La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó durante este fin de semana el V Encuentro nacional de la red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales (RED). Durante los dos días, cerca de 400 familiares de 15 provincias de todo el país participaron de este espacio de debate y reflexión, que apunta a seguir construyendo colectivamente herramientas para luchar contra la violencia institucional y la impunidad. Desde el dolor personal a la construcción de un nuevo actor político clave en el movimiento de derechos humanos.

 ANDAR en Ezeiza

(CPM) Moisés es hijo de un albañil de 43 años que fue torturado hasta la muerte en la comisaría 10ª de Santiago del Estero; Marta es hermana de un joven muerto por una tuberculosis no tratada en la Unidad Penitenciaria 2 de Sierra Chica; José Luis y Rosa casi no pueden hablar: son los padres de Jorge Luis Ramírez, uno de los detenidos masacrados hace un mes en la comisaría 3ª de Esteban Echeverría. También estuvieron los padres de Elías Soto, y Gabriela, la compañera de Walter Barrios, otras dos de las 10 víctimas de la peor masacre en comisarías bonaerenses.

Durante dos días, unos 400 familiares de 15 provincias de todo el país participaron del quinto encuentro nacional de la Red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales (RED) que organiza la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Estos familiares, desde sus trayectorias personales y la organización, se han ido constituyendo en un nuevo actor político en la defensa de los derechos humanos.

“Sabemos que vienen desde el dolor y sus historias de lucha. Hace más de 15 años que desde la CPM venimos trabajando con familiares víctimas de este sistema de la crueldad que viola sistemáticamente los derechos humanos en los lugares de encierro y en los territorios. Ese trabajo diario nos llevó a dar este paso: contribuir a la organización de familiares que empezamos en 2014”, recordó el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García. Y agregó: “La Comisión quiere generar este espacio de encuentro desde la diversidad para construir lo que nos une, para que juntos podamos lograr la justicia”.

En el 2014 la CPM asumió el desafío de consolidar un espacio de encuentro, formación y capacitación para familiares víctimas de violencia institucional; desde entonces, se realizaron cinco encuentros nacionales y una decena de jornadas de trabajo que fueron fortaleciendo la capacidad de intervención de estas organizaciones en sus territorios. La consolidación de la RED es una prueba de la madurez política de esta organización.

“La lucha por los derechos humanos es de las organizaciones, sin ellas no hay resultados políticos ni posibilidad de revertir el sufrimiento y la violencia que produce este sistema. Con ese desafío nos seguimos encontrando para pensar cómo intervenir en la realidad, cómo construimos en y para la sociedad un sentido político de nuestro dolor, cómo interpelamos parar producir ese cambio”, remarcó la directora general de la CPM Sandra Raggio.

Los familiares y referentes de organizaciones territoriales que participaron del encuentro en el Centro Recreativo Nacional, en los bosques de Ezeiza, trabajaron en distintos talleres de capacitación y producción para seguir construyendo recursos y herramientas colectivas para intervenir antes las distintas violencias del Estado: el registro, la acción judicial y la difusión pública. “No tenemos ninguna duda de que encuentros como este nos hacen un poco más fuerte de lo que éramos cuando llegamos. Seguiremos encontrando la forma seguir unidos, trabajando de manera conjunta”, resumió Susana Méndez, integrante de la CPM.

Esta jornada se dio, a su vez, en el marco de la movilización de familiares y amigos de las víctimas al cumplirse el primer mes de la masacre de la comisaría 3ª de Esteban Echeverría. La RED convocó y acompañó la masiva marcha por justicia que recorrió las calles de Monte Grande.

“Quizá hoy, un mes después, podría haber estado sola con mi hijo muerto, sin saber adónde ir, la Comisión nos dio un espacio de contención”, agradeció Rosa, madre de José Luis Ramírez.

Muchas historias, un mismo dolor

“No hicieron nada para impedir que muriera, no lo atendieron nunca. Yo no sé mucho porque no terminé la escuela, pero supongo que con una medicación, una vitamina, podían mejorar su vida”, dijo Marta Arce. Mario, su hermano, murió hace poco más de un mes en la Unidad Penitenciaria 2 de Sierra Chica. “Estuvo mucho en buzones, torturado, sin comida ni agua, todo eso fue deteriorando su salud y empeorando su estado de anemia”, agrega.

