La jueza Mirta Liliana Guarino, titular del Juzgado de Garantías del Joven N° 1 de Moreno, hizo lugar a la acción de habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. La presentación denunciaba el agravamiento de las condiciones de inhumanas de “internación” que padecían las personas alojadas  en la Comunidad Terapéutica Fénix de Moreno, que funciona de manera ilegal al no contar con habilitación municipal ni provincial. Los usuarios eran secuestrados e ingresados al lugar sin respetar ningún criterio establecido por la Ley nacional de Salud mental y no se garantizaba el control judicial de la internación de menores de 18 años, entre otras graves irregularidades y vulneración de derechos relevadas.

Andar en la Salud Mental   

(Agencia) La primera información llegó a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) mediante una denuncia anónima en la que se detallaba que en la Comunidad Terapéutica Fénix se utilizaban el secuestro y las golpizas como modalidad de ingreso; que había personas menores y adultas internadas contra su voluntad; que no se realizaba el debido control de legalidad establecido por la Ley Nacional de Salud Mental, entre otras graves irregularidades.

Esta denuncia motivó la realización de una inspección al establecimiento por parte de un equipo interdisciplinario del organismo, el pasado 8 de junio. El monitoreo incluyó entrevistas con quienes se presentaron como encargados y operadores y con las personas alojadas, quienes al momento de salir del comedor lo hicieron formados en fila y con los brazos hacia atrás.

Los operadores indicaron que Valeria Quiñones es la dueña del dispositivo y hay un único psiquiatra que asiste cada 15 días, no estando disponible para los casos de crisis subjetivas. Reconocieron que “hay patológicos con problema como esquizofrenia o paranoia… algunos escuchan voces. Tienen problemas psicológicos”, y que en casos de crisis los abordan ellos mismos: “Lo saco aparte y lo contengo. No manejo medicación, informo en el grupo y Valeria habla con el psiquiatra”.

Durante la inspección se relevó que los ingresos se realizan mediante secuestros violentos: las personas eran medicadas y se les tapaba la cara para llevarlas hasta el establecimiento en un auto particular. Una vez allí seguían utilizando la sobremedicacion y el encierro por tiempo prolongado como principales formas de castigo.

También se relevaron otras graves condiciones del régimen de vida: disponían de 60 segundos para bañarse con agua fría, el tiempo era contado por otra persona que se encontraba en el interior del baño; permanecían siempre encerrados en la casa y tenían que pedir permiso para hablar con los operadores; la provisión de medicación estaba a cargo de operadores y autoridades; en cuanto a lo edilicio, se relevó hacinamiento y falta de medidas antisinietros. En la planta baja había 7 camas cuchetas, 3 de ellas unidas entre sí y sin espacio de circulación.

En un altillo hay subdivisiones que conforman tres pequeñas habitaciones con camas sin separación y sin calefacción. La instalación eléctrica es precaria, con cables expuestos, y no hay calefacción. Hay humedad, rastros de roedores y basura acumulada.

En el momento en que el equipo de la CPM se retiraba del lugar se identificó una escena en la que una persona intentaba retirarse y un operador se lo impedía obstaculizando su paso. En ese momento un grupo de jóvenes se retiró del lugar expresando temor por posibles represalias.

Por este motivo se solicitó la presencia de la Dra. Guarino quien se hizo presente en el lugar y escuchó a los jóvenes en el exterior de la institución. Asimismo se solicitó intervención de urgencia a la Subsecretaría de Salud Mental del Municipio de Moreno quienes intervinieron con celeridad y dispusieron dos móviles sanitarios con el objeto de trasladar a los jóvenes a la Guardia de Salud Mental del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Este grupo de personas fueron evaluadas en dicho nosocomio y se determinó que no presentaban criterio de riesgo para internación, por lo cual se mantuvo contacto con los referentes familiares y afectivos, explicando lo acontecido y solicitando que se acercaran a retirar a dichos jóvenes.

En virtud del grave cuadro descrito, la CPM presentó dos acciones judiciales: por un lado, un habeas corpus colectivo y de carácter correctivo ante el Juzgado de Garantías del Joven N° 1 de Moreno, a los fines de que se ordene el urgente cese del agravamiento en las condiciones de internación en la Comunidad Terapéutica; por otro lado, una denuncia penal ante la Fiscalía 8 departamental para que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los responsables del lugar.

Al día siguiente la Dra. Guarino junto a los equipos de la CPM, realizó una constatación judicial en el lugar a los fines de tomar intervención por las personas que continuaban alojadas, verificando “que la mayoría de los residentes se habrían retirado del lugar la noche anterior, presuntamente ante el anuncio de ‘reformas’ en la institución”. Asimismo solicito la intervención de las áreas municipales competentes.

Tanto de las entrevistas realizadas por personal del área de salud mental del municipio como por los testimonios relevados por el juzgado, se confirmaron los extremos denunciados por la CPM. El 16 de junio la jueza declaró mediante su resolución, la ilegitimidad de las condiciones de alojamiento, tratamiento y régimen de vida verificados, así como la irregularidad del alojamiento de un joven menor de edad sin control judicial.

En el mismo sentido, la Dra. Guarino ordenó a la Comunidad Terapéutica Fénix que, en ausencia de habilitación administrativa y sanitaria definitiva, “se abstenga de recibir nuevos ingresos o alojar personas bajo ningún título o modalidad hasta que se certifiquen todos los requisitos legales exigibles para la atención de la salud mental”. Finalmente estableció que cualquier infracción a lo dispuesto será puesto en conocimiento del Ministerio Público Fiscal por eventual configuración de delitos de acción pública.

Lo relevado en esta comunidad terapéutica es un caso más que vuelve a poner en el centro a estas instituciones que operan de manera ilegal y someten a las personas a graves de violaciones de derechos. La CPM viene advirtiendo la grave situación y requiriendo tanto al Ministerio de Salud como a todos los organismos competentes el efectivo control de estos dispositivos.