En el marco de un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la jueza de Garantías del Joven, Lorena Vuotto, dispuso la clausura, en el plazo de 48 hs, del centro cerrado Eva Perón II del Organismo de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, a fin de garantizar la integridad física de los jóvenes allí alojados. La medida fue tomada luego de una pericia arquitectónica que aseguró que el edificio no reunía condiciones mínimas de habitabilidad: colapso sanitario, riesgo eléctrico inminente, deterioro estructural de los cerramientos y nula capacidad de aislamiento térmico. La acción presentada por el organismo, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, denunció también hechos de violencia, deficiente atención médica, escasa alimentación, entre otras graves vulneraciones de derechos humanos.

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(Agencia) Pasaron 32 meses desde la presentación del habeas corpus colectivo por el agravamiento de las condiciones de detención en el centro cerrado Eva Perón II. En todo este tiempo se realizaron inspecciones judiciales, audiencias, se dispusieron medidas judiciales y sin embargo, el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia no realizó ninguna mejora edilicia estructural para revertir las graves condiciones materiales de alojamiento.

El último informe pericial de arquitectura, agregado este lunes al trámite judicial, es categórico: el edificio “carece por completo de las condiciones mínimas exigibles de habitabilidad, salubridad y seguridad. El colapso sanitario, sumado al riesgo eléctrico inminente, el deterioro estructural de los cerramientos y la nula capacidad de aislamiento térmico frente a la inminente llegada de la temporada invernal, configura un entorno edilicio inhabitable”.

Ante el riesgo concreto para la integridad y seguridad de los jóvenes allí alojados, la jueza de Garantías Lorena Vuotto dispuso la clausura del centro cerrado como la única vía idónea para garantizar la vida de los jóvenes.

Asimismo ordenó a la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil a que, en el transcurso de las próximas 48 horas, reubique a todos los jóvenes en otros dispositivos que reúnan condiciones adecuadas de seguridad, habitabilidad y respetando sus derechos.

La decisión se enmarca en el largo derrotero de un trámite judicial que se inició en agosto del 2023, luego de una inspección realizada por la Comisión Provincial por la Memoria en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Ya en ese entonces el organismo advirtió que las condiciones edilicias implicaban un riesgo para la vida tanto de los jóvenes allí alojados como para los trabajadores: sobrepoblación, ingreso de agua en los días de lluvia, existencia de sólo dos baños y una ducha para todos los jóvenes, presencia de roedores, falta de frazadas y cerramiento en las ventanas.

Todo esto fue constatado en las inspecciones judiciales pero, y a pesar de las intimaciones para realizar obras estructurales, las condiciones edilicias se siguieron agravando durante todos estos meses. Al momento de disponer la clausura, la jueza remarca este incumplimiento por parte del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), que “no ha efectivizado un plan de acción concreto y efectivo para la solución de la problemática pendiente, con la responsabilidad que ello conlleva dado los valores en juego”, dice en referencia a la integridad física de los jóvenes. Y recuerda que el Estado no sólo no debe vulnerar los derechos de las personas privadas de la libertad sino también tomar medidas para garantizar condiciones dignas y seguras de detención.

Además las condiciones edilicias, el habeas corpus presentado por la CPM denunciaba otras graves vulneraciones de derechos: hechos de violencia, requisas vejatorias, deficiente atención médica, escasa alimentación, acceso restringido al patio o la escuela, restricciones en la vinculación familiar y sanciones disciplinarias arbitrarias que agravaban aún más el precario régimen de vida.

Tras la presentación del habeas corpus, la jueza de garantías intimó en varias oportunidades al OPNyA y ordenó una serie de medidas como garantizar un trato respetuoso hacia los jóvenes, readecuar el régimen de vida, asegurar el acceso a actividades educativas y recreativas, e incluso la prohibición de nuevos ingresos en el centro cerrado.

En los hechos, esas disposiciones no se cumplieron y las graves violaciones de derechos humanos persistieron. En ese escenario, en octubre del año pasado, se produjo un hecho de extrema violencia que comenzó con una protesta por el maltrato y hostigamiento verbal por parte de los operadores. Si bien fueron los mismos jóvenes los que desaceleraron el conflicto; cuando empezaron a salir de las celdas, los redujeron en el piso, los golpearon con palos y los obligaron a desnudarse y hacer sentadillas. Por estos hechos, la CPM presentó una denuncia penal que está en etapa de instrucción.

A fines de febrero, el organismo realizó una nueva inspección al centro cerrado, se entrevistó de manera confidencial con los jóvenes y denunció una vez más que las graves vulneraciones de derechos se seguían sucediendo: hostigamiento verbal, actos de violencia, aislamiento extremo en celdas como medida disciplinaria, requisas vejatorias, a las ya mencionadas ruinosas condiciones materiales.

Desde la CPM reiteraron que las deficientes políticas para las niñeces, los problemas estructurales que persisten sin resolución y los regímenes de vida inhumanos, deben revertirse con urgencia para terminar con las graves violaciones de derechos humanos que padecen los jóvenes bajo responsabilidad y cuidados del estado.