Como señaló la CPM en su último informe anual sobre lugares de encierro y políticas de seguridad y niñez en la provincia de Buenos Aires, “las muertes en el encierro siguen siendo evitables en tanto la desatención de la salud es la base de su recurrencia, asociada con las infrahumanas condiciones de vida”. Siete de cada 10 muertes en cárceles bonaerenses, entre 2008 y 2016, fueron por problemas de salud no atendidos.

Durante 2017, 2.538 de los detenidos entrevistados en 55 unidades penales provinciales denunciaron al menos un tipo de hecho vinculado a la desatención de la salud, muchos prolongados y graves. La CPM viene reclamando desde 2015 que Salud Penitenciaria, hoy bajo la órbita del Ministerio de Justicia, pase a depender del Ministerio de Salud e integrarse a sus políticas y programas.

Ante la desidia y silencio del Estado, los familiares hacen lo que pueden para ayudar a sus seres queridos detenidos. Marta llegó a desnudarse en la puerta del penal de Sierra Chica para que la escuchen, y nada: “Pedimos durante dos años y medio asistencia y la justicia siempre rechazó todos nuestros pedidos. Me robaron la vida de mi hermano. Si yo saco una vida la tengo que pagar; ahora yo le reclamo eso al Estado”.

“Sierra Chica es tierra de nadie”, afirma Bibiana, que tiene a su compañero detenido en la UP 2. Bibiana es otra familiar que participó del V encuentro nacional de la RED: “Lo que vengo a buscar acá es información, quiero aprender cómo poder defender a la gente, cómo ayudarlos, cómo evitar tanto maltrato, tanta tortura. El Servicio penitenciario Bonaerense (SPB) hace lo que le plazca y la gente tiene mucho miedo”. Al igual que Marta, ella también tuvo que hacer un reclamo en la puerta del penal para que la escuchen; adentro su marido estaba en buzones haciendo una huelga de hambre. Bibiana se vino desde Santa Fe a realizar un acampe, en ese momento no sabía ni siquiera si su compañero estaba vivo o muerto. Después de esa primera denuncia, decidió mudarse definitivamente a Sierra Chica. En estos tres años, fue descubriendo las violencias que ejerce el SPB sobre las personas detenidas y sus familiares: “Las condiciones de espera para entrar a las visitas, los días de lluvia era todo barro, se nos mojaban las cosas que le llevábamos a nuestros seres queridos. Y la corrupción adentro, los penitenciarios venden droga, alcohol, los pabellones, las piezas para la visita. Para ellos todo es una mercancía”, agrega.

“Soy Ramón Vázquez de Santiago del Estero, tengo 43 años, soy albañil. Durante toda mi vida trabajé para mi familia. Fui detenido por una causa armada y torturado hasta la muerte el 22 de septiembre de 2013. Mi familia continúa luchando contra un sistema judicial lento. Lo cuento yo, porque a mi papá lo silenció la policía”, dice Moisés Vázquez en un video que, junto a otros familiares, produjo durante los talleres del encuentro. Esta semana, cinco años después, el juicio por la muerte de Ramón entró en instancia de alegatos: “Hay 9 policías procesados -cuatro de ellos detenidos- por tortura seguida de muerte; es algo histórico, es la primera causa caratulada así en Santiago del Estero por fuera de las causas por crímenes de lesa humanidad”.

Ramón Vázquez había sido detenido y liberado el 12 de septiembre de 2013, diez días después policías de la comisaría 10ª, sin orden judicial y a pesar de un habeas corpus vigente, entraron a su casa y se lo volvieron a llevar. Los hijos esperaron durante toda la madrugada en la comisaría, recién a la mañana un oficial les dice que había sido trasladado al hospital y falleció por una descompensación. “En el hospital nos dijeron que lo recibieron recién a las 10 de la mañana y que murió por asfixia. Mi papá fue torturado durante 30 minutos, murió por bolseo, mientras nosotros esperábamos en la comisaría donde lo estaban torturando”, recuerda.

