Natalia Rocchetti es trabajadora social y coordina junto a otros profesionales el equipo que trabaja en el área de salud mental en el Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. El organismo presentó un Habeas Corpus por graves violaciones a los derechos humanos en hospitales neuropsiquiátricos de la Provincia, Natalia relata cómo fue el proceso de trabajo del equipo en esta área.

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¿Cómo fue el proceso de trabajo por el cual llegaron a inspeccionar neuropsiquiátricos?

A partir de la sanción de la ley de salud mental, en 2010, se abre un lugar para organismos de derechos humanos en la parte en que nombra un órgano de revisión. Nosotros no constituimos ese órgano, pero se empieza a abrir un espacio. Si bien desde el Comité (contra de tortura) lo que había era un trabajo en las cárceles, incluso en aquellas que alojan personas con problemas de salud mental, se empezó a ver que era necesario darle una vuelta a esta problemática. Entonces entre el Comité se comienza a pensar en un equipo específico de salud mental para las unidades y también aparece la idea de ir a los hospitales psiquiátricos, porque nos empiezan a llegar denuncias de casos particulares. Ahí se los comienza a ver como lugares de encierro, lugares donde teníamos la necesidad y además la obligación de controlar.

[pullquote]fue un proceso largo e implicó toda una discusión acá adentro[/pullquote]

La primera inspección a un hospital fue en 2012 y la idea empezó a gestarse en 2011: tardamos un año en ir, fue un proceso largo e implicó toda una discusión acá adentro. Porque hay una gran experiencia en las cárceles -donde el actor con el cual negociar, pelear y denunciar es el Servicio Penitenciario- pero acá cambiaba el actor de discusión porque es el Ministerio de Salud. Además, los hospitales están integrados por equipos profesionales que muchas veces son colegas: uno podría estar trabajando en esos lugares. Incluso hemos tenido reuniones informales con profesionales que explicitaban la necesidad de que organismos de derechos humanos vayan a los hospitales. Eso no sucede en las cárceles. Y además generar otras herramientas para recabar información y para negociar. En ese camino fuimos ensayando y debatiendo cuáles eran las problemáticas centrales.

¿Cómo desarrollaron esas nuevas herramientas?

Hubo dos momentos: durante 2011 fue leer y pensar reunión tras reunión dónde había que ir, si empezar por hospitales chicos, etc. También nos costó mucho el tema de las entrevistas: nosotros tenemos la metodología de entrevistar a las personas detenidas en la cárcel, y en los hospitales hay personas internadas hace 40 años que han perdido la capacidad de hablar o relatar. Entonces la pregunta fue cómo entrevistar a personas que ni siquiera pueden decir cómo se llaman.

Después empezamos a elaborar una estrategia distinta a la de las cárceles y dividir la inspección en tres fuentes de información: entrevistar prioritariamente a la persona internada pero también revisar su historia clínica y entrevistar a los profesionales. En las entrevistas con los profesionales muchas veces hemos encontrado la queja; ellos también plantean situaciones de dificultad en el abordaje, de escasez de recursos, de no saber cómo trabajar con las personas que tienen a cargo en esas condiciones. Y en las historias clínicas podés chequear qué abordaje hubo, los profesionales que intervienen, la hegemonía de los psiquiatras.

[pullquote]dividimos la inspección en tres fuentes de información: entrevistar prioritariamente a la persona internada pero también revisar su historia clínica y entrevistar a los profesionales[/pullquote]

Otra cuestión que empezamos a ver es que si entrevistábamos a cada persona que veíamos no íbamos a tener mucha efectividad, entonces hicimos hincapié en la observación general. Por ejemplo, entrábamos a una sala y había 90 personas en el comedor sin hacer nada durante 3 horas; podían ir a la cama y después pasar a otro lado igual, babeaban. Digamos que había muchos indicadores que dicen que esas no son condiciones para la rehabilitación. También muchas veces nos entrevistamos con los enfermeros, porque al momento de la inspección los médicos no estaban. Vimos a una persona con 70 pacientes a cargo, muchos que no se pueden levantar por complicaciones de la vejez; entonces las personas de una sala que están en mejores condiciones se encargan de los otros, cuestión que tendría que estar saldada con nuevos cargos de personal.

