El titular de la UFIJ 5 de La Plata, Juan Ignacio Mennucci, requirió la elevación a juicio de la causa donde se investigan las torturas y amenazas de muerte a cuatro jóvenes del centro cerrado COPA en un intento de fuga ocurrido en 2016. Si bien de la violenta persecución participaron varios funcionarios, los jóvenes sólo pudieron reconocer a uno: el subdirector Juan José Fallesen. En la etapa de instrucción, el único imputado se negó a declarar. Los delitos llegarán a juicio con la calificación de severidades, vejaciones y apremios ilegales. Los hechos habían sido denunciados por la Comisión Provincial por la Memoria.

ANDAR en La Plata

(Agencia Andar) La noche del 17 de abril de 2016 se originó un conflicto en el centro cerrado COPA que resintió el control y la seguridad, y once jóvenes privados de la libertad intentaron fugarse del predio Villa Nueva Esperanza de Abasto. El subdirector del centro, Juan José Fallesen, y al menos otros cuatro funcionarios del predio comenzaron una persecución para recapturarlos que terminó en un raid delictivo e ilegal.

Ante la justicia, los jóvenes manifestaron que les empezaron a tirar tiros, que se tiraron al suelo porque no sabían si disparaban al cuerpo o al cielo. Cuatro de los once jóvenes que intentaron fugarse, fueron recapturados en ese momento. Los cuatro reconocen a Fallesen. Los cuatro recuerdan la amenaza: “Les vamos a pegar un tiro y enterrarlos en el campo”.

Una vez que lograron recapturarlos, les pegaron, los subieron a la caja de una camioneta y los pusieron en fila acostados boca abajo esposados manos y pies. Arriba de la camioneta continuaron los golpes y amenazas. Uno de los jóvenes declaró que Fallesen le llegó a colocar la pistola en la cabeza.

Más de tres años después de los hechos, el titular de la UFIJ 5 de La Plata Juan Ignacio Mennucci requirió la elevación a juicio de la causa con Juan José Fallesen como único imputado, acusado de los delitos de severidades, vejaciones, apremios ilegales e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Recientemente, el subdirector del centro cerrado se había presentado como imputado ante el fiscal pero se negó a declarar por recomendación del defensor oficial.

Para tomar esta decisión, el fiscal Mennucci valoró el testimonio de las víctimas; las declaraciones fueron decisivas para saber lo que pasó esa noche y también para llegar a la imputación de Fallesen, el único funcionario que llegan a reconocer durante los hechos. Aunque debiera ser la norma, los funcionarios judiciales pocas veces escuchan la voz de las víctimas.

El representante del Ministerio Público Fiscal reconoció también los aportes realizados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). A los pocos días de ocurrido el hecho, integrantes del Comité contra la tortura de la CPM entrevistaron a los jóvenes; luego, ante la justicia, señalaron la contundencia y verosimilitud de los relatos de las víctimas: los testimonios eran coincidentes entre sí, incluso en los detalles, todo esto sin que se hayan visto ni puesto en contacto ya que fueron separados después de esa noche.

En todo este tiempo, Fallesen contó con la protección de las autoridades del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia que decidió archivar el sumario administrativo por su intervención durante esa noche de abril.

Más de tres años después, la causa que se inició por una denuncia de la CPM está cerca de llegar a juicio. Un juzgado en lo correccional deberá decidir sobre la responsabilidad de Fallesen en los hechos que se le imputan.