Frente a la emergencia sanitaria por coronavirus en las cárceles bonaerenses, el colectivo de detenidos y detenidas envió una carta al gobernador Axel Kicillof y le pidió que intervenga para garantizar, de manera urgente, medidas de prevención en los penales para evitar la propagación del COVID19 en el encierro. Las personas detenidas recordaron las recomendaciones de los organismos internacionales para descomprimir las cárceles y solicitaron celeridad de la justicia para resolver los pedidos de prisión domiciliarias de las personas que se encuentran en grupo de riesgo frente a la pandemia.

ANDAR en las cárceles

(Colectivo de detenidos y detenidas) El colectivo de detenidos y detenidas de la Provincia de Buenos Aires se presenta ante el gobernador Axel Kicillof bajo la representación de Juan Grabois, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular; en favor del conjunto de detenidos y detenidas, y de los menores de edad encarcelados en las 58 unidades penales y en las 7 alcaldías de la Provincia de Buenos Aires. Nos presentamos además en favor de los más de 13 mil detenidos y detenidas en las 45 Unidades Penitenciarias Federales que también se encuentran en riesgo de contagio y muchos ya han sido afectados por COVID19 como son las compañeras y compañeros de Devoto. No queremos morir en la cárcel sin abrazar a nuestras familias antes.

En las cárceles provinciales y federales se vive una crisis extrema producto de la pandemia COVID19 y es necesario buscar alternativas que permitan evitar la muerte masiva de personas privadas de su libertad y de empleados del SP. La situación va más allá de la condición de detenido o detenida de una persona, más allá de su causa judicial, más allá de sus rasgos personales o de los criterios que pueda tener el Departamento Técnico Criminólogo o el poder judicial. Se trata de vidas, de seres humanos viviendo una emergencia sanitaria a nivel mundial y merecen ser tratados de la misma forma que cualquier otro ciudadano.

La Organización Mundial de la salud recomendó medidas preventivas para retardar el contagio, las cuales están ligadas a higiene y salubridad. Pidió lavarse las manos varias veces al día pero en la cárcel no hay jabones y en muchas de ellas hay agua pocas veces al día; pidió desinfectar las zonas pero la cárcel no tiene lavandina y existen plagas como roedores, cucarachas, chinches y demás que no han sido combatidas. Solicito además mantener el distanciamiento social de tres pasos o un metro y evitarse tocar los ojos, nariz y boca pero en la cárcel viven 9 personas en una celda que es para 3 personas, duermen sobre frazadas en el suelo porque no hay colchones y se turnan para comer porque los espacios no alcanzan para todos. Pidió que si alguien presenta síntomas de fiebre, tos o dificultad para respirar solicite atención médica pero en la cárcel los tiempos dependen del oficial de turno y si no se activa el protocolo la atención médica culmina con el suministro de ibuprofeno, el único medicamento que es contraproducente para la pandemia.

“Las penas con privación de libertad son penas ilícitas en las condiciones en que están las cárceles, especialmente ante la amenaza de la pandemia. Hay que descomprimir las cárceles” afirmó Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,

Conocemos los esfuerzos del Gobierno Provincial y Nacional por aportar soluciones rápidas y efectivas ante está emergencia. Pero siguen siendo insuficientes. Hay una sobrepoblación carcelaria de 113 por ciento en la provincia de Buenos Aires y del 102 por ciento en las cárceles federales. En la provincia hay más de 50 mil detenidos y detenidas en un sistema que tiene capacidad para 20 mil, más de 680 niños, niñas y jóvenes y 85 menores de edad. Mientras que a nivel nacional hay más de 13 mil privados de su libertad, 778 mujeres encarceladas y más de 400 niños, niñas y jóvenes.

Es necesario descomprimir las unidades carcelarias porque de lo contrario no hablaremos de muertes sino de genocidio.

