de internación por razones de salud mental, en el ámbito público y privado; evaluar que las internaciones involuntarias se encuentren debidamente justificadas y no se prolonguen más del tiempo mínimo necesario; requerir la intervención judicial ante situaciones irregulares.

“Téngase presente que no es la primera vez que se niega el ingreso a funcionarios públicos, y que los hechos descriptos configuran graves hechos de violencia que impiden velar por el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental”, concluye la denuncia.

Desde la CPM explicaron que “la legislación en materia de salud mental y adicciones vino a propiciar el respeto de los estándares internacionales de derechos humanos, planteando un nuevo paradigma basado en la integración y en el concepto de sujetos de derechos. Este proceso requiere tanto del compromiso estatal como de todos los operadores del sistema para poder remover de manera definitiva las viejas prácticas manicomiales en pos de la dignidad de las personas”.

Otras inspecciones obstaculizadas desde 2012

-El 31 de julio de 2102 un equipo interministerial e interdisciplinario conformado por  profesionales de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Derechos Humanos, se hacen presentes en la comunidad en cuestión para constatar las condiciones de internación. Verifican que no hay cartel que identifique la institución ni número de habilitación. Asimismo el personal no les permite el  ingreso al lugar

-El 15 de agosto de 2012  la licenciada M. S. R., una perito trabajadora social del Tribunal de Familia nº 2 de San Isidro, se hizo presente en la Comunidad. Al principio no la dejaban ingresar a pesar de que ella exhibía una orden judicial. Luego se lo permitieron, pero no con acceso a la totalidad de la clínica. Constató que no había chapa identificatoria del lugar.

-El 12 de diciembre de 2013, personal  de la Defensoría de Familia nº 7 de San Isidro, se constituyó en la Comunidad junto con la auxiliar letrada y otra defensora. Se presentaron pero no los dejaron entrar. El director terapéutico Gustavo Taralio les dijo que el director médico no les permitía la entrada. Agregó que ellos “cuidaban almas y no se quedaban sentados atrás de un escritorio”.

-El 6 de junio de 2014 el Área de Auditoria de Internaciones de la Dirección Provincial de Atención a las Adicciones concurrió a la mencionada institución no pudiendo ingresar.

-El 19 de agosto de 2014, personal  de la Subsecretaria de Atención a las Adicciones y Salud Mental  e inspectores de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud bonaerense se hicieron presentes en la Comunidad con el objeto de realizar una inspección. Afirman que ingresaron pero que no se les permitió el ingreso a determinados lugares,  y que Gustavo Taralio, director terapéutico, reaccionó violentamente por lo que, ante su exaltación, se retiraron del lugar sin concluir su tarea.