El Juzgado Federal 2 de Comodoro Py, a cargo de Daniel Rafecas, ordenó la detención de cuatro penitenciarios luego de que prestaran declaración indagatoria como imputados en la causa por la masacre del pabellón séptimo. El 14 de marzo de 1978, en plena dictadura militar, una protesta de los detenidos en Devoto terminó con una feroz represión del Servicio Penitenciario Federal: 64 presos murieron quemados, asfixiados o baleados. Los testigos dicen que los muertos fueron muchos más. En 2015, la masacre fue declarada crimen de lesa humanidad. Hugo Cardozo, sobreviviente y querellante en la causa, dice que por primera vez, 40 años después, puede sentir un poco de alivio.

ANDAR en la Justicia

(Agencia Andar) El 14 de marzo de 1978, Juan Carlos Ruiz era el director del penal de Villa Devoto, Horacio Galíndez, alcaide mayor, Carlos Sauvage, jefe de la sección requisa, y Gregorio Zerda, celador de pabellón. Los cuatro penitenciarios prestaron declaración indagatoria ante el Juzgado Federal 2 de Comodoro Py en el marco de la causa por la masacre ocurrida aquel día, en plena dictadura militar. Luego de sus declaraciones, el juez Rafecas ordenó la detención de los cuatro: dos están cumpliendo la medida en prisión, otros dos con arresto domiciliario.

La masacre del pabellón séptimo fue considerada crimen de lesa humanidad en 2015 por la Sala 1 de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de Comodoro Py; esa carátula permitió avanzar con la investigación. Los entonces agentes y funcionarios penitenciarios están imputados por los delitos de homicidio agravado con ensañamiento y alevosía.

“Cuando yo empecé lo hice cargando con una mochila en mis espaldas, era mi compromiso de justicia por la memoria de todos los masacrados. Hoy, por primera vez, veo que algo por lo que luchamos con tanto empeño comienza a ser una realidad”, dice un poco aliviado Hugo Cardozo, sobreviviente y querellante en la causa.

Durante todos estos años, ya en democracia, siguieron ocurriendo masacres en cárceles y comisarías; la última fue hace dos semanas en Esteban Echeverría, la peor masacre ocurrida en comisarías de todo el país. “En este contexto, acompañando a esos familiares, siento que los avances en la causa son un triunfo importante en la lucha contra la violencia en contexto de encierro”, dice. Y explica: “El Estado es responsable por estas muertes, aunque quieran cubrir las masacres detrás de la palabra motín”.

Durante décadas la masacre del pabellón séptimo permaneció disfrazada por el relato del “motín de los colchones”. Esa versión de los penitenciarios fue avalada por el juez de instrucción Jorge Valerga Araoz que en 1979 resolvió el sobreseimiento de todos los imputados. La lucha de sobrevivientes como Hugo Cardozo permitiría con los años desmontar esa impunidad y traer desde el olvido la masacre perpetrada en la cárcel de Villa Devoto.

El 13 de marzo de 1978 hubo en un pabellón de presos comunes una discusión entre los detenidos y los agentes penitenciarios por la hora de mirar televisión. Un día después, como represalia por esa disputa, el Servicio Penitenciario Federal lanza una feroz requisa que transmuta rápidamente en represión; para defenderse, los presos hacen una valla con colchones y camas. Durante la represión, se inició el fuego, los colchones de goma espuma ardieron y comenzaron a liberar humo tóxico. Los penitenciarios no sólo los dejaron encerrado sino que, mientras tanto, disparaban con ametralladora. Las cifras oficiales dicen que 64 personas murieron quemadas, asfixiadas o perforadas a balazos.

Para que este relato salga a la luz, Hugo Cardozo luchó mucho: él mismo junto a la abogada Claudia Cesaroni fueron buscando testigos y sobrevivientes de la masacre; esos testimonios fueron fundamentales para lograr el llamado a indagatoria y detención de los cuatros penitenciarios. “Para mí, enterarme de estas actuaciones fue una sorpresa”, afirma Cardozo. Y menciona en particular a uno de ellos, Gregorio Zerda: “Lo recordamos bien y lo teníamos identificado porque él nos decía, a modo de amenazas, que practicaba artes marciales para romper huesos de presos”.

Cardozo espera que estas órdenes de detenciones sean las primeras y que continúen con los llamados a indagatoria: “Hay una lista interminable de responsables, pero entre los que más, aún falta el subdirector y otras autoridades que impartieron la orden de disparar, de cortar el agua y dejar que nos quemáramos vivos”. Entre ellos está el subprefecto Armando Gómez que impidió el ingreso de las dotaciones de bomberos para apagar el incendio.

Además de las responsabilidades materiales por la masacre, Cardozo también espera que la causa sirva para develar otra verdad: la cantidad de muertos. Las cifras oficiales hablan de 64 personas, los sobrevivientes dicen que son muchas más, por lo menos, 100. Se prevé avanzar con excavaciones en el predio de la cárcel de Devoto a fin de localizar los restos de más de 20 personas que nunca han sido identificadas. Esta posibilidad surgió a raíz de un grupo de detenidos que en 1991 se fugaron del penal excavando un túnel. En medio de la excavación, encontraron restos humanos.

“Creo que esta causa puede sentar un precedente importante para que, en algún momento, podamos llevar a la justicia a todos los responsables de estas masacres planificadas. De lo contrario, mientras sigamos manteniendo la misma metodología criminal y las inhumanas condiciones de detención en los lugares de encierro, vamos a seguir viviendo estas masacres”, concluye Hugo Cardozo.