La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su XIX Informe Anual El sistema de la crueldad con una transmisión en vivo por su canal de Youtube. El informe da cuenta de un conjunto de prácticas ilegales y violentas del Estado que derivan de la orientación de la política criminal y que se traducen en graves violaciones a los derechos humanos. El trabajo que el organismo realiza en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura registró un aumento de la cantidad de personas detenidas, la sobrepoblación y las muertes por problemas de salud no asistidos en cárceles bonaerenses. También se incrementaron los casos de uso letal de la fuerza policial y la cantidad de menores de 16 años detenidos.

ANDAR en la Provincia

(CPM) Desde hace más de 20 años, todos los gobiernos implementan una política criminal asentada en las premisas del punitivismo, la mano dura y la saturación policial de los territorios sostenidas en la práctica sistemática de la tortura, la deserción del poder judicial como garante de derechos y el endurecimiento regresivo de leyes procesales y penales. Se cumplen también 20 años desde que la CPM comenzó a monitorear lugares de encierro y el despliegue policial en el territorio de la provincia de Buenos Aires,  un trabajo que actualmente realiza en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura conforme la ley nacional 26.827. En 2024 el organismo realizó 866 inspecciones en cárceles, comisarías, alcaidías, centros de detención de jóvenes, hogares de niñez, hospitales de salud mental y comunidades terapéuticas; y casi 48.000 entrevistas o comunicaciones con víctimas de violencia estatal que denunciaron, al menos, 80.635 hechos de violaciones a los derechos humanos. Así registró más de 64.605 hechos de torturas y al menos 16.030 hechos de nulo acceso a la justicia.

Esa política criminal que persigue y encierra centralmente a los sectores más vulnerados de la sociedad, sobre todo jóvenes pobres es sostenida y legitimada por los tres poderes del Estado. El sistema de encierro de la provincia de Buenos Aires es el más grande de la Argentina y crece cada año: en diciembre del 2024 había 61.810 personas detenidas en cárceles, alcaldías, comisarías y con monitoreo electrónico contra 58.995 del año anterior. Un crecimiento interanual del 5% y casi el doble de personas detenidas que hace 10 años. Esto representa una tasa general de 340 detenidos cada 100.000 habitantes: la más alta de la historia bonaerense y una de las más elevadas del país.

Saturación policial

Las fuerzas de seguridad saturan los territorios con más patrulleros y policías, más que prevenir el delito lo regulan y cumplen una función de gobierno o control de estas poblaciones. El dato de las aprehensiones policiales lo confirma: entre el 2019 y el 2023 fueron  en promedio 295.752 por año. Apenas el 14% de esas personas fueron privadas de su libertad por imputación judicial de un delito y sólo el 6% llegó al Servicio Penitenciario Bonaerense con prisión preventiva o condena por acreditarse judicialmente esa imputación. Es decir, el 86% de las aprehensiones policiales no se vincula con la comisión de delitos sino con el control y gestión de poblaciones excluidas y estigmatizadas.

Los últimos datos informados por el Ministerio de Seguridad sobre aprehensiones son de 2023: la Policía bonaerense realizó 671 aprehensiones diarias, es decir 28 por hora. Una cantidad que hace colapsar el sistema de encierro y genera condiciones para la vulneración de derechos. En 2024 la CPM denunció al menos 1.539 hechos de violencia policial.

Si bien la sobrepoblación en comisarías tuvo una disminución significativa, pasando del 95 % en 2023 al 80% en diciembre de 2024, el problema se trasladó al servicio penitenciario bonaerense donde la sobrepoblación volvió a crecer del 95 % hasta llegar al 106 % en el mismo periodo. Pese a la baja numérica en dependencias policiales las condiciones de alojamiento son muy críticas: espacios que parecen cuevas sin luz ni aire, cloacas que rebalsan, falta de agua, escasa comunicación con el exterior, nulo acceso a actividades y hacinamiento extremo. Se siguen alojando menores de 18 años, mujeres embarazadas, personas enfermas o de la tercera edad aunque está prohibido.

Sobrepoblación, hacinamiento y tortura: una política que produce muertes

En el encierro la sobrepoblación produce hacinamiento y genera condiciones de vida inhumanas: las personas detenidas no tienen acceso a la salud ni pueden alimentarse de manera adecuada. La tortura siguen siendo una práctica sistemática: solo la CPM relevó más de 64.605 hechos de tortura y malos tratos y al menos 16.030 hechos de nulo acceso a la justicia.

La respuesta a estos problemas fue el inicio de un plan de construcción de cárceles y alcaidías. Entre 2020 y 2024 se construyeron 6000 nuevas plazas,  pero el sistema creció en casi 13.000 nuevos detenidos.

La prisión preventiva, el juicio abreviado y la escasa aplicación de institutos liberatorios acorde a la ley son las herramientas principales en el sostenimiento de la política de encierro de la Provincia. Durante 2024 se dictaron 21.164 prisiones preventivas, un aumento del 7% respecto a 2023. Ésta se usa de manera diferencial con la población femenina y las personas trans: al finalizar el 2024, el 61% de las personas trans y el 55% de las mujeres estaban detenidas en calidad de procesadas, mientras los varones en un 48%.

