“Nos quieren apurar para que no avancemos en la causa por la muerte de mi hijo”, dice Paola, la mamá de Gabriel. Recientemente, en un operativo violento y arbitrario, la policía allanó su casa y la llevó detenida por “tenencia ilegítima de arma civil”; buscaban a su marido por un homicidio ocurrido en Ituzaingo y asegura que “el arma que encontraron no era nuestra”. Desde el asesinato de su hijo, la familia es amenazada y hostigada por la policía. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) es querellante en la causa de gatillo fácil y, cuando supo de la detención de Paola, intervino rápidamente para lograr su liberación y observar que se respeten las garantías y procedimientos procesales.

ANDAR en Quilmes

(CPM/Agencia) Paola Núñez es la mamá de Gabriel Godoy, un joven de 15 años asesinado por la espalda por Vicente París, un agente de la DDI de drogas ilícitas de Quilmes, en abril pasado. Desde el primer momento, la familia viene sufriendo amenazas y ataques policiales para amedrantar la lucha de justicia. El violento allanamiento realizado en la casa de Paola es una muestra más de ese hostigamiento constante que comenzó el mismo día de la muerte de su hijo. “Cuando me crucé al policía que mató a mi hijo, me dijo que me dejara de joder porque nos iba a pasar algo”, recuerda.

“A eso de las 5 de la mañana, me despierto cuando escucho los gritos de la Policía; veo que están en el patio y entran rompiendo la puerta”, cuenta. En el interior de la casa, comienza una brutal requisa y registro al grito de “dónde está el arma”. “Yo estaba en ropa interior pero nos les interesó, me retuvieron contra el suelo mientras revolvían y destrozaban todos; no hubo una policía mujer que me atendiera, todo lo llevaron agentes hombres”.

Durante el operativo, encuentran un arma debajo del colchón, Paola asegura que fue “plantada” y que el testigo del allanamiento fue llevado después que el policía pusiera y exhibiera el arma. Además revisaron documentación y fotografías de la familia. Paola pudo ver una especie de álbum fotográfico donde la policía tenía fotos de Alejandro, su casa y características de los movimientos.

La orden de allanamiento existía pero nunca le notificaron la razón del operativo: “Yo no sabía nada, no me hicieron firmar ningún acta”, aclara. La policía buscaba a Alejandro Godoy, el marido de Paola y papá de Gabriel, por un homicidio en Ituzaingo. Paola fue trasladada a la comisaría 4ª de Sarandí, Avellaneda, por “tenencia ilegítima de arma civil” y permaneció detenida más de 12 horas con otras tres mujeres en una “pieza más chica que un baño”.

Al momento de ingresarla detenida, Paola pudo identificar a uno de los policías que le había tomada declaración el día de la muerte de su hijo Gabriel, un oficial de la comisaria de Bernal, Quilmes. También escuchó un un dialogo con otro agente al que le dice: “Sí, nosotros le matamos a su hijo”.

Durante las 12 horas que permaneció en la comisaría, no atendieron su reclamo para que la trasladen a enfermería por un problema de salud que padece. “Recién cuando se presentó la Comisión Provincial por la Memoria, me liberaron. Pero tengo miedo porque me plantaron un arma. Si estaba Alejandro, lo iban a inculpar”, concluye Paola. Y agrega: “Nos quieren apurar para que no avancemos en la causa por la muerte de mi hijo”.

Tras la primera intervención en el lugar de los hechos, desde el Programa de Justicia y Seguridad Democrática se hicieron presentaciones ante la fiscalía y la defensoría General.

 El caso de Gabriel Godoy

El 25 de abril, Gabriel y un amigo caminaban hacia su casa en Villa Itatí cuando fueron atacados por el agente de la DDI de drogas ilícitas, Emiliano Vicente París. Gabriel recibió tres disparos y murió en la calle, su amigo pudo escapar herido por un disparo en la espalda y llegar a un Hospital de Wilde. El relato policial dice que París estaba de civil cuando sufrió un intento de robo y disparó en defensa propia; en el lugar encontraron un arma que le atribuyeron a Godoy, la familia asegura que fue plantada y que no hay ninguna prueba ni testigo que confirme el supuesto enfrentamiento.

El accionar policial también reprodujo las lógicas del encubrimiento: se delegó la investigación a la policía aún cuando estaba involucrada en los hechos y no se  efectuaron las medidas necesarias para preservar el lugar del crimen. Tampoco se secuestró el arma, ni los casquillos en el lugar del crimen, no se realizaron pericias sobre el policía que disparó, y el padre de la víctima terminó siete días detenido en una causa vinculada a la muerte de su propio hijo. La policía le armó una causa por resistencia a la autoridad donde consignó en un acta que se le cayó un arma del bolsillo en el lugar de los hechos. Cuando intervino el fiscal de flagrancia fue sobreseído.

A pesar de las irregularidades, el fiscal Nievas Woodgate siempre se basó en el testimonio de París y acusó a los jóvenes de tentativa de robo, mientras que el accionar policial fue caratulado como “legítima defensa”.

Tras notificarse del hecho, la Comisión Provincial por la Memoria se presentó como patrocinante del particular damnificado y solicitó que se reencause la investigación, reconociendo el informe de la autopsia donde se advierte “un patrón de ejecución”. El organismo también denunció, ante la procuración general, la intervención del fiscal y reclamó que se investigue su accionar.

Además, de pedir la detención de París en el marco de la denuncia penal por homicidio doblemente agravado, por haber sido perpetrado con alevosía y por su condición de policía, realizó una presentación en Asuntos Internos para su sanción administrativa. Todavía hoy, París sigue en funciones y en la calle.