La Auditoría general de asuntos internos desafectó de forma parcial al actual jefe de la comisaría 1ª de Florencio Varela, Alejandro Viscelli, a raíz de la denuncia realizada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por las graves condiciones de detención y el accionar de los funcionarios policiales durante una protesta de los detenidos. En el marco de la misma investigación sumarial, dos oficiales de la comisaría ya habían sido desafectadas por ocultar o falsear información sobre lo ocurrido. El comisario intentó además impedir la inspección de la CPM, desconociendo la labor de monitoreo de los lugares de encierro que realiza desde hace más de 15 años.

ANDAR en Florencio Varela

(Agencia Andar) El jueves pasado, las personas detenidas en la comisaría 1ª de Florencio Varela protestaron reclamando mejores condiciones de detención y denunciaron maltrato policial y amenazas, e identificaron especialmente al comisario de la dependencia, Alejandro Viscelli. Los detenidos prendieron fuego un pedazo de colchón para ser escuchados, el foco ígneo fue extinguido por bomberos sin producir mayores inconvenientes.

Luego del conflicto, el comisario Viscelli ordenó el ingreso del Grupo de Apoyo Departamental a la zona de calabozos, que golpeó y trasladó a los siete detenidos que iniciaron la protesta. El resto de las personas alojadas en la dependencia también fueron víctimas de amenazas y golpes.

Al día siguiente de la protesta, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se hizo presente en el lugar para inspeccionar las condiciones de detención y entrevistarse con los detenidos. En ese momento, Viscelli quiso prohibir el monitoreo del organismo: no permitía el ingreso a la zona de calabozos ni la realización de entrevistas confidenciales con los detenidos, exigiendo la presencia de los agentes policiales. El comisario no tuvo más opción que permitir el trabajo de monitoreo de la CPM, tras la intervención del fiscal de turno y de la Auditoría general de asuntos internos.

Tras la inspección, la CPM denunció hacinamiento, sobrepoblación y torturas, y pidió la efectiva clausura de la comisaría que está inhabilitada por orden judicial para alojar personas. También denunció los golpes y amenazas que recibieron los detenidos luego de la protesta.

Por esta denuncia, la Auditoría de asuntos internos inició la investigación 1050-50.340/919, que tramita en la Auditoría sumarial 4. En el marco de esa instrucción, se decidió primero, como medida preliminar, la desafectación de la oficial inspector Romina Sánchez y la oficial Priscilla Rosenscein. Las dos policías estaban de turno, en el sector imaginaria, cuando se inició la protesta. Se investiga si, al momento de notificar lo ocurrido ese jueves durante el reclamo de los detenidos, ocultaron o falsearon información.

Esta misma medida alcanzó, ahora, al comisario Viscelli; quedará apartado del cargo hasta que se tramite la investigación sumarial. La mirada sobre el accionar del jefe de la dependencia policial estaría puesta no sólo en las órdenes dictadas el día de la protesta, en calidad de máxima autoridad de la seccional, sino también en el intento por impedir el monitoreo de la CPM.

A pesar de la clausura vigente para alojar personas, el día de la protesta había 42 detenidos en la comisaría. En el registro de la Corte bonaerense hay ocho resoluciones judiciales en las que se decide el traslado de las personas privadas de la libertad de esa seccional. Antes de las órdenes de clausuras, la policía había establecido un cupo para 18 personas, aunque en el lugar no había camastros y la gente dormía en el piso.