Es la toma activa más grande en todo el territorio bonaerense y se lleva a cabo sobre un predio fiscal -y una porción que sería de propiedad privada pero que aún no se demostró ni se reclamó judicialmente- situado entre las calles 76 a 90 y entre 140 a 154, más de un kilómetro cuadrado. A pesar de las acusaciones mediáticas y de los operativos de saturación policial al comienzo del proceso, las familias son habitantes de la zona que reclaman, con organización propia, su legítimo derecho de acceso a la tierra. En diálogo con ANDAR, Omar, un integrante del portal de noticias La Izquierda Diario que visita habitualmente la toma, explicó que son personas “que alquilan o viven en casas de familiares, y tienen trabajos precarios o son directamente desempleados. Es cierto que han llegado oportunistas que no necesitan el terreno para casa propia, pero la mayoría son familias que pacíficamente buscan lograr la regularización por parte del Estado”.

ANDAR en La Plata

(Agencia) El proceso de toma de tierras fiscales en la localidad de Los Hornos comenzó a mediados de febrero, con algunas decenas de familias de la zona que llegaron con carpas, lonas y escasas pertenencias. El número llegó a rondar las 1.000 familias y actualmente se mantiene esa cantidad.

Una parte de los ocupantes proviene del cercano barrio Las Palmeras, cuyo origen también se dio años atrás mediante una toma de terrenos fiscales de zona baja, muy afectados periódicamente por inundación de lluvia y aún con problemas para el acceso a los servicios básicos. EL barrio Las Palmeras está atravesado por el Arroyo Regimiento, con viviendas precarias a pocos metros.

Son, en gran proporción, los hijos e hijas de los habitantes del Barrio Las Palmeras -con hijos pequeños y grandes dificultades para obtener trabajo, o mantener los que ya tienen en condiciones precarias- los que ahora protagonizan esta nueva toma en Los Hornos y que, producto de la pandemia y la continuidad del aislamiento social obligatorio, su resolución legal y asistencia estatal han quedado paralizadas desde hace varias semanas.

En efecto, tal como explicó a ANDAR uno de los corresponsales de La izquierda Diario, Omar, el proceso tuvo distintas etapas: “Al comienzo, ocurrió simultáneamente una presencia estatal con las fuerzas de seguridad que llegaron a las inmediaciones del predio pero sin desalojar a nadie sino controlando el flujo de ingreso y egreso de las tierras; y con personal de distintos ministerios de la Provincia que anunciaron un censo de las familias y adelantaron que se estudiaría la urbanización de la zona, el trazado de calles, el loteo y la planificación futura de los servicios públicos”.

“Esa primera etapa implicó una especie de saturación policial pero sin represión ni medidas concretas, sólo la presencia. Y en cuanto a los trabajadores sociales y demás profesionales que hablaron con las familias, desde la cuarentena y el aislamiento social obligatorio se frenó ese diálogo, con la consiguiente disminución del movimiento de personas”, agregó.

Recién en la última semana comenzaron a volver aquellas familias que estuvieron resguardándose en sus actuales domicilios, y estarían organizando y autogestionando la entrada del servicio eléctrico. Cabe destacar que con el correr de las semanas, y por sectores, se formaron varios grupos con organización propia que se comunican mayormente por Whatsapp, sin identificación ni participación de espacios políticos y a la espera de un nuevo contacto con el gobierno provincial.

“No son personas que pretendan adueñarse de nada que tenga dueños ni que busquen hacer negocios con los terrenos: son familias para las cuales la toma de tierra fiscal es la única alternativa para resolver el grave problema del déficit habitacional y la precariedad material en la que viven. Es cierto -como se publicó en algunos medios platenses- que en algún momento aparecieron, en sectores específicos del predio, personas con camionetas 4 por 4 que buscan sacar beneficios patrimoniales con esta situación, pero la mayoría está allí por ser la única posibilidad”, detalla Omar, quien se comunica a diario con varios de los ocupantes.

Entre las propuestas informales e iniciales manifestadas por la Provincia, se habló de la necesidad de liberar todos los terrenos para iniciar la gestión de créditos PROCREAR especialmente destinados a las casi 1000 familias de la toma, algo que inmediatamente fue rechazado por la imposibilidad de acreditar trabajos registrados y estables.

Luego se propuso estudiar un monto económico por cada terreno que sería abonado por cada familia de acuerdo a sus posibilidades y en plazos acordes a cada situación.

Todo dependerá de cómo y cuándo se resuelva o flexibilice el aislamiento social obligatorio como para retomar las negociaciones. Hasta el momento, más allá de una versión mediática, no se ha presentado ante la justicia ningún particular que ratifique la propiedad sobre una parte de las tierras, y tampoco existe una causa penal en curso en base a la cual pueda sostenerse una eventual medida de desalojo.