El Tribunal Federal 1 de Rosario dictó el veredicto en el cuarto tramo de la causa Saint Amant, en donde se juzgaban entre otros imputados a cuatro ex agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA), que prestaban servicios en la delegación San Nicolás. La justicia dictó para ellos penas de entre 6 y 3 años de prisión. La Comisión Provincial por la Memoria fue querellante y, durante el trámite de la causa, presentó documentación del archivo de la DIPPBA, que tiene bajo su guarda y custodia; ese material documental fue determinante para definir las responsabilidades de los agentes de inteligencia en los delitos imputados. También fueron condenados a la pena de prisión perpetua el ex mayor del Destacamento de Inteligencia 101 de San Nicolás, Omar Andrada, y con penas de entre 3 y 6 años el ex cabo de la delegación San Nicolás de la Policía Federal, Adrián Domingo Meisner, y el ex coronel Carlos Manuel Biglieri, del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás. El también cabo de la Policía Federal, Gregorio Florentino Mancilla, fue el único absuelto.

ANDAR en Rosario

(CPM) El juicio Saint Amant IV se había iniciado el 14 de marzo de 2004, luego de muchas dilaciones en el trámite del debate oral, finalmente este miércoles el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario leyó el veredicto en una sala que contó con la presencia de familiares y víctimas del terrorismo de Estado. Representantes de la Mesa por la Memoria de San Nicolás y la Asociación por la Memoria y los derechos humanos de Pergamino junto al Secretario Ejecutivo de la CPM Roberto Cipriano García y la Directora General Sandra Raggio también participaron de la audiencia que concluyó con una absolución y siete condenas, una de prisión perpetua y el resto con penas que van de los 3 a los 6 años.

Entre los condenados, están los cuatro ex agentes de la delegación San Nicolás de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que llegaron a juicio: Enabel Otilio Cappa recibió la pena de 6 años de prisión; Miguel Ángel Amarillo, 4 años de prisión; y Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi, 3 años de ejecución condicional, por ser coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, y por los tormentos agravados por tratarse la víctima un perseguido político.

Además, el Tribunal dispuso la pena de prisión perpetua para el ex mayor del Destacamento de Inteligencia 101 de San Nicolás, Omar Andrada, y penas de entre 3 y 6 años para el ex cabo de la delegación San Nicolás de la Policía Federal, Adrián Domingo Meisner, y para el ex coronel Carlos Manuel Biglieri, quien al momento de los hechos ocupaba el cargo de subteniente de la Sección Antisubversiva del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás. El también cabo de la Policía Federal, Gregorio Florentino Mancilla, fue el único absuelto.

En el juicio se ventilaron crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la jurisdicción del Área Militar 132 -que estuvo bajo el mando del fallecido y múltiples veces condenados coronel Manuel Saint Amant- de la que resultaron víctimas 59 personas del noroeste de la provincia de Buenos Aires, con hechos cometidos en los distritos de Pergamino, San Nicolás y Baradero.

La Comisión Provincial por la Memoria fue querellante en la causa y, como organismo de custodia del archivo de la DIPPBA, presentó durante la instrucción y el debate oral documentación del archivo probatoria de la participación de los condenados en los delitos que se juzgaban. En ese sentido, la documentación del archivo de la DIPPBA permitió corroborar el doble accionar de los agentes de la delegación de San Nicolás tanto en la inteligencia sobre las víctimas como en la posterior participación en los grupos de tareas que las secuestraron.

Pese a la exigua pena, la condena a los integrantes de una delegación de la DIPPBA es un enorme avance en el juzgamiento de las acciones de inteligencia como parte constitutiva de los delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado.

Como viene sosteniendo la CPM, los documentos del Archivo prueban no sólo el rol fundamental que tuvieron las acciones inteligencia para la señalización de las personas a perseguir y, en muchos casos, eliminar, sino también la participación de sus agentes en los operativos represivos.