La justicia absolvió este mediodía a 14 de los 17 agentes penitenciarios imputados en el juicio por la masacre de la UP 28 de Magdalena ocurrida en octubre de 2005. Para los 33 muertos, sus familias y todas las personas que todavía hoy padecen los crímenes que diariamente se cometen el sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires, una vez más se consagró la impunidad.

ANDAR en La Plata

(Agencia/ Comunicado CPM) Se esperaba un fallo que hiciera justicia. Porque pasaron 12 años desde la noche en que 33 jóvenes detenidos en la UP 28 de Magdalena fueron encerrados en un pabellón en llamas para que murieran. Porque la responsabilidad de los agentes penitenciarios por acción y omisión era clara y estaba debidamente probada. Porque los funcionarios encargados de la seguridad y el cuidado incumplieron sus deberes, y eso también era evidente. Pero, sobre todo, porque en todos estos años las condiciones que hicieron posible la masacre de Magdalena sólo han emporado, y el poder político no tuvo ninguna iniciativa para revertirlas.

Las bombas que debían proveer de agua para apagar el fuego no funcionaban hacía varios meses, los matafuegos estaban sin carga por una decisión administrativa, no existían planes de contingencia ni elementos de seguridad adecuados.

Por todo esto se esperaba un fallo ejemplar; pero, una vez más, la justicia consagró la impunidad y convalidó el grave deterioro de las condiciones en que se encuentra el sistema de encierro en la Provincia, y los padecimientos y vulneración de derechos a que son sometidos cotidianamente las personas que permanecen allí alojadas.

Este mediodía, el Tribunal Oral en lo Criminal 5 de La Plata -integrado por Ezequiel Medrano, Carmen Palacios Arias y María Isabel Martiarena- absolvió a 14 de los 17 imputados por la masacre de Magdalena. Sólo fueron condenados Daniel Oscar Tejeda, ex director del penal, Reimundo Fernández, secretario de la unidad, y el agente Rubén Alejandro Montes de Oca. El primero de ellos por homicidio culposo y los otros dos por abandono de persona seguida de muerte. El próximo 9 de marzo, cuando se lean los fundamentos de la sentencia, se conocerán además los años de condena para cada uno.

La CPM, como mecanismo de control y monitoreo de lugares de encierro, ya había advertido sobre la grave situación en la que se encontraba el penal de Magdalena antes de la masacre. Luego acompañó a los familiares de las víctimas durante todos estos años patrocinando a dos de ellas, y realizando diversas presentaciones ante la justicia y los organismos internacionales de protección de derechos humanos.

En el mes de diciembre pasado se presentó un informe actualizado sobre el estado de la Unidad 28, que se encuentra en peores condiciones que cuando ocurriera este hecho.

El fallo es vergonzoso y consagra la impunidad, la misma que se consolidó con la falta de investigación de las responsabilidades de los funcionarios políticos a cargo del SPB y el Ministerio de Justicia provincial. En los hechos representa un mensaje regresivo desde la perspectiva de derechos humanos, que habilita a las fuerzas de seguridad para continuar torturando y dando muerte a las personas detenidas en un sistema de encierro sobrepoblado que las aloja en condiciones inhumanas.

Estuvieron presentes en la lectura del fallo por la CPM el co presidente Víctor Mendibil, su secretario Roberto Cipriano García, Ana Barletta, integrante del organismo, Sandra Raggio, directora general de áreas, Rodrigo Pomares y Margarita Jarque, directores del organismo.