Dos días antes de dictarse la cuarentena obligatoria por parte del Sr. Presidente de la Nación, Alberto Fernández, la mayoría de detenidos y detenidas en cárceles y alcaldías de la Provincia de Buenos Aires habían decidido suspender las visitas carcelarias para evitar la propagación del virus y para preservar a sus familiares. Desde ese momento, el Ministerio de Justicia de la Provincia tardó una semana en proveer al personal de elementos de higiene como lavandina, alcohol en gel; y de protección como barbijos y guantes; y hay unidades penales que siguen sin insumos.

Se determinó comenzar con la creación de hospitales interinos para tratar la pandemia, los cuales se instalaron en pabellones que fueron desalojados para tal fin, escuelas, iglesias pero carecen de equipamiento, camas, colchones, respiradores y medicamentos. Pero sobre todas las cosas no tienen personal que los atienda. Mueren entre 2 a 4 internos a diario en la Provincia de Buenos Aires por patologías que pueden ser tratadas y sanadas, y el 72 por ciento de los problemas de salud no son asistidos, en el sistema federal la pandemia ya cruzo los muros. Sin soluciones concretar imagine la cantidad de personas que morirán por un virus como Coronavirus si se esperan picos mayores de contagiados hasta mediados de agosto.

La propagación del virus en una sola de las 103 cárceles del país implicará más de 100 personas contagiadas de un momento a otro. Y considerando la falta de equipamiento, recursos y personal esos infectados aumentará a miles en cuestión de horas. Los hospitales públicos están colapsados por lo que tampoco podrán asistir a los infectados y el personal penitenciario se reducirá notablemente porque serán ellos los principales portadores de COVID19.

La Suprema Corte de la Provincia, el Tribunal de Casación Penal y hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expidieron solicitando la libertad y las morigeraciones de penas en detenidos y detenidas. La única observación fue que se priorizara a la población en riesgo como son mayores de 60 años, enfermos con HIV, tuberculosis, asma, problemas respiratorios, enfermedades terminales, madres de hijos menores a 5 años, madres con niños encarcelados y mujeres embarazadas, entre otras. Jamás pusieron limitación alguna para la concesión de los DERECHOS consagrados, sí DERECHOS porque en una situación de emergencia sanitaria como la existente a nivel mundial el código penal se reduce a proteger la vida, la igualdad y la dignidad humana, lo demás es solo letra muerta y así lo entendieron los magistrados superiores. La recomendación fue que cada defensoría hiciera justamente eso, defender los derechos básicos y personalísimos de cada persona privada de su libertad.

No obstante ello, de 50 mil detenidos y detenidas que existen en la Provincia de Buenos Aires solo han sido liberados 800 detenidos; y de las 2000 mujeres encarceladas solo han sido beneficiadas con arresto domiciliario 60 madres con sus hijos menores. En el caso federal, de 13 mil detenidos y detenidas solo fueron liberados 1100 detenidos. Hasta el viernes 17 de abril seguían encarceladas más de 759 mujeres, 350 jóvenes, 14 madres con menores de edad, 124 mayores de 70 años de edad y más de 40 detenidos en huelga de hambre.

Pese a los esfuerzos del Ministerio de Justicia provincial y nacional por acelerar los informes criminológicos, los Juzgados de Ejecución Penal, los Tribunales Orales Criminales, Los Tribunales Correccionales y los Juzgados de Garantía se empeñan en mantener a las personas, privadas de su libertad. Ni siquiera lo sucedido en cárceles cómo Devoto o la de Bariloche dónde ya hay casos de COVID positivo, les permite reflexionar y revertir está falta de empatía y la desidia por la vida humana.