 ¿Qué otras similitudes y diferencias encontraron con la experiencia de control en las cárceles?

Las entrevistas tienen su particularidad porque llevan mucho más tiempo. Por las condiciones en que están las personas y porque los profesionales están más predispuestos a la charla, plantean incluso problemas que tienen que ver con sus condiciones de trabajo.

Empezamos a pensarlo en 2011 pero recién en 2014 logramos realizar la presentación colectiva. Tardamos mucho porque aunque en los hospitales había condiciones similares a las cárceles -como el abandono, la falta de abordaje a la salud, la existencia de cuartos pequeños con letrinas donde se cocina en el mismo lugar- también discutimos mucho a quién denunciamos, cómo y qué pedimos para esas personas. Porque todas las cárceles están en malas condiciones pero a las personas podés trasladarlas a otras unidades, al menos cerca de las familias. Los hospitales monovalentes de la Provincia son 3 y no hay instituciones intermedias, que la persona salga del hospital implica la calle: es de la reclusión a la expulsión. Las personas no pueden estar ahí en esas condiciones, pero también sabemos que no hay dispositivos acordes para que puedan estar en un hospital de día o casa de medio camino o ser externadas.

[pullquote]discutimos mucho a quién denunciamos, cómo y qué pedimos para esas personas. Porque puede darse el proceso de la reclusión a la expulsión[/pullquote]

Pero lo que nos sucedió centralmente en estas instituciones -yo creo que también porque hasta ahora no hemos presentado acciones- es que no hay reserva de información. Así fue que nos llamó muchísimo la atención la cantidad de muertes, sobre todo en Romero entre 2011 y 2013. Esa información que es un problema conseguir en las unidades penitenciarias acá fue muy simple: elevamos una nota, la pedimos y la entregaron.

Por esa apertura y colaboración es que en el hábeas corpus que presentamos apuntamos a la política pública de salud y no a los profesionales.

¿Y cómo fue la búsqueda y el análisis de ese dato de las muertes?

La denuncia nos llega informalmente; nos plantean “ojo que se están muriendo muchas personas”. En el Comité tenemos un equipo que trabaja el tema de las muertes en el encierro, entonces empezamos a pedir la información y en 3 meses ya nos habían mandado todos los listados. Nos pareció llamativo que en un hospital, si bien neuropsiquiátrico, no hubiera un abordaje integral de la salud, y encontramos más de 130 muertes. Empezamos a ver cuestiones raras: personas jóvenes, algunas decían por intervención policial, otras decían por desnutrición, al analizar las causas con la médica del equipo nos explicaba que había registros que no podían ser causales de muerte. Por ejemplo, una asepsia generalizada, que es una infección general, antes tuvo que tener síntomas.

Nos encontramos con referentes que trabajan el tema para interiorizarnos, hicimos inspecciones específicas, por ejemplo, en una sala donde denunciaban la falta de papel higiénico y donde las personas estaban con muchas enfermedades. Entrevistamos ahí a un psiquiatra que nos confirma que había una gran cantidad de muertes y que eso para algunos profesionales era una preocupación. Nos explicó que, si bien en las personas con problemas de salud mental hay mayor probabilidad de una muerte más temprana, él también lo asociaba a las condiciones en las que viven y a enfermedades no tratadas.

¿Qué se trabaja en esa presentación judicial?

El HC retoma la situación de los tres hospitales monovalentes de la Provincia, que son los que reúnen gran cantidad de población. Los 3 dependen del Ministerio de Salud.

La denuncia establece que deben adecuarse las condiciones para que se hagan efectivos los principios que establece la ley de salud mental; por otro lado, hacemos un petitorio para que el Ministerio nos informe ciertos indicadores: cantidad de profesionales, de dispositivos para la externación, recursos que se disponen para la adecuación de la ley; esto nos va a permitir ver también qué información hay y cuál no. También pedimos que se realicen pericias externas en las que se analice el abordaje a la salud en función del que debería existir en esas instituciones.

