(Agencia/ CPM) La Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) participó del último encuentro anual realizado por el espacio legislativo de derechos humanos de la Provincia de Buenos Aires, en el que se realizó un balance de las actividades realizadas y se reforzó el compromiso común de cara al 2015. La CPM ha realizado numerosos aportes en el marco de este espacio coordinado por las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras parlamentarias, y ha presentado ante las mismas un informe pormenorizado a 120 días de la declaración de la emergencia de Seguridad.

La actividad, realizada en la Cámara de Diputados, fue coordinada por la senadora Monica Macha y la diputada Fernanda Raverta, ambas presidentas de la comisiones de Derechos Humanos. Por la CPM estuvo presente el director del programa de Seguridad Democrática, Rodrigo Pomares. También participaron diputados, senadores, referentes del Poder Judicial de la provincia, organizaciones y otras instituciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“Desde la CPM celebramos el espacio, que ha sido para nosotros muy genuino, y esperamos que tenga continuidad. Como institución, y a partir de nuestra experiencia, hemos realizado aportes que consideramos que fortalecieron al espacio”, expresó Pomares.

Asimismo, el director del programa de Seguridad Democrática de la CPM manifestó “una gran preocupación” ante la existencia de un proyecto de ley para la creación de un mecanismo provincial de prevención de la tortura, presentado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados con fecha 26 de noviembre del corriente (PE. 9/14-15). “Creemos que este proyecto no garantiza la independencia y que integra a los poderes del Estado en un rol que no le corresponde. En caso de que ese proyecto prospere estaríamos hablando de un claro retroceso”, concluyó.

Durante el encuentro, también se dio a conocer la sentencia de la Sala I de Transición del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires que establece en “crisis” al sistema de ejecución penal de infancia y condena a la Provincia a tomar una serie de medidas a fin de revertir esta situación.

El fallo responde a un pedido de hábeas corpus colectivo presentado ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de La Plata por el entonces defensor oficial, Julián Axat della Croce, acompañado por el defensor de Casación, Mario Coriolano, por el agravamiento de las condiciones de detención que padecen un colectivo de niños y adolescentes en ámbitos cerrados dependientes de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Aportes institucionales

En el marco de la primera reunión del espacio legislativo, la CPM presentó ante ambas comisiones de Derechos Humanos un informe realizado a 120 días de la declaración de la emergencia de seguridad; allí se analizan las consecuencias del decreto 220/14 sancionado por el gobernador Daniel Scioli en abril pasado. Mediante el diagnóstico, se puso en relieve la grave situación en materia de seguridad que atraviesa la Provincia, al mismo tiempo que se propusieron líneas de trabajo conjunto de cara al futuro.

El informe de la CPM sostiene que “la orientación de la política criminal de la Provincia ha desencadenado en los últimos 15 años el peor colapso del sistema penal” y destaca que las recientes modificaciones en materia de seguridad constituyen una profundización en la vulneración de derechos y violan las garantías reconocidas por la Constitución nacional y la provincial.
Además -desde su vasta trayectoria en el campo de referencia y aportando una visión pragmática desde sus intervenciones cotidianas-, la CPM participó asesorando y proponiendo modificaciones al proyecto de ley presentado por la senadora Mónica Macha, que crea en el ámbito del Ministerio Público las Unidades Fiscales de Instrucción y Juicio especializadas en violencia institucional; el proyecto fue sancionado en el día de ayer convirtiéndose en ley.

En los fundamentos expuestos se expresa la necesidad de que se aborde una política específica en materia de investigación y persecución de los ilícitos derivados de la violencia institucional, como así también en relación a aquellos que los encubren y permiten su impunidad, teniendo en cuenta las particularidades de su comisión, la complejidad de su investigación -hechos consumados, en muchos casos, en contextos de encierro-, el compromiso corporativo de los responsables y las agencias judiciales y la particular vulnerabilidad de quienes resultan ser víctima.