En la noche del 25 de septiembre, durante un operativo de seguridad vial, Darío Pérez fue aprehendido, golpeado y trasladado a la comisaría 10ª del barrio Autonomía. Pocas horas después, la policía le notifica a su familia que Darío había muerto; su cuerpo fue directamente hacia la morgue sin pasar por el hospital en ningún momento. La familia denuncia que lo torturaron hasta matarlo. Hay cuatro policías imputados y detenidos por homicidio. No es el primer asesinato en esa dependencia policial; en estos momentos, se está realizando el juicio donde se investiga la muerte de Ramón Vázquez, en 2013. En 2012 hubo otro caso que todavía espera justicia.

ANDAR en Santiago del Estero

(Agencia Andar) Darío Ricardo Pérez tenía 40 años, fue asesinado entre la noche del martes y la madrugada del miércoles 26 de septiembre en la comisaría 10ª del barrio Autonomía de Santiago del Estero. “Su muerte, como otras que vienen sucediendo en esa comisaría y en toda la provincia, no es un hechos aislado, es parte de un entramado de violencia institucional planificado contra los sectores más pobres de la sociedad. Planificación que ocurre con la connivencia y la impunidad otorgada por todos los poderes del Estado”, resume Cecilia Melián, integrante de la agrupación HIJOS que forma parte de la Red de familias y organizaciones contra la violencia institucional.

En la noche del martes 25, Darío Pérez fue detenido en el marco de un operativo de seguridad vial cuando la policía intentó retener su moto. Según un testigo, Pérez se negó a entregar su vehículo argumentando que tenía los papeles ni había contravención alguna. En ese momento, los policías empezaron a golpearlo y luego lo trasladaron detenido a la comisaría 10ª.

Para la una de la madrugada del miércoles, un móvil se acercó a la casa de Pérez para llevar a su hijo a la comisaría 5ª e informarle que su padre había fallecido en la décima. El relato policial dice que Darío fue detenido en las inmediaciones de la comisaría porque estaba haciendo disturbios y que sufrió una descompensación en la celda. El testigo que presenció el operativo de seguridad vial desmiente la primera parte de ese relato.

Las primeras actuaciones en la instrucción judicial también parecen desmentir la versión policial. Luego de apartar a la policía de la investigación, el fiscal Martín Silva imputó por el delito de homicidio y ordenó la detención de los policías Tevez, Jaime, Medina y Gómez. El mismo miércoles, la fiscalía hizo la inspección ocular en el edificio policial y ordenó otras pericias criminalísticas. También se secuestraron las ropas y celulares de los policías imputados.

A su vez, el informe preliminar determinó que Darío presentaba varios hematomas y que la causa de la muerte fue asfixia por sofocación. Esos primeros resultados parecen confirmar la teoría de la familia: a Darío lo torturaron hasta matarlo.

En un comunicado la Red de familias y organizaciones contra la violencia institucional advirtieron que, el asesinato de Darío, “ocurre al mismo tiempo que se está juzgando el asesinato de Ramón Vázquez, quien también murió en la décima a manos de la policía represora. Juicio que se sigue dilatando, hoy se volvió a suspender la audiencia”.

El 22 de septiembre de 2013, integrantes de la comisaría 10ª fueron a buscar a Ramón “Tordo” Vázquez; lo acusaban de robar una casa donde había hecho trabajos de albañilería tres meses antes. A pesar de no contar con orden judicial ni pruebas en su contra, los agentes se lo llevaron a la comisaría. Mientras lo torturaban, su familia esperaba afuera de la dependencia. Después de torturarlo, lo cargaron en un patrullero y lo depositaron en el hospital Regional, ya sin vida.

“Para nosotros fue muy importante llegar al juicio; es el primer caso en esa comisaría que llega a juicio pero, ahora, vemos con preocupación las dilaciones en el debate oral. Estamos en una instancia donde tienen que declarar los familiares del Tordo y un testigo clave que estaba detenido junto a él, pero desde hace varios días que las audiencias se vienen suspendiendo cuando los testigos ya están en los tribunales”, cuenta Melián. Y agrega: “Hay un maltrato psicológico increíble sobre estas familias que se preparan para ir a dar testimonio, con todo el estrés traumático que implica recordar ese día y cuando llegan al tribunal le suspenden la audiencia antes de iniciar”.

Antes de Darío y el Tordo, en 2012 Lucho Corbalán murió también a manos de la policía. Su muerte todavía espera justicia. “No es casual que sucedan tantos hechos en esta comisaria, ubicada en un barrio residencial rodeado por barrios de sectores populares; la mayoría de los detenidos son de esos barrios aledaños. El sistema es perverso: los vecinos denuncian alguna presencia sospechosa, y sólo con eso los policías detienen, torturan y los amenazan para que no vuelvan al barrio. Al mismo tiempo, los vecinos del barrio siguen recamando contra de la inacción de la policía y pidiendo más mano dura. En esas condiciones, los policías tienen el terreno allanado”, concluye Cecilia Melián.