El 19 de diciembre de 2014, el oficial Santiago Peréz disparó con su arma reglamentaria, por lo menos, cuatro veces y por la espalda a los hermanos Tomás y Leandro Peréz. Tomás tenía 17 años y murió luego de entrar al hospital. Dos años después, y tras la recusación de la primera fiscal que intervino en la investigación y actuó manifiestamente como garante de la versión policial, la UFI N 6, a cargo de Juan Pablo Lódola, calificó el hecho como homicidio agravado por el uso de armas de fuego y lesiones leves agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) acompaña desde el primer momento a la familia de Tomás y, en su representación, se presentó como particular damnificado.

ANDAR en Mar del Plata

(CPM) En una reciente resolución, la UFI N 6 de Mar del Plata, a cargo de Juan Pablo Lódola, dispuso el cambio de calificación en la causa que investiga el asesinato de Tomás Pérez. Con las nuevas medidas de pruebas solicitadas por la querella y que constan en el expediente, el fiscal llamará a declarar al oficial Santiago Pérez por el delito de homicidio agravado por el uso de armas de fuego y lesiones leves agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real. Para la Comisión Provincial por la Memoria, la resolución del Dr. Lódola desmiente la versión policial y revierte en parte las irregularidades constatadas en la primera investigación, a cargo de la UFI N 4, que terminó con la recusación de la fiscal Andrea Gómez.

Desde el primer momento, la instrucción bajo la dirección de Gómez pretendió justificar la actuación del policía con la imputación de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en ejercicio de legítima defensa y lesiones leves”. Ante la manifiesta parcialidad de la Agente Fiscal, la abogada de la familia de Tomás —con el acompañamiento de la CPM— pidió su recusación que, en noviembre del año pasado, fue aceptada por el Juez de Garantías N 1 de Mar del Plata, Daniel de Marco.

La CPM viene denunciando las violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales en su despliegue territorial y las irregularidades en las investigaciones de estos hechos que impiden el efectivo acceso a la justicia por parte de las víctimas. Una de ellas — que termina operando como norma del poder judicial— es la calificación de los hechos de gatillo fácil como actos en legítima defensa, modo con el que intenta perpetuarse la impunidad de los agentes policiales. En ese sentido, la participación de la CPM y la lucha de los familiares que a lo largo de todo este tiempo denunciaron la actuación de la fiscal y el hostigamiento constante por parte de la policía resultaron decisivas para llegar a esta nueva instancia.

Con la recusación de Andrea Gómez la causa pasó a la UFI N 6 y mostró avances que permitirán llegar a un juicio más objetivo y ajustado a los indicios que constan en el expediente. Como parte de la instrucción el fiscal Juan Pablo Lódola requirió nuevas medidas de pruebas a pedido de los abogados de la familia de Tomás. Entre ellas se llamó a declarar a Leandro y a otros testigos del procedimiento, y se iniciaron nuevas pericias. En ese marco, el peritaje sobre el arma —secuestrada en el lugar y, supuestamente, perteneciente a los jóvenes— permitió comprobar que no fue disparada. El informe resulta fundamental porque demuestra que no existió una situación real de peligro que justifique la acción del policía Santiago Pérez como legítima defensa.

Si bien esta instrucción marca un avance sustancial en la búsqueda de verdad y justicia por el asesinato de Tomás, la Comisión Provincial por la Memoria advierte que la imputación del fiscal desestima como agravante la condición de funcionario policial de Santiago Pérez. Desde el organismo aclaran que esta omisión también resulta habitual cuando se investigan casos de gatillo fácil, y forma parte del conjunto de irregularidades y complicidades que, en la mayoría de los casos, promueve y facilita la impunidad de los agentes de las fuerzas policiales.