[pullquote]apuntamos a la política pública de salud y no a los profesionales[/pullquote]

Porque tenemos una ley que es un gran avance y no se crean sus dispositivos: los recursos que vienen con una decisión política son fundamentales. Vimos que los hospitales están atravesados muy fuertemente por cuestiones políticas pero también presupuestarias. Enfermeras entrevistadas decían que tienen que distribuir medio jabón por persona al mes, por ejemplo; o que no tienen shampoo y los bañan con detergente, o que no hay pañales. Entonces es muy difícil pensar en un abordaje emancipatorio de la salud cuando ni siquiera tenés lo básico cubierto: comer y estar higienizado.

Después de ir a estos lugares y ver que todo está tan mal, fue difícil decidir qué mirar, cómo elaborar ciertos criterios. Decidimos presentar, por un lado, las condiciones materiales: la higiene, la seguridad (hay pabellones con gran cantidad de personas, puertas pequeñas, si hay un incendio faltan sillas de ruedas y las personas no caminan, por ejemplo). Por el otro, todo lo que tiene que ver con el abordaje de la salud: en la alimentación se redujo hace dos años la cantidad de calorías por persona; no hay nombramiento de profesionales en ninguna sala; en algunas hay trabajador social en otras no; está muy centralizada la medicación y, a la vez, hay personas que hace 40 años toman la misma medicación.

[pullquote]es muy difícil pensar en un abordaje emancipatorio de la salud cuando ni siquiera tenés lo básico cubierto[/pullquote]

También miramos algo que también sucede en las cárceles psiquiátricas: el deterioro que produce la institución misma. Hay personas deterioradas no sólo por su cuadro inicial sino por todo lo que implica una institución total como un manicomio. Eso también intentamos denunciar: que estando ahí se agrava el cuadro de salud y se da un grave incumplimiento de derechos.

Respecto de las muertes lo que nosotros hacemos es denunciar para que se investigue. El número con el que nos encontramos es casi igual a la cantidad de fallecidos en las 54 unidades penitenciarias en un año, y esto se produce en un hospital. Tenemos algunas hipótesis que tienen que ver con el abandono, falta de atención o negligencia pero pedimos que se investigue, no está confirmado. Ahora está en Casación, tiene número de causa, pero lo puede rechazar, tienen una semana para expedirse.

¿Y cuáles son los objetivos de la presentación judicial, más allá de los pedidos concretos?

Para nosotros es un gran logro haber llegado a presentar este habeas corpus, porque toma a estas personas como privadas de libertad y nos permite dar el salto también hacia personas que están totalmente abandonadas y bajo la esfera del estado.

Lo que queremos lograr con el habeas corpus colectivo es que se empiezan a generar instancias de discusión, de debate, mesas de diálogo. Sabemos que va a ser a largo plazo. Lo que nos preocupa es que sabemos que en lo individual podemos acompañar algunos procesos, pero la apuesta debe ser más colectiva en estos espacios porque si intervenimos por una persona que está hace 40 años internada en algún punto ya es tarde. Porque nadie ha trabajado con esa persona instancias de rehabilitación, de lazos con el afuera y esa persona seguramente ya no tiene lazos extra-muros, no sabe manejar la plata, no conoce ninguna institución, no tiene referentes. Desde un organismo de control lo que podemos hacer es denunciar esa situación, y apuntar más a las estrategias colectivas. Decir ¿qué está pasando a nivel provincial con la ley de salud mental? Sería importante que se creen sus órganos de revisión en la Provincia, por ejemplo. Si bien sabemos que eso solo no implica que las prácticas sean diferentes, sí permitiría que se creen dispositivos, que se destine presupuesto. En ese sentido es muy similar a la ley de promoción y protección en niñez: son leyes que tienen sus años pero se les sigue llamando “nuevas”, son de avanzada en cuanto a sus principios pero en la práctica suceden un montón de cosas que están atravesadas por lo político; eso implica que no funcionen y muchos sectores afirmen “que se estaba mejor antes”: esa es la trampa que genera una ley vaciada de recursos.

Sabemos que la presentación en sí tampoco va a resolver todo lo que denunciamos, pero la expectativa es que se inicia un camino, que empiece otra etapa después del diagnóstico que es el cómo: cómo le damos difusión, mantenemos discusiones con los actores involucrados, habilitamos espacios de diálogo.