Junto a otras organizaciones se llevó el caso del ex titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo 1 de La Plata ante el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas. El organismo internacional solicitó un informe al estado que tuvo que enviar una respuesta formal.

ANDAR en la justicia

(Agencia Andar) El juez Luis Federico Arias, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo 1 de La Plata, había sido destituido a través de un jurado de enjuiciamiento en el mes de agosto de 2018. Los denunciantes consideraron que separar del cargo a Arias fue una “clara afectación de la independencia de la Magistratura” y que el juez fue removido por cuestiones estrictamente políticas; un hecho que ataca valores republicanos esenciales. Así lo denunciaron ante Naciones Unidas.

En los últimos meses el relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García Sayán, solicitó al Estado argentino información acerca del proceso cuestionado dándole un plazo de 60 días para responder, e instó al gobierno a tomar “todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la(s) persona(s) mencionada(s) e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”, así como las “para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan”. Desde Argentina se envió una respuesta formal a través de de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. Ahora se espera el informe final de la ONU sobre el caso.

El juez Arias fue imputado por 21 cargos vinculados a sus actuaciones en causas sobre desalojos, su intervención en acciones respecto a la inundación de 2013 en La Plata y expedientes relacionados con conflictos de competencia. El jury se desarrolló durante nueve jornadas donde declararon alrededor de 20 testigos. La CPM participó como veedora y observó que el proceso de destitución estuvo marcado por profundas inconsistencias en las acusaciones y ausencia de pruebas, y que muchos de los hechos que se le imputaron no pudieron ser demostrados.

Junto a la CPM acompañaron la denuncia la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo y organizaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Pensamiento Penal y la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos. En la presentación conjunta los denunciantes aseguran que “todos los cargos que se le han imputado están vinculados con el contenido de sus sentencias, las que estuvieron dirigidas a la protección de los derechos humanos y ajustadas al principio de legalidad en el marco de las competencias que la Constitución Provincial y la legislación vigente le asignan al fuero contencioso administrativo”.