Luego de las indagatorias que había ordenando, la titular del Juzgado Federal 2 de San Martín, Alicia Vence, dictó la falta de mérito para el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, y otras cuatro personas imputadas por delitos de lesa humanidad cometidos en 1981 y 1982, cuando el actual fiscal era agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Como querellante en la causa, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) apelará la decisión, porque entiende que existen pruebas suficientes para el procesamiento de los imputados. La falta de mérito no termina con el proceso judicial y Fernández Garello debe responder todavía como acusado.

El actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, Hugo Tresguerras, Jorge Apa, Daniel Ríos y Daniel Caamarata se presentaron ante la justicia como acusados por la detención de tres militantes comunistas en 1981 y apremios ilegales contra otro en 1982. La denuncia penal había sido presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) el año pasado en base a la información que se desprende de los legajos del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

A pesar de la importante cantidad y calidad de las pruebas obrantes en la causa, luego de las declaraciones indagatorias, la titular del Juzgado Federal N 2 de San Martín, Alicia Vence, decidió dictar la falta de mérito para los cinco imputados. Esta decisión no es prueba de la inocencia de los imputados ni termina con el proceso judicial; Vence ordenó continuar con la recolección de medidas de prueba.

Más allá de que la justicia seguirá investigando estos delitos, la CPM apelará esta decisión porque sostiene que ya existen pruebas suficientes para ordenar el procesamiento de Fernández Garello y los demás imputados.

En ese sentido, la CPM entiende que la decisión de la jueza Vence omitió el tratamiento de la prueba que consta en el archivo de la DIPPBA, desestimó del relato de las víctimas, jerarquizó el valor de verdad de la declaración de los imputados por sobre el de las víctimas y, finalmente, sostuvo la legalidad de acciones claramente ilegales, incluso tomando en cuenta la norma vigente al momento de los hechos.

La información que consta en el archivo de la DIPPBA involucra a Fernández Garello en la causa por los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982 y de la detención de tres militantes del Partido Comunista, el 23 de julio de 1981. El entonces oficial subinspector participó del operativo conjunto, coordinado con oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como también de otras diligencias posteriores.

La denuncia penal demuestra la participación del actual fiscal general de Mar del Plata en, al menos, 17 actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado. Sin embargo, el integrante del Ministerio Público Fiscal sigue gozando de impunidad; ya pudo esquivar el juicio político y, ahora, se encuentra en un proceso judicial que se sigue dilatando.

Por la gravedad institucional que estos delitos implican, las medidas de prueba que ordene la jueza Vence no pueden ser dilatorias del proceso judicial ni deben ir en detrimento de las que ya existen para avanzar con el procesamiento de los imputados. Mientras tanto, la permanencia de Fabián Fernández Garello en el poder judicial es, claramente, incompatible con los valores democráticos.