Se concretó la segunda reunión  de la mesa de interinstitucional que trabaja sobre la situación de las cárceles. Previamente los funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recibieron a una de las familiares de detenidos y detenidas que les hizo llegar los reclamos desde las cárceles. Acordaron que el próximo encuentro será en la Unidad Penitenciaria de Olmos con el objetivo de que puedan participar también personas detenidas.

ANDAR en la Provincia

(Agencia Andar) La mesa de trabajo se constituyó como respuesta del ministerio que conduce Julio Alak a una masiva huelga de hambre de detenidos en diciembre a lo largo de distintos penales de la Provincia. El reclamo se centró en las pésimas condiciones de vida en las cárceles derivadas de políticas de encierro compulsivo como factor central.

“Nunca hubo un servicio penitenciario en ninguna Provincia que tenga una superpoblación del 110%”, reconoció el ministro que se comprometió a impulsar medidas para aliviar la superpoblación penitenciaria, “que es la más alta en la historia de la Argentina” agregó.

Durante el espacio de diálogo interinstitucional se jerarquizaron líneas de trabajo para ejecutar estas medidas. La Comisión por la Memoria, que participa en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, aportó información de elaboración propia sobre el estado de situación respecto de sobrepoblación y hacinamiento.

“Yo me desaté y dije todo lo que sé de las cárceles, como madre”, contó Cristina Almeida. Ella tiene a sus hijos detenidos y fue recibida por los funcionarios antes de la mesa de trabajo. “Uno ve la estructura que se está viniendo abajo, sin salida. Les tiré todo a la cancha y me escuchaban nomás, lo único que hicieron fue mirarme. Les llevé una verdad”, señala la mujer que pidió que se cumpla con lo estipulado en cuanto a la ejecución de las penas, que se contemple la situación de mujeres con niños, incluso para quienes no tienen a sus hijos con ellas en las cárceles, de las personas mayores  y de quienes padecen enfermedades o problemas de salud.

Durante el espacio de trabajo se ponderó justamente la situación de las mujeres embarazadas o madres con sus hijos e hijas en el encierro y se logró un compromiso para revisar el criterio del encierro en estos casos. Pero se trata de un número que no implica un impacto significativo en la cantidad de personas encerradas, un 0,6% según lo relevado por la CPM.

El organismo pudo precisar más números. Por ejemplo, el Tribunal de Casación Penal sugirió la conmutación de penas para mayores de 60 años y mujeres con hijos menores de 5 años con la mitad de la condena cumplida; para sentenciados a una pena que no exceda los tres años y que hayan cumplido un tercio de la misma, y condenados a una pena que no exceda los seis años y que se encuentren usufructuando el régimen de salidas transitorias. Sumando estos casos la población detenida en el SPB se reduciría en apenas un 5,5%.

Desde la CPM observaron que a diciembre 2018 había un 16% de detenidos con condenas de hasta 6 años y sin ser reincidentes; que un 12% acumulaba más de 2 años de prisión preventiva sin haber cometido homicidios dolosos, ni violaciones, ni delitos de funcionario público y esa suma da un total aproximado de 12.000 presos. Contemplando medidas para estos casos se alcanzaría un 28% de la población. “Hay chicos que realmente quieren cambiar y salir de ahí están cansados de esa vida, quieren salir. No queremos más muertes a mi me entregaron a uno de mis hijos en una bolsa, eso es lo que hay que cortar”, señaló Almeida. El organismo propuso que también se podría considerar el arresto domiciliario para los sobrevivientes de las masacres de Pergamino y Esteban Echeverría, dos casos con múltiples muertes en comisarías.

“Yo veo lo que sufren mis hijos, los detenidos adentro y eso me impulsó. Las ganas de decir basta, de decir acá estoy: como madre como ciudadana. Hoy el pueblo carcelario junto con su familia dice basta de tortura, hagan lo que tengan que hacer”, pidió Almeida.

Como resultado de esta instancia se acordó una reunión de equipos técnicos que buscarán generar un plan consensuado entre los tres poderes del Estado bonaerense y el resto de los participantes del diálogo y que la próxima mesa será en el penal de Olmos para facilitar la participación de detenidos.

Coordinada por el subsecretario de política criminal, Lisandro Pellegrini, del espacio también participan jueces, el defensor del Tribunal de Casación, el procurador general, la Defensoría del Pueblo, el Arzobispado de La Plata, legisladores, organizaciones no gubernamentales y comisionados del CNPT (Comité Nacional de Prevención de la Tortura).