Los policías bonaerenses Diego Gabriel Arias, Cristian Gabriel Abregú y Mauro Damián Gorosito están detenidos acusados de ser coautores de los delitos de torturas, abuso de autoridad y vejaciones en contra de al menos diez personas que estaban alojadas en la comisaría 1ª de Moreno. Los hechos ocurrieron entre el 5 de junio y el 1° de agosto cuando la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, realizó una inspección en la dependencia policial y denunció penalmente estos hechos, entre ellos el pasaje de corriente eléctrica y golpizas. Con la prueba reunida en la instrucción judicial, la fiscal Erica Chiessi requirió al Juzgado de Garantías 1 de Moreno, a cargo de Adriana Julián, la elevación a juicio de la causa. La CPM interviene como particular damnificado institucional. La dependencia se encuentra incluida dentro de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2014.

ANDAR en Moreno

(Agencia) La titular de la Unidad Fiscal N°7 de Moreno, Erica Chiessi, concretó el pedido de requisitoria de elevación a juicio de la causa que investiga los hechos de torturas y malos tratos que ocurrieron entre el 5 de junio y el 1° de agosto de 2025 en la comisaría 1ª de Moreno, y que incluyen el pasaje de corriente eléctrica por los integrantes del Gabinete Técnico Operativo (comúnmente denominado servicio de calle) en contra de al menos 10 personas que estaban detenidas a su cargo. La fiscal Chiessi consideró a los policías bonaerenses Diego Arias, Cristian Abregú y Mauro Gorosito coautores materiales de los delitos de torturas, abuso de autoridad y vejaciones, que en caso de ser condenados implicarían penas elevadas. Los tres funcionarios policiales se encuentran detenidos desde el comienzo de la instrucción.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había tomado conocimiento a partir de una denuncia telefónica que derivó en la realización de un monitoreo sorpresivo el 1° de agosto en la dependencia policial, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Tras la inspección, el organismo presentó la denuncia penal y se presentó como particular damnificado institucional en la causa. Cabe destacar que la dependencia policial donde ocurrieron los hechos se encuentra incluida dentro de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2014.

Tras el requerimiento de la fiscal Chiessi, el Juzgado de Garantías 1 de Moreno, a cargo de Adriana Alicia Julián, determinará si los tres policías deben ser juzgados en proceso oral y público por haber torturado con picana a las personas detenidas en la Comisaría 1ª.

Los relatos obtenidos en la inspección que hizo la CPM, y corroborados luego durante la instrucción judicial, dieron cuenta de la práctica de pasaje de corriente eléctrica como un mecanismo aceitado dentro de la comisaría: los agentes del GTO trasladaban a las personas detenidas hasta el primer piso de la dependencia, allí los obligaban a poner los pies en un recipiente de plástico y le aplicaban corriente eléctrica con un cable conectado a una batería. En los primeros momentos de la instrucción, el rápido accionar de la fiscalía que dispuso el registro de la comisaría el mismo día de la denuncia permitió que se secuestren los elementos de tortura descriptos por los detenidos.

En el texto de elevación a juicio, la fiscal Chiessi destacó el informe pericial presentado por Gendarmería Nacional por la inspección ocular realizada, que da cuenta de los lugares precisos donde se incautaron la palangana como así también del cargador de baterías los cuales se encontraban uno delante de otro, a pocos centímetros entre sí, estos situados en una oficina ubicada en el primer piso de la dependencia policial que en una de las paredes poseía la inscripción “gabinete técnico operativo” no quedando dudas que se trata del mismo lugar descrito por las víctimas.