Moisés participó en tres de los cinco encuentros nacionales organizados por la CPM y dice que se va de acá cargado con herramientas para seguir trabajando en su provincia. “Acá dimensionamos lo importante que es la organización y la lucha. Tenemos que seguir contando y acompañándonos hasta que la justicia se haga costumbre”.

La disputa de sentidos en la sociedad

En el marco de este encuentro se realizó la mesa “Los desafíos en la lucha contra la tortura. El registro de casos y la difusión pública” con la presencia de Canela Bella del proyecto Mecha, el periodista de Página12 Horacio Cecchi, Carlos Motto del GESPyDH y el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García. El panel fue coordinado por la directora general de la CPM, Sandra Raggio.

“La invisibización de estas violaciones a los derechos humanos operan como una garantía de impunidad”, señaló Raggio en la apertura de la mesa. Y agregó: “Para saber qué pasa necesitamos registrar de manera rigurosa estas violencias que ocurren de manera sistemática. Registrar para poner en duda la información de los medios, para disputar sentido, para demostrar la responsabilidad estatal y para fortalecer la discusión política a dar con el estado”.

En el marco de esta mesa se presentó el informe 2017 del Registro nacional de casos de torturas y/o malos tratos (RNCT) que, desde el 2010, realizan la CPM, la Procuración Penitenciaria de Nación y el GESPyDH a partir de la inspección y monitoreo de lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires y del sistema federal. “En las encuestas a detenidos y detenidas nos dimos cuenta que la tortura no era una excepción, ni el ejercicio de la violencia por parte de unos agentes malos, era sistemática y expandida. En ese momento, el debate fundamental fue creer en el relato de las personas detenidas”, señaló Motto.

El último informe del RNCT se presentó en un contexto de expansión de políticas punitivistas: sólo en el último año la población encarcelada en el sistema federal aumentó un 8,53% y en la provincia de Buenos Aires 11,62%. “La cárcel es una máquina de hambrear, de empobrecer, que le sirve a un sistema injusto que necesita administrar la pobreza”, sintetiza el miembro del GESPyDH.

El correlato directo del aumento de la tasa de prisionización es el sobre encarcelamiento y el agravamiento de las condiciones de detención y, por lo tanto, la profundización de las violaciones a los derechos humanos. En el trabajo de campo realizado en 2017, sólo en 71 lugares de encierro se relevaron 1.408 víctimas que denunciaron 5.328 hechos de torturas y/o malos tratos. La mayoría de las víctimas, más del 70%, tiene menos de 35 años. Jóvenes de los sectores más pobres de la sociedad es la marca selectiva del sistema penal.

“Todavía seguimos teniendo una disputa jurídica, no sólo para la condena de la tortura sino también para su reconocimiento y definición. Muchas veces la interpretación de las definiciones consignadas en el código penal no alcanza para entender qué es la tortura. Por eso el Registro nacional de casos de torturas desarrolló el concepto de la multidimensión de la tortura, entendiendo esta no sólo como el golpe que marca sino también como otras formas diversas que ocasionan graves padecimientos nunca considerados por la justicia, no solo físicos sino centralmente psicológicos. Y eso se construye escuchando a las víctimas”, remarcó Roberto Cipriano García.

El proyecto Mecha nació en octubre de 2017 en la UP 15 de Batán para trascender los muros y dar el debate afuera con el objetivo de humanizar las cárceles y todos los lugares de encierro: “Somos la expresión desde temprano de la sistemática vulneración de derechos. Necesitamos que las cárceles se conviertan en un espacio de resocialización verdadera, de inclusión laboral y educativa. Lamentablemente, y lo sabemos, ninguno de estos derechos está garantizado en el encierro”, dijo Canela Bella.

Junto a la disputa en los tribunales, está la disputa por sentido en la sociedad. “En los medios por tortura se entiende casi nada, no hay nada de lo que se cuenta acá. La tortura se suele explicar desde la teoría de la manzana podrida, el agente que se aparta; y a la vista del periodista el problema queda resuelto y la sociedad se tranquiliza. Y eso es lo que necesita el sistema para reproducirse, noticias tranquilizadoras”, señaló el periodista de Página12, Horacio Cecchi. “No importa cuánto se tarde, hay que obligar a los medios a visibilizar estas violencias y ustedes desde esta red, poniendo el cuerpo, lo están haciendo”, cerró.