Los hechos de público conocimiento que refieren a la muerte del Dr. Alberto Nisman, titular de la Fiscalía Federal que investiga el atentado a la AMIA, han puesto en evidencia un conjunto de problemas institucionales que tienen una profunda relación con los procesos inacabados de democratización de nuestro país, aún marcado por la experiencia de la última dictadura y por las reformas neoliberales que impactaron de manera dramática sobre nuestra sociedad y, en particular, sobre el sistema político.

En principio, se ha puesto en evidencia una vez más la impunidad sostenida durante más de 20 años en dos de los crímenes más aberrantes ocurridos en nuestra democracia como son los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel. No sólo no se ha impartido justicia sino que ni siquiera se cuenta con una investigación eficaz y transparente, realizada de manera independiente de los múltiples intereses en juego. La verdad es la gran ausente, y debemos seguir reclamándola. La conformación de una comisión investigadora independiente es una iniciativa central para dar transparencia al proceso y evitar dilaciones y encubrimientos.

Al mismo tiempo, es imprescindible el pleno esclarecimiento de la muerte del Dr. Nisman.

Por otro lado, se ha visibilizado un conjunto de operaciones de inteligencia surgidas de la agencia estatal que prueban la persistencia de un entramado mafioso y corporativo dentro del mismo estado, con capacidad y recursos para intervenir en la política de acuerdo a distintos intereses, ya sean del gobierno o de otros centros de poder.

En este sentido, la CPM se suma al conjunto de voces que señalan la imperiosa necesidad de revisar el sistema nacional de inteligencia y de las distintas estructuras estatales que lo sostienen. Esta es una deuda que arrastran todos los gobiernos desde el fin de la dictadura. Las fuerzas policiales y penitenciarias también deben ser incluidas en procesos de auditoría y reforma. Y todos los archivos de inteligencia deben ser desclasificados.

En este proceso deben involucrarse todas las fuerzas políticas democráticas y debe ser un debate de alcance nacional, pues el desafío involucra a los más profundos intereses de nuestra sociedad y su proceso de democratización y plena vigencia de los derechos humanos.

El objetivo central debe estar orientado en revertir el esquema de autonomía delegada que tienen todas las agencias de inteligencia, rompiendo el uso instrumental y la incidencia de sus estructuras en las instituciones de la democracia.

La CPM -que custodia y gestiona los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA)- puede dar fe de las consecuencias nefastas que estas prácticas han generado en nuestro país. La DIPPBA fue creada en 1956 y continuó siendo operativa hasta 1998. En los registros que sobreviven en el Archivo puede advertirse la sistemática intervención de la agencia sobre la vida política, social y cultural de la provincia y del país.

La DIPPBA estuvo activa en el espionaje y la persecución política en tiempos de dictadura y en tiempos de democracia. Si bien su instrumentalidad más perversa fue al calor del terrorismo de estado, vale consignar que su existencia y accionar en los años anteriores fueron parte central en la construcción de las condiciones de posibilidad del periodo más doloroso de la historia argentina. Su continuidad en la post dictadura revela cuánto de estas condiciones siguen activas.

El desmantelamiento de estas estructuras, sus normativas y sus prácticas -incluyendo iniciativas como el Proyecto X y la derogación de la ley antiterrorista- debe ser una política de estado prioritaria. Sobre esto habrá que avanzar sin especulaciones políticas electorales sino en la dirección de la derrota de la impunidad y el triunfo de la verdad como bases imprescindibles de construcción democrática.