El 21 de julio de 2004 Sergio Jaramillo aparecía ahorcado en la celda 1 del pabellón 9 de la Unidad Penitenciaria 23 de Florencio Varela. Un día antes su padre había interpuesto acción de hábeas corpus luego de que su hijo le avisara que había sido golpeado y amenazado de muerte por haber denunciado al servicio penitenciario. La Comisión por la Memoria patrocina desde entonces a la familia que denunció que no se trataba de un suicidio sino de un asesinato. Próximamente su caso será elevado a juicio oral.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) “Si te matamos le hacemos un favor al juzgado ya que sos muy rompepelotas con los escritos, y a quién le va a reclamar tu familia si sos un delincuente que no sirve para nada más que hacer quilombo”, dice Gustavo Jaramillo que le dijo su hijo Sergio que le dijeron, según consta en la causa que, aún a diez años, continúa caratulada como averiguación de causales de muerte. Luego de la conversación, Gustavo interpuso una acción de hábeas corpus que derivó en que el Juzgado de Mar del Plata dispusiera el comparendo de Sergio para el día 21 de julio del 2004 a las 9 horas, lo que se notificó a las autoridades de la Unidad. El traslado nunca pudo realizarse porque Sergio apareció ahorcado en su celda esa madrugada.
Cuatro meses antes de su asesinato, Sergio había denunciado que en la madrugada del 25 de febrero luego de que se cortara la luz de su celda en la cárcel de Batán y que personal penitenciario abriera el candado de ingreso, entró una persona que le propinó tres puntazos en el abdomen y en el pecho. El agresor salió corriendo e ingresaron tres encargados y lo golpearon. Después de esto, fue amenazado por el jefe del Penal de Batán de apellido Lobo. En su declaración Sergio sostenía “(…) sabe que yo conozco muy bien las cosas del penal y querrá que no hable. Por ejemplo, sé que con mil quinientos pesos hay cambio de pabellón, que en sanidad venden las pastillas, y que un encargado de pabellón por diez o veinte pesos nos pasa marihuana. Además para mí los suicidios que hay no son suicidios. Yo en el penal corro riesgo, ya vieron que me quieren lastimar y ahora pueden pasar cosas más graves (…)”.

[pullquote] El caso fue denunciado en dos de los Informes anuales que realiza el Comité contra la tortura de la CPM[/pullquote]

Después de esta denuncia, Sergio fue alojado en la Comisaria 4º de Mar del Plata y luego trasladado a la Unidad Penitenciaria Nº 34; golpeado nuevamente por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Ante esta situación, Jaramillo presentó un amparo solicitando que se lo proteja. El Tribunal Oral Criminal Nº 3 resolvió ordenar el 8 de julio de 2004 que la Dirección del Régimen del Servicio Penitenciario Provincial se “haga cargo de la custodia y seguridad de Sergio Gustavo Jaramillo, debiendo alojarlo en la Unidad que se ajuste a su ficha criminológica, lo más próximo a su grupo familiar, y dando preferencia aquellas respecto de las cuales no subsistan denuncias en trámite, como, asimismo, adoptar las medidas necesarias para que en sus traslados y lugar de alojamiento no sufra riesgos a su integridad física”. Así fue como Sergio quedó alojado en la Unidad 23 de Florencio Varela, donde el jefe de la Unidad, José Luis Rodríguez, dispuso “medida preventiva de seguridad”, y lo alojó en la celda 1 pabellón 9 de separación del área de convivencia. Es allí donde el día 21 de julio de 2004 aparece su cuerpo sin vida.

Luego de su muerte se inició una causa judicial “s/ averiguación de causales de muerte”. Gustavo Jaramillo y su mujer, Natalia Sarraute, sostuvieron desde el principio que no se trataba de un suicidio, que a Sergio lo habían asesinado por haber denunciado a personal del SPB, entre ellos a los jefes de la Unidad, Julio Ferrufino y Roger Lobo. Los familiares se presentaron en la causa judicial como particulares damnificados con el patrocinio de abogados de la Comisión por la Memoria.

[pullquote]del lazo con el que supuestamente se ahorcó Sergio sólo apareció un trozo y en la fiscalía desconocen dónde se encuentra el resto[/pullquote]
La CPM solicitó desde entonces medidas probatorias, algunas de las cuales aún no fueron completadas. Entre ellas, las pericias sobre el lazo con el que supuestamente se ahorcó Sergio, que recién se concretó en el mes de febrero de este año por personal de Gendarmería, quienes advirtieron que la UFI sólo les envió un trozo del mismo, desconociendo donde se encontraba el resto. Desde la CPM sostienen que se está ante un “homicidio doloso, del cual resultarían responsables penalmente, en principio, el jefe de la Unidad, José Luis Rodríguez, el jefe de Vigilancia y Tratamiento, Miguel Ángel Chia, y el subjefe de Tratamiento Rodolfo Oscar Consonni, todos en funciones en la Unidad Penitenciaria Nº 23 al momento de acontecer los hechos”. El caso fue denunciado en dos de los informes anuales que realiza el Comité contra la tortura de la CPM.
Ahora, diez años después, el caso será elevado a juicio luego de que a fines de 2012 el agente fiscal solicitó esta elevación acusando al Alcalde Cristian Méndez, el adjuntor Ariel Wahnan y el guardia Daniel Montes de Oca por la comisión del delito de homicidio culposo agravado por el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La muerte de Sergio Jaramillo dentro de una celda de una Unidad Penal de la Provincia de Buenos Aires, que el Servicio presenta como un suicidio, constituye un caso emblemático de la impunidad con que puede obrar el Servicio Penitenciario, y de la complicidad de sectores de la justicia que garantizan esa impunidad. Los datos que arroja el sistema de monitoreo en cárceles y lugares de encierro de la CPM indican que entre los años 2009 y 2013 se registraron casi 70 muertes por supuestos suicidios; muertes que pocas veces son investigadas en profundidad y que habitualmente quedan impunes.

[pullquote]entre 2009 y 2013 se registraron casi 70 muertes por supuestos suicidios que pocas veces son investigadas y habitualmente quedan impunes[/pullquote]
“No tenemos dudas –manifestaron desde la CPM- que una demora de este tenor en el juzgamiento de los responsables está asociada a la suerte de condición de ‘ciudadanos de segunda’ que -para un amplio arco de la justicia- portan las víctimas que son pobres y, más aun, cuando se trata de personas privadas de libertad. Por eso, una vez más pedimos justicia, y reclamamos al Poder Judicial interrumpir esa espiral de impunidad que se establece cada vez que los agentes y funcionarios estatales se cobran las vidas de los pobres en comisarías y cárceles”.
Los familiares de Sergio no se quedaron callados. Desde 2004 vienen batallando no sólo para conseguir justicia por su hijo sino para lograr revertir algo de este sistema que, hace ya 10 años, la CPM bautizó tristemente como “sistema de la crueldad”. Crearon la Asociación Civil FAVISIC (Familiares de víctimas del sistema de la crueldad) desde donde asesoran y acompañan a las víctimas actuales.