ANDAR en La Plata

(Agencia Andar) El 29 de abril a las 9 de la noche, después de estar 26 días detenido, Sebastián Mac Dougall volvió a su casa con arresto domiciliario. La policía que lo escoltó recién lo liberó de las esposas en la puerta de la vivienda. “Quería abrazar a todos, por todo lo feo que había pasado”, recuerda Sebastián. Lo esperaban su compañera, Gisele Ledesma, y sus tres hijos. “Fue un pequeño alivio volver a tenerlo en casa, después de 26 días de tanto sufrimiento, de viajar para verlo un rato, en las condiciones que estaba detenido. Una no termina nunca de saber lo que pasan ellos adentro”, dice Gisele.

El mismo 29, pocas horas antes, había sido dada de alta tras el nacimiento de Felipe, el tercer hijo de la pareja, que nació el 27 de abril. Tenían fecha de parto para el 19 de mayo, pero la situación de estrés que pasó ella con la detención de Sebastián impactó en el desarrollo del embarazo. “Iba a las marchas, iba a verlo a él y volvía llorando. Eso y la angustia de saber que eran inocentes, pero no podíamos hacer nada. La doctora temía que la presión le haga mal al bebé y decidió hacer cesárea. Cuando nació, Felipe mantenía el mismo peso y madurez de un bebe de 34 semanas de gestación”. Sebastián pudo estar: “Fue una emoción, nos abrazamos muy fuerte”.

El mismo día de la cesárea le avisaron a Sebastián que la justicia había autorizado el permiso para asistir al nacimiento de su hijo. Llegó a la clínica esposado de pies y manos y escoltado, por lo menos, por seis agentes penitenciarios todos fuertemente armados. Había otros policías de civil cubriendo la zona de la clínica. “Todo un operativo como si fuera un criminal y es un trabajador”, dice Gisele.

Sebastián le agradece a la doctora que asistió el parto; si llegó a estar presente al momento del nacimiento fue porque ella pospuso por unas horas la cesárea. Tal como se describía en el permiso presentado a la justicia, la intervención estaba programada para las 10 de la mañana, el móvil de traslado recién fue a buscarlo a la alcaidía a las 9:50.

A dos semanas de obtener la prisión domiciliaria, Gisele y Sebastián intentan reconstruir de a poco la vida diaria, la dinámica familiar. Volver a la casa tampoco significó dejar atrás el encierro: “Hay noches que me levanto pensando que sigo en la cárcel. Es difícil superarlo. También me cuesta mucho dormir. Tenemos un grupo de whatsapp con los otros tres chicos y casi a cualquier hora nos estamos hablando, dándonos ánimo”.

Sebastián estuvo los primeros días detenido en la DDI de La Plata, después lo llevaron a la DDI de Avellaneda y finalmente quedó alojado en la Alcaidía 3 de Melchor Romero. “Yo estaba en una celda con otro pibe de 21 años, una cama de fierro y otra cemento, una celda de 2 metros por 2,5. Pasé momentos muy feos: era todo reja, teníamos sólo tres horas en el patio e, incluso, me tuve que pelear. Cuando pasaba algo, de las ventanas de los pabellones nos tiraban facas”, relata.

Por otro lado, están las complicaciones propias del arresto domiciliario. Hace algunos días, Sebastián presentó los contratos de trabajo para las salidas laborales pero todavía no fueron autorizados. “Soy un laburante, siempre trabajé para tener lo mío”. Tras ser despedido de la línea Este, no volvió a conseguir un trabajo en blanco: “Hice changas con eso comíamos, pagábamos las cuentas, mandábamos a nuestros hijos al colegio. Nos alcanzaba con lo justo”.

Desde que está detenido, el único ingreso en la casa es el sueldo de empleada pública de Gisele. “Por ahora, con el sueldo de ella venimos aguantando pero ya nos cortaron el gas y, si no puedo salir a trabajar, no sé cómo vamos a llegar a fin de mes”, se lamenta.

Cuando el juez de Garantías 2 de La Plata Jorge Moya Panisello resolvió otorgar el arresto domiciliario valoró, en particular, la condición de jefes de hogar de los cuatro detenidos. “En el caso de Emanuel Lazzaro trabajaba sólo él. En el caso de Luciano Fiocchi, trabaja la mujer pero la plata de él tampoco entra. Y Pablo Varriano es el único que sigue en la empresa de la línea Este. Luciano y yo ya tenemos contratos de trabajo para que sean autorizados, Luciano aún no”, describe Sebastián.

En paralelo, la causa continúa. Es un expediente que se inició en marzo de 2017; la primera notificación que tuvieron los imputados fue la orden de detención, dos años después de los hechos. El 16 de marzo de 2017, los choferes de la línea Este nucleados en la agrupación El Bondi cortaron avenida 7 para reclamar la reincorporación de 25 trabajadores despedidos; ese día, otros choferes hicieron una denuncia por daños a los colectivos en los que circulaban, la fiscal los terminó imputando por un delito más grave: coacción agravada

En la audiencia preliminar del 29 de abril solicitada por la defensa, la fiscal Virginia Bravo insistió con su acusación. “Estábamos en la alcaidía de los tribunales, un lugar horrible, las paredes tenían material fecal vómitos. No podíamos ni salir al baño. Hasta que llegó la hora de subir al tribunal. Nos encontramos los cuatro en el pasillo y escuchamos la movilización de los compañeros afuera, los bombos, los megáfonos. Nos abrazamos y empezamos a saltar y cantar: sentíamos que, con ese apoyo afuera, íbamos a salir”.

El arresto domiciliario -esperan- será el primer paso hacia la libertad. No hay ningún testigo que los identifique como responsables de los delitos que les imputan: “No tienen nada, es sólo una maniobra política para meter presión a los trabajadores que quieran exigir por sus derechos”.