De confirmarse un fuerte rumor que circula desde hace días, enero de 2025 comenzaría con una secretaría de Derechos Humanos virtualmente paralizada, sin personal contratado ni en condición de planta transitoria y con la mayor parte de los programas y espacios de memoria sin capacidad operativa ni profesionales que los mantengan con vida. Serían más de 400 despidos que se sumarían a los que ya se produjeron durante todo el año, y se sostendría la falta de designación de funcionarios en más de la mitad de las áreas de la secretaría. La CPM adhirió a un comunicado de los espacios de memoria de todo el país en el que se alerta por el “peligroso intento de diluir el sentido histórico y ético de estos espacios, afectado el acceso de la sociedad a una memoria colectiva basada en la verdad y la justicia”.

ANDAR en la Memoria

(Agencia) Los recortes de personal que se aplicarían desde el 1 de enero de 2025 bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación harían que, por ejemplo, el Centro Cultural Haroldo Conti –que funciona en el sitio de memoria de la exESMA- pase de 90 trabajadores a contar con alrededor de 10; o el sitio de memoria El Faro de Mar del Plata quede solo con dos personas para garantizar todas las tareas y acciones pedagógicas, de investigación, culturales y sociales –además de la limpieza, reparación del inmueble, servicios, entre otras-. Se trata de extremos que se replicarían por todo el país y que volverían inviables las políticas de memoria, verdad y justicia.

En diálogo con ANDAR, la coordinadora de El Faro explicó que “la mitad del tiempo nos lleva ver cómo sostenemos el espacio para que no se caiga. Tenemos un sector que no tiene luz porque está conectado a una red vieja que depende del servicio de hidrografía naval y nosotros no tenemos plata para  contratar a un electricista”.

“Esto implica que tuvimos que suspender, por un tiempo, una visita a una muestra histórica que se realiza de noche porque directamente no la podemos iluminar. No tenemos aire acondicionado, calefacción, y hasta el papel higiénico lo traemos nosotros. Frente a este escenario, los despidos que se realizarían en los próximos días serían el final del sitio y de la secretaría de derechos humanos tal como la conocíamos”, agregó.

Si bien aún no se conoció una resolución oficial y formal, desde hace varias semanas circula fuertemente un rumor originado desde Recursos Humanos del Ministerio de Justicia –del que depende la Secretaría- acerca de un virtual vaciamiento y despidos masivos, tras los que solo permanecerían aquellos trabajadores con planta permanente.

En efecto, quienes estén contratados o integren el sector de designaciones transitorias quedarán expuestos, casi con seguridad, a no tener más su puesto de trabajo y desde el 2 de enero se utilizaría a la policía federal para evitar el ingreso de los despedidos a los distintos sitios. Esto ocurrirá en una dependencia ya castigada durante todo el último año, al punto en el que más de la mitad de las áreas (19 de 28) aún no cuenta con funcionarios designados.

En el caso del Centro Cultural Haroldo Conti, la gestión del exjuez y actual secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, prohibió este año la realización de un seminario internacional de políticas de memoria, que se realizó ininterrumpidamente durante los últimos 15 años con especialistas y profesionales de Chile, Brasil, Uruguay y muchos países más de la región.

En forma similar a lo que ocurre con El Faro, en el Conti se requieren muchas más personas trabajando en las nutridas agendas de eventos culturales que las que cuenta actualmente el espacio. Y sobre ese déficit es que llegará en los próximos días el salvaje e injustificado listado de despidos o contratos que no se renovarán.

Cabe aclarar que el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación abarcará todos sus programas y proyectos, no solo la gestión o sostenimiento de los sitios de memoria. Así, por ejemplo, se verán destruidas las políticas de protección y asistencia a las víctimas de violencia institucional, el Archivo Nacional de la Memoria; el litigio en juicios de lesa humanidad; la gestión de políticas reparatorias; las política de igualdad y de no discriminación; entre decenas de líneas de trabajo estratégicas desplegadas desde 2004.

Según uno de los trabajadores del Conti, Matías Cerezo, será imposible dar continuidad a las actividades del reconocido centro cultural en el caso de que se lleve a cabo el recorte y despido de decenas de trabajadores durante los próximos días, y significará el final definitivo de una visión general respecto al deber del Estado en la construcción y fortalecimiento de la memoria.

En este marco de angustiante espera, el viernes 27 de diciembre se realizará un abrazo simbólico a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el predio de la exESMA, para repudiar y denunciar el desmantelamiento de las políticas de Verdad, Memoria y Justicia. Similar acción se llevará a cabo en el sitio El Faro de Mar del Plata y en otros espacios, como parte de un plan de lucha para lograr revertir los intentos del negacionismo y el olvido.

Tal como denuncia un comunicado conjunto de espacios de memoria de todo el país, y al que adhiere la CPM, el camino es el de un “peligroso intento de diluir el sentido histórico y ético de estos espacios, afectando directamente el acceso de la sociedad a una memoria colectiva basada en la verdad y la justicia. Reafirmamos que la memoria no es negociable. Es un pilar indispensable para la construcción de una democracia plena y un freno a los discursos negacionistas que pretenden reescribir la historia”.

La incertidumbre y el maltrato constante ha sido la única política llevada a cabo desde la Secretaría hacia sus trabajadores durante el último año. Así lo describe el destacado abogado penalista y trabajador de la Secretaría como integrante de un equipo de abogados que litigan en decenas de causas y juicios por crímenes de lesa humanidad, Ciro Anicchiarico: “Sinceramente la indignación es gigantesca. El dolor es gigantesco”.

“Desde hace un año estamos, nosotros, los trabajadores de la Secretaría, abogados, investigadores, compañeros en los sitios de memoria que se encargan de cuidar los lugares y de llevar adelante las visitas, los psicólogos, los que trabajan en leyes reparatorias, todos estamos sufriendo una implacable persecución, cierres de programas, recortes salariales inconcebibles. Un ataque directo a la política de derechos humanos que se concibió como política de Estado”, agregó.