El relator especial de la ONU  sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García Sayán, remitió el 1 pasado de noviembre una nota con pedido de respuestas al gobierno argentino en la que indaga sobre la eventual existencia de un “Plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial” que se estaría ejecutando mediante intimidación y presión particularmente sobre el Concejo de la Magistratura. El escrito aborda casos de afectación de garantías de inamovilidad e independencia de jueces y ataques al fuero laboral y contencioso administrativo, muchos de los cuales vienen siendo examinados y denunciados por la Comisión Provincial por la Memoria.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) La nota remitida al Ejecutivo nacional por parte del relator de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados llama a “la atención urgente” y solicita respuesta formal respecto de actos de intimidación y presión sobre diversos órganos del sistema judicial argentino, entre los que se examina el polémico y arbitrario juicio de destitución contra el ahora ex juez en lo Contencioso Administrativo Luis Federico Arias.

En aquel proceso –llevado a cabo en 2018- la CPM no sólo denunció la inexistencia de causales válidas si no que participó de todo el debate en calidad de amicus curiae del acusado y, una vez resuelta su destitución, remitió un informe a la propia relatoría a cargo de Diego García Sayán para notificar sobre las irregularidades detectadas.

A raíz del informe de la CPM, Sayán pidió al gobierno argentino a fines del año pasado información relativa al proceso de destitución de Luis Arias y consideró que “las acusaciones podrían no estar vinculadas con sus acciones bajo el ejercicio de sus funciones, que están establecidas, definidas y delimitadas por la ley, sino con el contenido de sus sentencias”.

Ahora, un año después y en el marco de la continuidad de prácticas de disciplinamiento e injerencia del poder político sobre órganos judiciales, la relatoría vuelve a requerir información respecto a un conjunto de prácticas que podrían constituir un “plan sistemático de amedrentamiento”.

En efecto, se enumera la designación por decreto de Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daneil Rosatti en la Corte Suprema; el ataque a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que terminó con su destitución con una intensa campaña de desprestigio tendiente a vulnerar la estabilidad del Ministerio Público Fiscal; designaciones de jueces federales; y el ataque al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, cuya investigación sobre una presunta red de espionaje ilegal y extorsión generó una fuerte reacción negativa del gobierno nacional.

Para el Relator Especial “a la espera de su respuesta, quisiera instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la(s) persona(s) mencionada(s) e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiera asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan”.

Y concluye en su nota al Ejecutivo nacional: “Tengo la intención de expresar públicamente mis preocupaciones en un futuro cercano, ya que considero que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata. Además, considero que la opinión pública tiene que ser informada sobre las implicaciones potenciales relacionadas con las alegaciones arriba mencionadas”.

Cabe destacar que las consideraciones de la relatoría vienen siendo denunciadas y abordadas desde una mirada integral respecto a la injerencia de los gobiernos nacional y provincial durante los últimos años, como se expresa en el último Informe Anual de este organismo publicado en agosto de 2019.

Así, en el apartado sobre la necesidad de revisión del sistema de enjuiciamiento de magistrados en la Provincia, distingue las disposiciones formales para esos procedimientos respecto de la utilización de una serie de prácticas que resultan insuficientes para salvaguardar la legitimidad de las decisiones de los jurados.

Ejemplifica con el jury llevado a cabo en 2018 contra el por entonces titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo 1 de La Plata, Luis Federico Arias: “Un dato relevante para comprender la determinación oficial de avanzar en la destitución de Arias es el hecho de que el magistrado emitió fallos judiciales que cuestionaron medidas de la gestión actual de gobierno, como el aumento superlativo de las tarifas de servicios públicos del gas y de la electricidad y el descuento de las jornadas de paro realizadas por los docentes”.

“Durante el proceso, el Procurador sostuvo todos los cargos invocando de manera forzada supuestos previstos en la ley 13.661. Los hechos que se le imputaron, estuvieron vinculados con el contenido de sus sentencias, que en todos los casos estuvieron dirigidas a la protección de los derechos humanos y ajustadas al principio de legalidad en el marco de las competencias que tanto la Constitución Provincial como la legislación respectiva (Código de Procedimientos Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, Ley 12.008) le asignan al fuero contencioso administrativo”, agrega la CPM en su Informe Anual.

Otro hecho analizado (y que expresa la falta de normativa clara para los procesos de destitución) es el del jury contra el fiscal General de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, que el 21 de noviembre de 2017 fue resuelto por el Jurado de Enjuiciamiento  declarando que los hechos denunciados no resultaban comprendidos en la competencia del tribunal, y disponiendo el cierre y archivo de las actuaciones.

Cabe destacar que en abril de 2019 Garello fue finalmente procesado por la jueza Alicia Vence, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional 2 de San Martín, por su participación en crímenes de lesa humanidad cuando se desempeñó como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). La información inicial para esta causa penal fue aportada por la CPM, que preserva y administra el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.