Esta política criminal produce muertes: en 2024 murieron 422 personas bajo custodia del Estado o por uso letal de las fuerzas de seguridad. La letalidad policial aumentó de 117 casos registrados en 2023 a 122 en 2024, unas 10 muertes por mes. El promedio de edad de las víctimas fue de 24 años; se registraron 26 casos (21%) de menores de edad: la víctima más joven tenía 7 años.

En cárceles aumentó significativamente la cantidad de personas fallecidas: de 206 en 2023 a 286 en 2024. En cárceles y alcaidías subió de 156 a 218: 194 muertes (9 de cada 10 casos) fueron por problemas de salud, 21 suicidios y 3 homicidios. La desatención de la salud penitenciaria provoca muertes evitables: no hay acceso a una atención primaria básica, faltan profesionales y medicamentos y no se cumplen tratamientos ni estudios complejos. Un ejemplo son las muertes por tuberculosis: se identificaron que 35 personas con esta enfermedad, no todas contaban con diagnóstico aunque habían reclamado atención médica y no eran llevadas al área sanitaria o no recibían allí la atención adecuada para llegar a un diagnóstico o tratamiento. No se registró en ningún caso que se haya realizado un control de foco para prevenir contagios. La salud penitenciaria debe dejar de depender del Ministerio de Justicia y pasar a la órbita del Ministerio de Salud provincial.

Niñez y salud mental, los últimos eslabones

En cuanto a las políticas de niñez el sistema de promoción y protección de derechos sigue reproduciendo y agravando mucho de lo que prometió cambiar. Cuando fallan estas políticas de prevención el Estado llega con estrategias represivas que incluyen el encierro cada vez a más temprana edad. En marzo de 2025 había 680 niños y jóvenes privados de libertad en centros cerrados y 96 eran no punibles: el 14% del total. Los centros de detención del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia se parecen cada vez más a las cárceles para adultos. En 2024, la CPM relevó más de 1.180 hechos de torturas y malos tratos, ocho muertes en centros convivenciales y una en un centro cerrado.

Con relación a las políticas de salud mental, en la provincia de Buenos Aires hubo avances en la implementación la ley nacional de salud mental como el paulatino descenso de personas alojadas en los manicomios y la proyección de su sustitución definitiva. En las clínicas neuropsiquiátricas privadas la situación es peor y en 2024 se registraron 366 hechos de torturas y/o malos tratos. La adecuación a la ley de salud mental en estos lugares suele ser más deficiente, en parte por la deficiencia o ausencia de controles del Ministerio de Salud.

En el extremo más cruel de este sistema están las comunidades terapéuticas para el tratamiento de adicciones. Muchas funcionan con habilitaciones provisorias y otras directamente en la clandestinidad: en la actualidad se desconoce todavía la cantidad de instituciones de este tipo que funcionan en la Provincia. En estos lugares no se implementa la ley de salud mental y en la mayoría de los casos funcionan casi sin presencia de profesionales de la salud. El mal llamado tratamiento se basa en el cumplimiento de normas rígidas. En 2024, la CPM registró 155 hechos de falta o deficiente atención a la salud. Durante 2024 se tomó conocimiento de una nueva y grave modalidad de ingreso a estos lugares: un grupo de traslados secuestra a las personas en su hogar con la anuencia de algún familiar. Los buscan a domicilio, les administran psicofármacos inyectables o diluidos en agua y los trasladan sin consentimiento a la comunidad terapéutica en vehículos particulares. Al despertar varias horas o días después, se encuentran allí sin poder retirarse, mantener comunicación con referentes afectivos, y sin intervención de ningún órgano judicial.

Las cárceles neuropsiquiátricas ocupan el último eslabón de encierro. La Unidad 34 y el anexo femenino de la Unidad 45 del Servicio Penitenciario Bonaerense alojan a personas con padecimiento mental en conflicto con la ley penal. En estas unidades hay tratos crueles, inhumanos, degradantes y torturas: condiciones materiales inhumanas, sobrepoblación, alojamiento de personas sin criterio de permanencia, falta de medicación, alimentación insuficiente, aislamiento y sujeción mecánica irregular. En estas condiciones no hay abordaje de la salud mental posible.

Como cada año, el informe expone un diagnóstico detallado de lo que pasa y por qué pasa, denuncia las graves violaciones a los derechos humanos que derivan de la aplicación de las políticas de mano dura como única orientación de la política criminal. No pretende ser sólo un documento de denuncia, sino un insumo para la intervención del Estado en materia de protección y garantía de derechos.

Desde la CPM señalaron al poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial como responsables de esta situación crítica: “cada uno de estos eslabones funciona en sintonía y de manera aceitada”. No entienden estas situaciones como resabios de la dictadura, sino como problemas de la democracia, “un sistema de la crueldad desplegado durante tantos años sostenido y naturalizado por los sucesivos gobiernos y el poder judicial que debe garantizar derechos. Lejos de mejorar la seguridad ciudadana, degrada el sistema republicano y no respeta ni garantiza derechos constitucionales”.

“Seguimos insistiendo: no hay democracia sin plena vigencia de derechos humanos. Reformular esta política criminal es un imperativo de nuestro presente”, concluyeron desde el organismo.