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(Agencia) Esta semana se reanudarán las audiencias del juicio oral que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino La Cacha.  El juicio comenzó el pasado diciembre a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata –integrado por los magistrados Carlos Rozanski, Pablo Jantus y Pablo Vega, y retomará este miércoles  a las 10 horas,  con la declaración indagatoria de los acusados. El primero de los expedientes en ventilarse será la muerte de Marcelo Bettini y Luis Sixto Beraiz, ocurrida el 9 de noviembre de 1976 en calle 4 bis entre 528 y 529 de Tolosa.

En el amplio expediente judicial constan una gran cantidad de documentos probatorios aportados por la Comisión Provincial por la Memoria a partir del rastreo en el archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

En este sentido, la directora del Programa de Justicia por Delitos de Lesa Humanidad de la CPM, Claudia Bellingeri, señaló que “la realización del juicio había sido demorada sistemáticamente”, y remarcó que desde el Programa ” se han aportado muchas pruebas y ahora, a partir de los pedidos que nos realizaron las querellas y los fiscales, vamos a ampliar el informe con nuevos materiales y documentos”.

El Centro Clandestino conocido como La Cacha funcionó en las instalaciones de la que había sido la antena transmisora de la Radio Provincia de Buenos Aires, entre la calle 197, avenida 53, ruta provincial 36 y calle 47 de la localidad de Lisandro Olmos, detrás de las unidades penitenciarias 1 y 8. Allí fueron detenidas ilegalmente 128 personas y se sustrajeron tres menores nacidos en cautiverio.

Las víctimas que pasaron por La Cacha han relatado los tormentos durante interrogatorios, golpizas, torturas y pasaje de electricidad sobre sus cuerpos, pasando la mayor parte del tiempo con la orden de mantener silencio, atados y encapuchados. Entre las víctimas se encuentra Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, cuyo bebé nació en La Cacha y permanece apropiado. Otro caso es el de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España.

El último y definitivo requerimiento de elevación a juicio señala que “uno de los rasgos característicos de este centro fue que en él actuó personal perteneciente a diversas fuerzas de seguridad. En efecto, de acuerdo con casi todos los testimonios de los liberados, éstos pudieron notar la presencia de personal del Ejército, la Armada, la Policía Federal, del Servicio Penitenciario Bonaerense y el Servicio de Inteligencia del Ejército”.

También se destaca que “en la mayoría de los casos de las víctimas que permanecieron cautivas en ‘La Cacha’, fue el primer y único lugar de detención, ello significa que no pasaron por otros centros ni tuvieron su ingreso en un circuito de represión clandestina como era lo habitual. Asimismo muchos de los que estuvieron detenidos allí, recuperaron su libertad desde  ese centro clandestino”.

“Los detenidos eran llevados al lugar en automóviles particulares, tabicados, a la mayoría de ellos  se los torturaba desde su misma llegada al lugar, luego se los introducía por la planta baja y estos permanecían sobre colchonetas extendidas en el suelo, tabicados y amarrados por medio de grilletes. La comida era suministrada a los detenidos por el personal de guardia, o por los mismos detenidos con cierta antigüedad en el Centro clandestino,  la misma se la suministraban en cacharros con el símbolo del Ejército Argentino o bien del Regimiento 7 de Infantería”, detalla el requerimiento.

En la causa están imputados 15 exmiembros del Destacamento de Inteligencia del Ejército 101 -Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Jorge Héctor Di Pasquale, Gustavo Adolfo Cacivio, Ricardo Armando Fernández, Luis Orlando Perea, Roberto Armando Balmaceda, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos María Romero Pavón, Anselmo Pedro Palavezzati, Jaime Lamont Smart, Juan Carlos Herzberg, Raúl Ricardo Espinoza, Claudio Raúl Grande, Héctor Raúl Acuña, Rufino Batalla, y Isaac Crespín Miranda- y un civil, el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart.

Los archivos de la exDIPBA incorporados a la causa

En función de los archivos aportados por la CPM, se ha podido reconstruir las modalidades de los secuestros clandestinos y la posterior detención de las víctimas en La Cacha, además de las prácticas de “utilización estratégica” de muchas de las víctimas en operativos fraguados mediante los cuales se pretendía justificar la participación de los detenidos en algún tipo de “enfrentamiento” con las fuerzas.

Los registros de la CPM incluyen planos de 1975 del predio de La Cacha, decenas de legajos de las víctimas y documentos que prueban la articulación y planificación conjunta entre las distintas fuerzas que coordinaron el funcionamiento del Centro Clandestino de Detención.