Entre fines de febrero y marzo de este año se llevará a cabo el cierre del histórico juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos por fuerzas conjuntas entre el 20 y 26 de marzo de 1975 en la ciudad santafecina de Villa Constitución. Luego de una inspección ocular en la planta metalúrgica de Acindar –donde funcionó un Centro Clandestino de Detención (CCD) en su albergue para solteros-, el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario dará paso a las últimas palabras de los imputados y alegatos de las partes, para concluir con el veredicto y sentencia. En diálogo con ANDAR, el abogado de la APDH de Rosario, Federico Pagliero, valoró la contundencia y precisión de los testimonios de las víctimas sobrevivientes y aseguró que la prueba producida en el juicio servirá para alcanzar la condena de los imputados.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) Los hechos ocurrieron principalmente un año antes de la última dictadura cívico-militar y en uno de los operativos represivos más amplios e inusuales de la historia argentina: el sitio policial y militar de la ciudad de Villa Constitución ocurrido el 20 de marzo de 1975, con pinzas policiales a las salidas de las fábricas, brutales allanamientos en domicilios de trabajadores y un resultado final de 300 personas detenidas ilegalmente, entre ellas la mayoría de la comisión interna de Acindar y dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local, que fue intervenida.

El juicio entró en el último tramo luego de la finalización de las declaraciones testimoniales a fines del año pasado y se espera que en marzo se conozca la sentencia, que se convertiría en la primera en la provincia de Santa Fe con condenas a civiles por crímenes de lesa humanidad: el exjefe de división personal de Acindar, Roberto Pellegrini, y otro personal jerárquico de la misma empresa, Ricardo Oscar Torralvo, quienes actuaron como nexo directo con las fuerzas represivas para “marcar” a los trabajadores.

El rol de estos imputados fue fundamental para la identificación de los trabajadores que se consideraban nocivos, problemáticos o con capacidad de influencia sobre otros trabajadores en la lucha por sus derechos. En este sentido, el testimonio de Juan Actis –delegado sindical de la UOM por la lista Marrón, enfrentada a la burocracia sindical- fue esclarecedor acerca de la connivencia y vinculación de las empresas con las fuerzas represivas.

Frente a los magistrados, Actis declaró que, por aquellos días, como estaba enfermo se alojaba en la casa de su hermana y los únicos que conocían esa información eran ´los de la oficina de Personal de la Acindar. A otros trabajadores de esa fábrica de acero les habían pedido que rehicieran sus legajos y cédulas de trabajo, las cuales luego serían utilizadas por los grupos policiales y militares que llevaron a cabo centenares de secuestros en domicilios particulares.

Cabe recordar que este debate oral y público comenzó en noviembre de 2023 a instancias del Tribunal Oral Criminal Federal 1 de Rosario –integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci- con el objeto de deslindar responsabilidades por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas contra 67 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios de Villa Constitución.

De acuerdo a la acusación fiscal y a la prueba producida en el juicio, los secuestros de las víctimas sucedieron entre el 20 y el 26 de marzo de 1975, y también en abril, mayo y junio del mismo año. Las privaciones de la libertad se prolongaron luego por meses o años, según los casos. En enero y marzo de 1976 también se produjeron secuestros y posteriores homicidios relacionados a estos hechos.

Además de los civiles Pellegrini y Torralvo, los imputados son los exagentes de la Policía Federal Roberto Álvarez, Carlos Brest, Ricardo Antonio Burguburu, Jorge Argentino Coronel, Leonardo Dec, Juan Carlos Faccendini, Roberto Oscar Giai, Aldo Ramón Gradilone, Carmen Amanda Grossoli De Hellaid, Jorge Aníbal Lozano Windus, Emilio Hugo Marciniszyn, Juan de Jesús Martínez, Horacio Miguel Nardi, Roberto Raúl Squiro, Daniel Vicente Valdés y Oscar Roberto Vessichio.

También los integrantes de la plana mayor del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás y del Área Militar 132, coronel Antonio Federico Bossié, y el teniente coronel Bernardo Luis Landa, jefes de Operaciones e Inteligencia y Logística, respectivamente; y el exoficial de la guardia rural “Los Pumas” de la policía santafesina, Amadeo Chamorro.

En diálogo con ANDAR, el abogado Federico Pagliero -integrante del equipo jurídico de la APDH-Rosario que representa a 26 querellas particulares en el juicio- afirmó que “durante las jornadas de debate oral ha quedado demostrado que el operativo Serpiente roja del Paraná y la brutal represión a los trabajadores de la zona industrial de Villa Constitución fue una respuesta represiva contra la mayor y última protesta clasista del siglo 20 en Argentina”.

“El 20 de marzo de 1975 fue intervenido la filial local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que conducía la lista Marrón y fueron detenidas más de 100 personas, muchas de ellas delegadas de las fabricas metalúrgicas Acindar, Metcon, Marathon, Bilber, todas del departamento santafecino de Villa Constitución. En Acindar ya se había instalado desde el año anterior la Policía Federal en lo que se conocía como Albergue de Solteros, que terminaría funcionando como centro clandestino de detención a partir del operativo Serpiente Roja”, explicó.

Según el abogado querellante, un conjunto de declaraciones testimoniales fundamentales en este juicio fue el de los integrantes de la Lista Marrón (que ganó las elecciones de la UOM local en noviembre de 1974 frente a la lista de la burocracia sindical): Juan Actis, Néstor Pereyra, Zenón Sánchez, Carlos del Masse y la abogada María Josefa Galdozo dieron cuenta ante los magistrados de la íntima vinculación entre las fuerzas represivas, las empresas metalúrgicas y las conducciones sindicales que articulaban con aquellas.

Con respecto al CCD mencionado, la empresa Acindar demolió el edificio tras el retorno democrático pero en base a los testimonios producidos en este juicio pudo conocerse sus dinámicas de funcionamiento, el tiempo de permanencia de los secuestrados, entre otros datos de valor para el juzgamiento de los crímenes que se ventilan.

También se aportaron y exhibieron durante las audiencias del debate muchas actas de procedimiento policial en las que se vislumbran nombres de expolicías federales que participaron del operativo represivo o que recibieron felicitaciones o menciones por haber participado de la represión.

Entre la prueba producida se destaca también la complicidad de la iglesia católica local, sobre la cual muchos sobrevivientes de torturas y vejaciones padecidas en la comisaría de Villa Constitución –situada al lado de la iglesia- afirmaron que se proyectaba música por altoparlantes para matizar u ocultar los gritos de las víctimas durante los interrogatorios.

Asimismo, se incorporó al debate una declaración de los años 80 formulada por el expolicía federal Rodolfo Pellegrino Fernández ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), en la que señaló a Acindar como parte estructurante de la represión en la zona de Villa Constitución.

De allí surgió la versión de que la empresa le pagaba a la Policía Federal un plus por las tareas de persecución a determinados trabajadores y delegados de esa planta, extremo que en el juicio fue confirmado por un extrabajador del área de Contaduría de apellido Sobrero que asegura haber visto en la oficina una factura de lo que Acindar le pagaba a la Federal.

“Como APDH de Rosario y en representación de muchas de las querellas, estamos conformes y con muchas expectativas para la resolución de este juicio, y creemos que más allá del contexto complicado que estamos atravesando como país en términos de justicia y memoria se debe continuar con el juzgamiento de los crímenes de estado. Este juicio tiene características especiales y esperamos la condena para todos los imputados, especialmente para los jerárquicos de Acindar”, concluyó Pagliero.