El jueves 13 desde las 19, en la ciudad santafecina, la familia de Gerardo junto a organizaciones sociales y de derechos humanos renovarán el pedido de justicia y el fin de la impunidad, en el marco de un nuevo aniversario de la desaparición y muerte del joven de 23 años que fue visto por última vez la madrugada del 14 de agosto de 2015 al salir de un boliche. Esta vez, producto de la pandemia, la actividad consistirá en un “Proyectazo” digital, con la proyección de la consigna “Lo quisieron desaparecer y apareció en todos lados”, entre otras, sobre las fachadas de edificios e instituciones públicas de Rosario, y que serán simultáneamente difundidas en redes sociales.

ANDAR en Rosario

(Agencia) En diálogo con ANDAR, Luciana, la hermana de Gerardo Pichón Escobar, afirma que a pesar del tiempo transcurrido desde la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo sobre la costa del Río Paraná, la causa penal no ha tenido prácticamente ningún avance más allá de la imputación de los patovicas y policías señalados por testigos.

Por eso, el pedido a la fiscalía a cargo de la investigación es volver a foja cero: retomar los videos de cámaras de seguridad aledaños al boliche donde se lo ve por última vez al joven; examinar y valorar los informes de la empresa de telefonía respecto al geoposicionamiento del teléfono celular de Gerardo durante las horas posteriores a su desaparición (que lo ubican en la zona de la vivienda de uno de los patovicas imputados); entre otras medidas de prueba que, de haber sido tomadas a tiempo, habrían permitido el avance sustancial de la causa.

Cabe recordar que Gerardo “Pichón” Escobar tenía 23 años cuando las cámaras de seguridad lo registraron saliendo del boliche La Tienda una madrugada de agosto de 2015. Lo seguían tres patovicas y dos policías que hacían adicionales en ese lugar. Son los 5 imputados por su crimen que lo golpearon y, de acuerdo a lo que pudo reconstruir su familia, lo llevaron a la comisaría 3ª donde lo torturaron.

Una semana después apareció su cuerpo en el río Paraná. No hay registro del paso de Gerardo por la dependencia policial, sólo el testimonio de un detenido que escuchó su nombre y vio que ingresaban a un joven con sus características. “Era un arreglo de la comisaría con el boliche. Después de lo que sucedió muchos chicos y chicas declararon que eran golpeados y llevados a la tercera sin que quedara ningún registro. Era una práctica habitual”, describe Luciana Escobar.

El patovica Cristian Vivas, imputado por el homicidio, y los otros cuatro involucrados quedaron detenidos hasta casi el primer aniversario de la desaparición, cuando la investigación pasó al fuero federal y los imputados fueron liberados. César Ampuero y José Luis Carlino, custodios del lugar, y los policías Luis Noya y Maximiliano Amiselli, están señalados por encubrimiento.

La familia denunció, desde el comienzo, la manipulación de evidencias relevantes, incluso en la autopsia y sostienen que Gerardo fue arrojado al agua ya sin vida.

“En la causa todos estos cinco años han sido de palos en la rueda: la misma fuerza policial -perteneciente a la Comisaría Tercera- fue, al comienzo, la encargada de juntar pruebas, entre ellas las imágenes de una cámara de seguridad situada en frente del boliche y que hubiera servido para determinar qué pasó con mi hermano a la salida del local. En su momento nos explicaron que esos sistemas guardan hasta 30 días de filmación y, a pesar de que fueron solicitadas en seguida, las imágenes justo se cortan en el momento en que sale mi hermano”, agrega.

Sobre el teléfono celular de Gerardo, los abogados de la familia solicitaron a la empresa Claro el registro del geoposicionamiento durante los días posteriores a la desaparición, y hallaron que había estado a 7 cuadras de la casa de su madre y a metros de la vivienda de uno de los patovicas imputados: el que, según testigos, sacó al joven de atrás de un auto donde intentó esconderse antes de ser brutalmente golpeado y, presuntamente, subido a un patrullero de la Tercera.

Sin embargo, la fiscalía solicitó al FBI una pericia sobre la señal del celular de Gerardo y los resultados fueron tan absurdos como la “falta” de imágenes de las cámaras de seguridad: el celular sólo podía rastrearse hasta abril de 2015, o sea, hasta cuatro meses antes de la desaparición del joven.

“Fue todo una falta de respeto a la familia. No nos han dado respuesta hasta hoy. Mi último contacto con la fiscalía a cargo de la investigación fue hace 2 años. No ha avanzado en nada, y los imputados permanecen en libertad. Son 5 años de impunidad, 1825 días; han pasado 7 jueces y 8 fiscales, entre la justicia provincial y la federal. Por eso nosotros seguimos en nuestra lucha por justicia y volvemos a decir que lo quisieron desaparecer y apareció en todos lados”, cerró Luciana.