El testimonio de una de las víctimas expuso en detalle las sesiones de tortura con picana eléctrica. En el expediente se reconstruye que una noche lo llevaron a la oficina del GTO situada en el primer piso de la seccional 1° de Moreno y lo obligaron a colocar los pies en el interior de una palangana con agua. Luego uno de los imputados, el “enano”, sacó del cuarto de la oficina un cargador de batería rojo, puso la pinza dentro de la palangana y empezaron a amenazar y atormentarlo, exigiendo información sobre presuntos hechos delictivos. Como la víctima no tenía ningún dato para darles, los policías enchufaron el cargador de baterías a un toma corriente y le aplicaron pasaje de energía por alrededor de dos minutos: “lo sentía en los pies y en las esposas, me dolía mucho, el agua como que hervía, yo quería levantar los pies para sacarlos pero goro me pisaba y me decía que los apoye. Esto fue dos veces, dos descargas, porque yo lloraba y gritaba, tenía mucho miedo ellos me decían ‘callate la boca hijo de puta’ esto me gritaban goro y el enano, me decían ‘dale ¿te gusta robar? sopla la bolsa, contá”.

La víctima padeció esta secuencia con el cargador de baterías al menos dos veces, y en una tercera ocasión lo amenazaron con sumergir en la palangana directamente un cable pelado conectado a 220 voltios, lo que habría provocado su muerte.

Además de las torturas con picana eléctrica, en sus declaraciones las víctimas dieron cuenta de una práctica regular y sistemática de violencia física, amenazas y humillaciones durante las requisas en los calabozos. El relato de una de las víctimas de 24 años en sede judicial, respecto a las vejaciones, torturas y amenazas constantes que sufrió mientras estuvo en la Comisaría 1° de Moreno, es escalofriante: cuenta que cada vez que oía puertas metálicas cerca del calabozo en el que estaba detenido comenzaba a llorar por el terror que lo invadía.

En distintas ocasiones, los tres agentes del GTO vestidos de civil lo habían sacado de allí a los golpes, lo llevaron al primer piso y lo golpearon durante media hora en sesiones que incluían el pasaje de corriente eléctrica en los pies. Lo obligaban a desvestirse injustificadamente, lo amenazaban con abusar sexualmente de él y le rompían las pertenencias y comida que le llevaba su madre.

De acuerdo al pedido de elevación a juicio, entre el 5 de junio y el 1° de agosto, al menos nueve personas sufrieron la violencia extrema y las torturas de los integrantes del GTO durante supuestas requisas. El expediente destaca en particular lo ocurrido una noche cuando varios policías vestidos de civil ingresaron a un calabozo colectivo y, con la excusa de buscar un teléfono celular, comenzaron a golpear a todos con patadas y golpes de puño. Uno de estos policías fue descrito coincidentemente por las víctimas como “petiso, morrudito, y el que más se ensañó con las golpizas”; otro era un “flaco, alto”, y un tercero “grandote, rubio”. Se trata de la descripción precisa y coincidente de los perfiles de los tres imputados, aunque en el expediente se aclara que participaron otros efectivos policiales cuya identidad aún falta determinar.

En el marco de la investigación también se detectó que el registro de las cámaras de la dependencia había sido eliminado, hecho que está siendo investigado por la justicia y por la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad.

Estructural y sistemático

La tortura y los malos tratos en dependencias policiales son un problema estructural y sistemático: no se trata de casos aislados sino de un modo de gestión policial mediante prácticas violentas. En este sentido, la CPM destacó que esta comisaría se encuentra incluida en la medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una presentación efectuada por la CPM en 2014. En su resolución la CIDH instó al Estado argentino a disponer medidas para garantizar condiciones dignas de detención y evitar el riesgo a la vida y la integridad de las personas alojadas en dependencias policiales. Sin embargo la Comisaría había sido rehabilitada recientemente por la Sala V del Tribunal de Casación.

En la inspección realizada por la CPM en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura que dio lugar a la denuncia penal, aparte de los casos de torturas relevados, el organismo pudo constatar las degradantes condiciones materiales de alojamiento en calabozos, buzones y demás espacios de encierro: falta de luz natural y artificial, mucho olor a orina y falta de limpieza, aislamiento prolongado y en espacios demasiado estrechos y constante presencia de violencia física.

Ante esta situación la CPM presentó un pedido al Tribunal de Casación para que la comisaría fuera inhabilitada, planteo que fue resuelto favorablemente. Sin embargo pocos días después fue encontrado sin vida el detenido Gonzalo Federico Ruiz de 21 años detenido desde el 21 de agosto, ahorcado en el calabozo de esta dependencia.