Sergio Jaramillo murió bajo custodia del estado. Hace 11 años apareció ahorcado en una celda de la Unidad Penitenciaria 23 de Florencio Varela. Había recibido golpes y amenazas por denunciar al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Todavía hoy se espera la elevación a juicio de la causa. La Comisión por la Memoria patrocina desde entonces a la familia que denunció que no se trataba de un suicidio sino de un asesinato y apoya el trabajo que desarrollan desde FAVISIC, la Asociación de familiares de víctimas del sistema de la crueldad.

ANDAR en las memorias

(Agencia) “Creo que en Mar del Plata fue la causa ícono de todo lo que es el sistema penitenciario, de todo lo que hacen con los pibes”, considera Natalia Sarraute, familiar de Sergio Jaramillo y presidenta de FAVISIC. Una vida que da cuenta del sinsentido del encierro: “Sergio comenzó su camino a la muerte cuando descubrió que en la Unidad 15 de Batán, donde estaba alojado, debía negociar con el SPB para acceder a estudiar o trabajar”. Así “descubre a uno de los jefes de la unidad 15 haciendo una transa de drogas con internos; y ahí le dijeron que si él quería estudiar iba a tener beneficios pero que tenía que trabajar para el Servicio. Para zafar en el momento creo que dijo que sí, pero pidió audiencia con el juez para hacer la denuncia correspondiente, y a partir de ahí empezó a ser amenazado, golpeado, trasladado sistemáticamente”.

[pullquote]En 4 años la familia hizo más de 150 presentaciones de habeas corpus preocupada por su situación[/pullquote]

Sergio Jaramillo pasó por todas las unidades penales de la provincia de Buenos Aires y también por el Sistema Federal. En 4 años la familia hizo más de 150 presentaciones de habeas corpus preocupada por su situación. Luego de su muerte se inició una causa judicial “s/ averiguación de causales de muerte”. Gustavo Jaramillo y su mujer, Natalia Sarraute, sostuvieron desde el principio que no se trataba de un suicidio, que a Sergio lo habían asesinado por haber denunciado al personal del SPB, entre ellos a los jefes de la Unidad, Julio Ferrufino y Roger Lobo. Los familiares se presentaron en la causa judicial como particulares damnificados con el patrocinio de abogados de la CPM.

A partir de esta lucha, la familia Jaramillo fundó FAVISIC, una asociación que genera redes solidarias entre familiares de detenidos en toda la Provincia. Actualmente tienen referentes en Mar del Plata, Necochea, Alvear, La Plata, Urdampilleta, Dolores y Junín; gente que se fue conociendo en las puertas de las unidades penales, en las largas esperas para ver a sus seres queridos.

En febrero de este año hicieron una encuesta para relevar y sistematizar los reclamos de los familiares de los privados de la libertad y detectaron graves irregularidades y arbitrariedades en las requisas a las que son sometidos. También en la manipulación de los alimentos.

Habeas corpus colectivo

FAVISIC, con el acompañamiento de la CPM, presentó un recurso de habeas corpus colectivo ante el Juzgado de Garantías N° 2 de Mar del Plata, que tomó el pedido. La presentación da cuenta de la humillación y degradación a la que son expuestas las personas que visitan a sus seres queridos en la Unidad XV de Batán, lo que también las convierte en víctimas del SPB. Dadas las formas en las que se trata y se revisa en las requisas a los familiares asistentes, se viola cualquier precepto, pacto o tratado nacional o internacional en materia de derechos humanos.

“Desnudos completos, realización de flexiones, revisación del ano, de la boca, obligarlos a toser” describe el texto de la presentación. También puede leerse sobre el deterioro en el que se encuentran las instalaciones públicas de la entrada de la unidad, la mugre del espacio donde se realizan las visitas, letrinas tapadas, baños sin agua, focos infecciosos por la falta de higiene. Violencias. Mujeres, muchas embarazadas, ancianos y niños son los que utilizan esas instalaciones en su recorrido por los penales provinciales.

[pullquote]en la provincia de Buenos Aires hay cerca de 35.000 personas privadas de su libertad, 1 persona cada 470: un récord histórico[/pullquote]

En la audiencia judicial, los funcionarios gubernamentales defendieron la paulatina aplicación del protocolo de visitas elaborado en 2014 para la provincia de Buenos Aires. FAVISIC consideró que es insuficiente y que se encuentra vaciado de contenido. En muchos aspectos deja cuestiones a merced del criterio del Servicio Penitenciario, zonas grises.

Según el Informe Anual 2015 de la CPM, en la provincia de Buenos Aires hay cerca de 35.000 personas privadas de su libertad, 1 persona cada 470: un récord histórico. En uno de sus apartados detalla que en el período 2013-2014 se registraron 114 víctimas de requisas personales vejatorias: “Se trata de prácticas violentas, inútiles y prolongadas, que suponen exposiciones al frío o al calor, inspecciones invasivas del cuerpo, imposición de posturas y/o ejercicios degradantes. Un 29,4% implicó desnudo total y flexiones, tipo más gravoso en términos de intrusión corporal dado que supone colocarse en cuclillas de manera tal de exponer las zonas genital y anal a la inspección del personal”.

“Nosotros también planteamos que una forma más simple y ordenada de poder habilitar la visita es la tarjeta única, como la utilizada por el sistema federal. Provincia no lo cumple. Cambian todo el tiempo la reglamentación. Necesitamos un criterio equiparado para todos los que visitamos a nuestros familiares y respeto para nosotros como seres humanos”, reflexiona Natalia Sarrautte. Los familiares esperan una sentencia judicial sobre el tema de las requisas en agosto.

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Comunicado de FAVISIC