En Argentina y en el mundo la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 puso la situación carcelaria en el centro de la agenda política. Por las condiciones de hacinamiento, las cárceles fueron reconocidas como focos infecciosos de alto riesgo y organismos internacionales recomendaron aplicar medidas alternativas a la prisión. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó una mesa debate con referentes de organismos internacionales que luchan contra la tortura y por los derechos humanos en los lugares de encierro. “La situación carcelaria es responsabilidad del Poder Judicial que debe actuar con humanidad, pero también se requiere de decisiones políticas”, dijo el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel.

ANDAR en las cárceles

(Agencia/CPM) Frente a la expansión de la pandemia por COVID-19, organismos internacionales de derechos humanos recomendaron una serie de medidas para descomprimir el hacinamiento y sobrepoblación en lugares de encierro. En este tiempo, muchos Estados nacionales asumieron que las cárceles eran focos infecciosos de alto riesgo y tomaron, desde los distintos poderes, algunas medidas para prevenir la situación, entre ellas, la aplicación de medidas alternativas a la prisión para población de riesgo (mayores de 65 años, con enfermedades preexistentes, mujeres embarazadas o con hijos e hijas en el encierro) y para personas detenidas por delitos no violentos próximas a cumplir condena o en prisión preventiva.

Más de un mes después de que se conocieran las recomendaciones, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) organizó una mesa debate con referentes internacionales para realizar un diagnóstico y balance de las medidas que tomaron los distintos países frente a esta situación crítica y de riesgo inminente para la vida y la salud pública.

El panel estuvo integrado por el ex relator sobre la tortura de la ONU Juan Méndez, las representantes de los mecanismos de prevención de la tortura de Francia y España, María de Castro Cavalli y Carmén Comas Matas, y la delegada nacional de la Asociación para la prevención de la Tortura (APT) en Brasil, Sylvia Dias. Participaron de la mesa por la CPM, sus presidentes Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, y el secretario Roberto Cipriano García.

“La sobrepoblación en las cárceles y comisarías bonaerenses hace imposible el distanciamiento social, a esto se suma situaciones como falta de agua o elementos de higienes que impiden el frecuente lavado de manos. Así las dos principales medidas de prevención del coronavirus no pueden cumplirse. Y tenemos, además, una salud penitenciaria inexistente, que no brinda ni siquiera la asistencia mínima”, señaló Roberto Cipriano García en la apertura de la mesa.

“La superpoblación es un problema estructural como puede ser que en una celda para dos personas haya 5 ó 6. Si se llega a desarrollar el virus en las prisiones va a ser gravísimo; por eso hay que tomar medidas de prevención. La situación carcelaria es responsabilidad del poder judicial que deba actuar con humanidad, pero también se requiere de decisiones políticas”, sostuvo el presidente de la CPM Adolfo Pérez Esquivel. Y agregó: “No estoy de acuerdo en liberar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad ni a violadores o crímenes de sangre, pero sí hay que darle las condiciones humanitarias como a todas las personas”.

Ante la crítica situación sanitaria de las cárceles, los organismos internacionales que trabajan el tema coincidieron en señalar su preocupación y remarcaron la necesidad de tomar medidas para descomprimir el hacinamiento y sobrepoblación. Así lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su primera resolución del año, el Subcomité de prevención de la tortura de la ONU y también la Alta Comisionada de Naciones Unidas Michelle Bachelet. En nuestro país, esas recomendaciones fueron expresadas por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Ministerio de Salud de la Nación. En el ámbito de la justicia, los tribunales de Casación Federal y bonaerense también lo hicieron.

A pesar de este extenso reconocimiento de la situación, en Argentina durante la última semana estas decisiones judiciales fueron duramente atacadas por una parte de la sociedad. En ese contexto, la Corte bonaerense aceptó un recurso de queja y suspendió el fallo de Casación. “Seguramente en ningún país se vivió la campaña insidiosa y de mala fe que vivimos en Argentina. Fue una reacción desmedida y contraproducente, porque la posibilidad de una pavorosa extensión de la infección en las cárceles significará, al mismo tiempo, una revocación de la posibilidad de ser asistidos al resto de la población”, señaló la presidenta de la CPM, Dora Barrancos.

