No culpable: un jurado popular falló a favor de una víctima de una causa armada

Pablo estuvo casi 4 años detenido por un crimen que no había cometido. Llegó a juicio a partir de una única prueba no contrastada con ningún otro elemento en la causa y habiendo presentado a la justicia el material que daba cuenta de su inocencia. La Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, elaboró un análisis pormenorizado de las graves irregularidades de la instrucción que la defensa pudo sumar a su estrategia y fue importante para esclarecer los déficits y arbitrariedades de la investigación fiscal.
ANDAR en San Martín
(Agencia) A Pablo se lo acusó del delito de homicidio doblemente agravado y por concurso premeditado de dos o más personas. Quedó involucrado en la causa a partir del testimonio de una de las víctimas del delito que no se contrastó con ninguna otra prueba. Aunque él mismo se presentó ante la justicia y existían numerosos elementos que daban cuenta de su inocencia, la fiscalía ordenó su detención y elevó la causa a juicio con él entre los acusados. El debate oral cerró días atrás ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de San Martín después de que un jurado popular lo declarara no culpable.
El joven pasó casi cuatro años detenido con pruebas a favor de su inocencia y sólo un testimonio en su contra. La Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, analizó la causa y pudo observar graves irregularidades y arbitrariedades en la investigación que llevaron a imputar a Pablo. Ese informe fue utilizado por la defensa, representada por la abogada Liz Barrionuevo, en su estrategia durante el debate. “La intervención de la CPM fue fundamental, el informe era un resumen prácticamente perfecto de lo que había pasado en la causa, de las pruebas que existieron siempre y de lo mal que se llevó el proceso y era como un resumen de esos cinco cuerpos que tenía la causa”, señala la abogada.
El organismo también señaló la falta de criterio de objetividad en la actuación de la fiscal Amelia Nélida Belaunzara, que no investigó pruebas aportadas por los imputados, le quitó valor y desestimó o denegó otras. A su vez al elevarse a juicio, la resolución del juez de Garantías Alberto Ramón Brizuela también tuvo una “una valoración sesgada de los elementos de prueba”.
La prueba central en contra de Pablo se produjo en la segunda declaración de la víctima sobreviviente, que en su primera declaración había identificado con claridad a los otros dos imputados y sólo dio una descripción somera del tercero. Pero más adelante aportó una foto de Facebook en la que Pablo aparecía con el otro acusado, que es su tío, en un cumpleaños unos años antes. Sin embargo, el día del homicidio Pablo estaba trabajando en CABA en una empresa dedicada al ploteo de vehículos. La defensa aportó testimonios de compañeros que respaldaron su versión y planillas de ingreso y egreso de la empresa. En su informe la CPM advierte que “el reconocimiento de personas es una de las evidencias que más problemas acarrea al sistema de justicia penal. La experiencia comparada muestra que un gran número de condenas erróneas se han generado a partir de reconocimientos de imputados mal realizados”.
“Fue un debate complejo, muy peleado, con muchas trabas tanto desde el juez técnico como desde la fiscalía para que no se mostraran pruebas u oponerse a la producción de cierta prueba des incriminatoria”, dice Barrionuevo ya sobre el juicio y agrega: “Éramos tres defensas diferentes, los otros dos imputados tenían defensas oficiales. Nos enfrentamos a un debate con un jurado popular, a quienes hay que mostrarle toda la batería de pruebas que teníamos y el debate fue muy batallado porque no se le hacía lugar a la defensa nunca, a ningún tipo de planteo y creo que esto también el jurado lo advierte. La prueba a favor de Pablo era muy contundente y por suerte ellos también lo comprendieron de esa manera”.
La investigación penal delegada en la Policía bonaerense y el nulo control judicial de su desempeño, provocan que las causas armadas sean un fenómeno extendido en el sistema de justicia provincial. Hace poco mas de un año, la Comisión Provincial por al Memoria denunció la causa armada contra Cristian Mallorca, una persona con discapacidad, quien permaneció detenido seis meses sin pruebas que lo implicaran hasta que fue liberado por un tribunal superior.















