(Agencia Andar) Tras la muerte de un joven en la comunidad terapéutica Soltar, la Comisión Provincial por la Memoria realizó un monitoreo como Mecanismo local de prevención de la tortura, y relevó irregularidades administrativas y tratamentales: sobremedicación, prácticas por fuera y contrarias a las leyes de salud mental y derechos del paciente, espacios de aislamiento como castigo y malas condiciones edilicias. Además de realizar las presentaciones judiciales pertinentes, informó a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Santa Fe acerca de jóvenes de esa provincia alojados en el lugar, derivados por dependencias del Poder Ejecutivo para el tratamiento de adicciones, lejos de su comunidad de pertenencia y en una institución con estas características.

Frente a esta situación la Defensoría se expidió y solicitó al Poder Ejecutivo de Santa Fe que arbitre los medios necesarios para disponer de dispositivos suficientes de atención para el tratamiento y abordaje de consumos problemáticos y salud mental que garanticen los derechos de los y las niños y jóvenes. Recomendó además que se traslade a su provincia a los jóvenes aún alojados en la comunidad Soltar.

Desde la Defensoría santafesina subrayan que ya desde 2017 se había solicitado al Ejecutivo que reevaluara los planes de intervención que implicaban el alojamiento de niños, niñas y adolescentes en dispositivos conveniados fuera de la provincia, y que dispusiera los medios necesarios para tener lugares y equipos adecuados en su territorio. Ahora volvió a hacer hincapié en estas cuestiones que derivan en graves violaciones a los derechos de los y las jóvenes y niños, y pidió que se capacite a los agentes, funcionarios y profesionales estatales en materia de consumos, salud mental y derechos humanos.

En Soltar se detectó la ausencia de un abordaje integral a la salud. Los jóvenes están lejos de su casa, vigilados las 24 horas, sin acceso a educación ni a comunicarse con sus familiares y referentes afectivos, sometidos a aislamiento, malos tratos y violencia psicológica.

Tanto el estado bonaerense como el santafesino tienen el deber de controlar este tipo de instituciones, más aun si delega en ellas el cuidado y atención de la salud de su población y de personas vulnerables.