El argumento constante que rechaza los petitorios excarcelatorios se sustentan en que, los detenidos y detenidas se encuentran más protegidos dentro de las unidades Carcelarias porque en la mayoría de ellas no existe contagio pero, si llegara a propagarse, tampoco decidirán otorgar libertades masivas para que las personas mueran dignamente junto a sus familias. Entonces el argumento se vuelve por demás contradictorio y termina por dejar al descubierto una sola conclusión: la pretensión es lisa y llanamente torturar, establecer tratos crueles, inhumanos y degradantes, atentar contra la integridad física y psíquica y contra la vida de cada persona privada de su libertad, que en este momento de emergencia solo deben ser vistos como ciudadanos. No entienden los alcances de la pandemia, estas decisiones no afectarán solo al privado de su libertad, también morirán empleados penitenciarios y trabajadores de la salud.

Países como Estados Unidos, Irán, Colombia y España, entre otros; propulsaron la libertad de personas con el fin de controlar la propagación de COVID en sus sistemas penitenciarios. Han conmutado la pena de 100 detenidos y detenidas.

En la Provincia de Buenos Aires, el 30 por ciento de la población CARCELARIA total tiene penas menores a los 5 años, el 40 por ciento se encuentra procesado y más de 8500 detenidos y detenidas superan los dos años de plazo procesal máximo. Más de 15 mil privados de su libertad están en condiciones de gozar de progresividad de pena y todavía quedan 1900 mujeres jefas de hogar con hijos que las esperan en sus viviendas.

En el sistema federal, el 25 por ciento de la población CARCELARIA tienen penas menores a los 6 años, hay un 54 por ciento de procesados y 3 personas inimputables detenidas. Hay 2322 extranjeros que esperan ver a sus familias antes de morir y 800 jefas de hogar encarceladas. Más de 8 mil detenidos y detenidas están en condiciones de recibir la libertad inmediata.

Por todo lo expuesto ante vuestra máxima autoridad provincial es que SOLICITAMOS

• Que el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof oficie de representante del presente petitorio ante las autoridades nacionales y el Presidente de los Argentinos, Alberto Fernández; a fin de tomar medidas en conjunto que afecten al total de detenidos y detenidas del país.
• Que arbitre los medios para garantizar controles sanitarios como revisación médica, medición de temperatura corporal, entre otros; en cada personal penitenciario al ingreso de cada guardia correspondiente
• Que provea de recursos de higiene y salubridad a los privados y privadas de su libertad así como al personal penitenciario a fin de cumplir con las disposiciones de la OMS.
• Que suministre una acorde alimentación al conjunto de detenidos y detenidas para garantizar un nivel de defensas.
• Que arbitre los medios necesarios para solicitar al Poder Judicial la liberación de detenidos y detenidas que:

1. Sean madres de hijos menores con niños y niñas encarcelados
2. Sean madres de hijos menores de 13 años de edad
3. Sean mujeres embarazadas
4. Sean personas con AFECCIONES de salud graves
5. Sean personas con enfermedades terminales
6. Sean personas innunodeprimidas
7. Sean personas mayores de 60 años
8. Sean detenidos y detenidas que llevan más de 10 años de proceso detenidos
9. Sean detenidos y detenidas que llevan más de 20 años de privación de la libertad
10. Sean detenidos y detenidas procesados
11. Sean detenidos y detenidas excedidos en los plazos de progresividad de pena
12. Sean detenidos y detenidas a término para salidas transitoria o que ya la tengan otorgada
13. Sean detenidos y detenidas a término para libertad asistida en termino condicional
14. Sean detenidos y detenidas a término para libertad condicional
15. Sean detenidos y detenidas a término para la asistida por agotamiento de pena

El derecho a la vida significa no ser matado, en una emergencia sanitaria mundial como la imperante significa, tratar igualitariamente a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas y otorgarles la dignidad de elegir como morir si ello pasa. Si no hay vida no tiene sentido que existan los demás derechos.

No queremos más muertes por COVID19 en el país, no queremos más muertes tampoco en las cárceles.

Gracias por su tiempo y atención. Lo saludamos atentamente y agradecemos su asistencia e intervención. Agradecemos su trato igualitario y su prioridad por el derecho a la vida.