La defensa de Carlos Pampillón, líder del Foro Nacional Patriótico (FONAPA), había solicitado la suspensión del juicio a prueba, el fiscal acompañó el pedido y, en audiencia pública realizada esta mañana, el Tribunal Oral Federa N 1 de Mar del Plata admitió este beneficio procesal para el militante de ultraderecha. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) estuvo presente en la sala y lamentó la decisión de la justicia que no reconoció la relevancia e interés social de debatir públicamente las motivaciones ideológicas detrás de los atentados. La CPM se había presentado como amicus curiae, pero los magistrados también desestimaron su intervención en el juicio. En la audiencia de ayer estuvieron presentes Yamila Zavala Rodriguez y Susana Méndez, integrantes de la CPM, y Carolina Ciordia, abogada del organismo.

ANDAR en Mar del Plata

(CPM/Agencia) La decisión del TOF 1 de Mar del Plata de hacer lugar a la probation solicitada por Carlos Pampillón —a cambio de reparar los daños materiales, cursar la materia de derechos constitucional en la Universidad Nacional de Mar del Plata y no participar de la organización de ultraderecha durante tres años— suspende el juicio a prueba e impide llegar a un efectivo proceso de justicia y reparación social. Con este fallo, la sociedad se pierde la posibilidad de debatir públicamente el accionar violento y racista de una organización que desconoce principios fundamentales de la democracia y de la histórica lucha por memoria, verdad y justicia.

Para la Comisión Provincial por la Memoria, si bien el instituto de suspensión de juicio es un beneficio que otorga la ley a los imputados de delitos que conllevan un monto de pena menor, la causa por daño agravado contra Pampillón requería la imprescindible publicidad de los hechos en un juicio oral, tanto por la calidad del autor —como representante de una organización ideológica que contradice principios y valores democráticos—, como por la relevancia e interés social que generaron estos ataques.

Durante la audiencia, y a pesar de los pedidos para continuar con el juicio por parte de organismos de derechos humanos, de las autoridades municipales y de las partes afectadas, los magistrados entendieron que cabía, legalmente, la admisión del beneficio solicitado por la defensa. Si bien el Tribunal reconoció la afectación de bienes sociales, no comprendió que la reparación efectiva de ese daño sólo es posible cuando tales agresiones son visibilizadas y expuestas ante el conjunto de la sociedad para revelar las motivaciones ideológicas de este tipo de hechos.

En el amicus curiae, que fue desestimado por el mismo Tribunal, la CPM expresó que en el ataque vandálico al monumento de la memoria emplazado en el Sitio Base Naval —donde funcionó un centro clandestino durante la última dictadura— se trató de ‘dañar’ la memoria, verdad y justicia de una nación, implantando ideologías de violación a los derechos humanos. Mientras que las pintadas racistas en el Centro de Residentes Bolivianos muestran una clara intención de instalar la xenofobia y discriminación.

Además, y lejos de manifestar alguna expresión de arrepentimiento, Carlos Pampillón presenció toda la audiencia con dos insignias abrochadas en la solapa de su saco que reivindican las consignas violentas de FONAPA. Este provocación no es sólo un acto de ostentación de símbolos que pueden implicar, en sí mismos, apología del delito o reactivación de sentimientos xenófobos es, fundamentalmente, una actitud irrespetuoso hacia las víctimas y hacia el mismo Tribunal.

Como ya expresó la CPM, los hechos que estaban siendo juzgados y la ostentación pública de estas insignias no son actos aislados, forman parte de un modus operandi del Foro Nacional Patriótico (FONAPA), que sustenta sus ataques en valoraciones política-ideológicas que desconocen la lucha de memoria, verdad y justicia como pilar de la democracia o que tienen un carácter discriminatorio, racista y xenófobo. En el último tiempo hemos denunciado públicamente los episodios de amenazas, pintadas intimidatorias, golpizas en la vía pública y hostigamiento contra organizaciones sociales y política, y contra el colectivo LGTB y de género.