En el plano del derecho internacional y sobre la responsabilidad de los Estados nacionales, el ex relator sobre tortura de la ONU, Juan Méndez, destacó que hay normas vinculantes en derecho internacional y la primera es la prohibición de la tortura: “Cuando las condiciones carcelarias están por debajo de un mínimo de humanidad comprometen la obligación del Estado y la responsabilidad ante la comunidad internacional y cuando hay riesgo de muerte esa violación puede llegar a ser tortura porque exige un dolo específico. Cuando se sabe que hay obligación de prevenir y no se toman medidas esa negligencia grave puede ser equiparable al dolo que se requiere”.

Carmen Comas Mata es Integrante del Subcomité de Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU que iba a visitar las cárceles en Argentina en marzo pasado cuando las inspecciones debieron suspenderse porque coincidió con el decreto de emergencia sanitaria por COVID-19 en el país. “En Iberoamérica las condiciones carcelarias son sumamente preocupantes. Si a la falta de los elementos más básicos para desarrollar una vida digna le agregamos los problemas de la pandemia, el derecho a  la vida es un derecho que está en riesgo”, sostuvo.

Por otra parte recordó que desde el SPT se postularon muchas recomendaciones para hacer frente a la pandemia en las cárceles, entre ellas, identificar a las personas de riesgo que se encuentren detenidas, reducir las poblaciones penitenciarias mediante esquemas de liberación temprana, teniendo cuidado de que sean personas de determinadas características y poner atención donde la ocupación excede la capacidad oficial.

Comas Mata es también directora de Relaciones Internacionales del Defensor del Pueblo de España, institución asignada como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. “En España las cosas se han hecho razonablemente y no ha habido presión mediática. Los gobiernos han invertido en el tema de prisiones y se nota. Hay 1.781 personas menos en las cárceles españolas, que pasaron de 50 mil a 48 mil aproximadamente. Y no hay hacinamiento en prisiones del sistema general”, remarcó sobre la situación en su país.

En Francia, el 23 de marzo se sancionó la ley de emergencia sanitaria que permite arresto domiciliario para personas cuyos plazos no cumplidos de condena era menor a 2 meses y otorgar reducciones de penas excepcionales para los plazos no cumplidos de entre 2 y 6 meses. “Aunque los servicios judiciales se movilizaron para aplicarla y liberaron casi 9 mil personas, no nos pareció suficiente. Nosotros nos pusimos el objetivo de liberar 13 mil personas para garantizar a cada persona detenida una celda individual”, señaló María de Castro Cavallli, adjunta de la directora de asuntos jurídicos del Contrôle général des lieux de privation de liberté, autoridad administrativa francesa encargada de controlar el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad.

Sobre la situación carcelaria en Francia, Castro Cavalli señaló que al 1° de marzo había más de 72.500 personas alojadas en 61 mil plazas, que en realidad corresponden a 55 mil. Luego de la ley de emergencia, a fines de abril la cantidad de personas detenidas en penales estaba por debajo de los 61.000.

Por su parte, la delegada nacional de la Asociación para la Prevención de la Tortura en Brasil Sylvia Dias destacó que en el país latinoamericano hubo una respuesta rápida del Concejo Nacional de Justicia. La resolución n° 62 fue una recomendación a jueces y tribunales para adoptar medidas de excarcelación para descongestionar los espacios de privación de libertad. Unas 35 mil personas detenidas fueron alcanzadas por esta decisión.

“Desafortunadamente se generó también una fuerte repercusión negativa y una campaña en contra de la norma fomentando el miedo, que esas libertades generaría un problema de seguridad pública y los políticos se pronunciaron en contra diciendo que se ponía a la sociedad en peligro. Pero también se generó una movilización de apoyo público a la recomendación y esto fue bastante correctivo. Instituciones como el Colegio de Abogados, asociaciones de juristas, más de 70 organizaciones publicaron un documento de apoyo”, recordó la delegada de la APT.

“Es importante que nos centremos en las medias de reducir la población, que es una de las maneras más efectivas de prevenir la propagación del COVID. Tenemos en Latinoamérica una situación catastrófica de condiciones infrahumanas que hacen imposible implementar medidas de prevención sanitaria”, sintetizó Sylvia Dias.