El recrudecimiento de las penas, el encarcelamiento y las medidas punitivas dirigidas principalmente a los sectores más vulnerables y organizados son cada vez más frecuentes en un gobierno que mantiene como central la política de seguridad. A pesar de que 32 organizaciones se pronunciaron en contra de la baja de punibilidad que se busca imponer, desde el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se insiste con bajar la edad a los 14 años.

Por Giuliana Sordo

Germán Garavano, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, convocó en el mes de febrero, en diferentes mesas de negociación, a diversos expertos del ámbito de la niñez y adolescencia para discutir sobre la reforma de la Ley Penal Juvenil y establecer un consenso que permita avanzar con la redacción del proyecto. Si bien tenían una importante intención de dilatar la discusión sobre la baja de punibilidad, su postura no logró el acuerdo que esperaban. 32 organizaciones de 40 se opusieron a la baja de punibilidad, pero aún así el gobierno insiste con su intención, desconociendo las rotundas conclusiones en que desembocó su propio debate. Sólo tres organizaciones se manifestaron explícitamente a favor, y cinco no definieron su voto por distintas razones. Las organizaciones que asistieron sabían que la resolución no sería vinculante. De todas formas, hubo una clara postura desde el gobierno de rechazar las conclusiones que traería la mesa sobre la baja de punibilidad. Una decisión bastante cínica la de convocar para promover consensos y luego desconocerlos.

La negación: una política de Estado

Si la intención del ministro de Justicia y Derechos Humanos fue realmente la de establecer  un debate y buscar consensos, no puede desconocer que el 80% de los especialistas y defensores de los derechos de niños y adolescentes rechazó la imposición del gobierno. Tampoco puede negar lo que sucedió afuera, en la tarde del jueves 23 de febrero, donde cientos de personas, entre ellas, organizaciones, murgas, organismos de derechos humanos, jóvenes y adolescentes, repudiaron la intención de someter a chicos de 14 y 15 a un sistema penal perverso, cruel y discriminador.

A pesar de todos los frenos que se le presentaron, el gobierno nacional avanzó con la redacción del proyecto de la nueva Ley Penal Juvenil para enviar al Congreso, en el que insistirá con su idea original de bajar la edad de punibilidad penal de 16 a 14 años, aunque, dicen, sólo para los delitos “gravísimos” contra la vida, los secuestros extorsivos y la integridad sexual. Según funcionarios del macrismo, se tendrán en cuenta los consensos en las mesas participativas generadas por Garavano, aunque lo establecido en la mesa sobre la baja se pasará por alto, debido a la rotunda negativa que recibieron. El gobierno conducido por Mauricio Macri aspira ganar el debate en el Congreso y evita el cuestionamiento del campo popular.

“Venimos denunciando que esto es pura demagogia punitiva, que ponen en el centro una problemática que como tal no tiene la magnitud con la que el gobierno la presenta, que son los supuestos delitos graves que cometen los niños y adolescentes de 14 y 15 años. En vez de pensar cómo el Estado se hace responsable de cubrir todas sus obligaciones con esta franja de la población infantil, sobre todo con la franja más pobre, los condena al encierro”, sentenció Claudia Cesaroni, titular del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) y una de las impulsoras de la Red Argentina No Baja, en el programa radial de Víctor Hugo Morales en AM 750.

[pullquote]La punibilidad para los menores de 16 años viola el principio de no regresividad de los derechos ya adquiridos[/pullquote]

La punibilidad para los menores de 16 años viola el principio de no regresividad de los derechos ya adquiridos: no se puede retroceder en materia de derechos, dado que eso sería inconstitucional. Sin embargo, poca importancia le da el macrismo a los Derechos Humanos al no asegurar su protección, garantía y respeto con todos los recursos del Estado.

Las organizaciones que están en contra de la baja siguen y seguirán organizándose para denunciar que se trata de una medida demagógica y regresiva en materia de Derechos Humanos. La decisión del gobierno nada tiene que ver con resolver un problema de seguridad, tal como promueve el mismo Mauricio Macri, sino más bien con entender a la niñez y adolescencia como algo que se puede moldear, encerrar y controlar.

Publicada en La Primera Piedra