El juicio oral y público contra el policía Julio Diego Torales comenzó este lunes en la sede de la Unión Industrial de la Matanza. Está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 3, calle Juan Florio 2765, San Justo. Ya declararón 5 testigos, entre ellos la mamá de Luciano. Hoy continúan los testimonios.

ANDAR en La Matanza

(Agencia) Ayer, ante los magistrados Diana Nora Volpicina, Gustavo Omar Navarrine y Liliana Logroño, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 3 de La Matanza, comenzó el juicio por torturas al policía Julio Diego Torales, quien fuera uno de los responsables de la detención de Luciano en el Descatamento, reconocido por la víctima y por sus familiares como responsable de los tratos denigrantes, golpes y torturas que recibió el joven en esa oportunidad.  Durante la semana continuarán las declaraciones testimoniales.

El 22 de septiembre de 2008, Luciano Arruga tenía 16 años y estuvo detenido, encerrado ilegalmente sin la intervención de un juez de menores. Luciano fue hostigado y brutalmente torturado durante diez horas en la cocina del entonces destacamento de Lomas del Mirador, hoy espacio para la memoria Luciano Arruga. En aquella oportunidad, fueron a buscarlo su mamá y su hermana y escucharon cómo les pedía por favor que lo sacaran de ahí porque lo estaban golpeando. La policía las privó del derecho a verlo. Meses después, el 31 de enero de 2009, Luciano desapareció; 5 años después su cuerpo apareció enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita.

Magistrados Diana Nora Volpicina, Gustavo Omar Navarrine y Liliana Logroño

En la primera jornada declaró la madre de Luciano, Mónica Alegre; también, Juan Gabriel Apud, amigo del barrio desde los 5 años, y Rocío Gallegos, compañera de casa de Vanesa (su hermana) en ese entonces. Los tres coincidieron en que después de la detención irregular Luciano cambió. La palabra “miedo” se repitió en sus declaraciones.

También testimoniaron dos médicos: una mujer que trabajaba en el cuerpo médico forense de San Justo y el especialista que atendió a Luciano en el Policlínico de San Justo, que constató un traumatismo en la región facial y pómulo izquierdo

Vanesa Orieta, hermana de Luciano, mañana va a declarar en el juicio. Ella conversó con Andar y nos dijo:

“Llegar a este juicio es una instancia muy dolorosa para nosotros. Recordar lo que Luciano vivió y sufrió en aquel septiembre del 2008 es el primer punto que deseo remarcar. Entendemos que los procesos continúan siendo injustos. Esta es una causa que la justicia tuvo conocimiento al mismo tiempo que Luciano fue desaparecido hace 6 años. Hubiese sido oportuno que a tiempo se hubiese juzgado, a tiempo seguramente también que hubiera salido a la luz la identidad de otros funcionarios judiciales que tuvieron que ver con esa detención.”

“Nosotros nos organizamos y comenzamos a luchar por una causa que estaba siendo invisibilizada por todos. Nuestra lucha fue la que le dio luz y gracias a eso pudimos avanzar en algunas instancias de investigación y poder llegar, por ejemplo, a un proceso de juicio como éste. Nosotros seguimos denunciando a los poderes políticos y judiciales. No tenemos alianzas con ninguno de los sectores de poder, la única alianza que tenemos es la que construimos los familiares y amigos de Luciano. Nuestra estrategia es ir con nuestra verdad a denunciar a los efectivos que torturaron y que en definitiva, terminaron con la vida de Luciano.”

“Yo espero una condena para Torales, fue uno de los policías que participó de esa detención que duró más de 10 horas y mantuvo a Luciano en una cocina. Torales es uno de los que torturó a Luciano en conjunto con otros. Espero que exista una condena para estas prácticas que son un hecho de tortura.  No tengo mucho más para agregar, espero que la justicia entienda eso, nada más. Después, espero que socialmente procesemos esto y comencemos a profundizar sobre esto. No vale de nada que judicialmente se condene, vaya un policía preso y que la sociedad siga siendo la misma, dando vuelta la cara. Hoy se está enjuiciando a un policía por haber torturado a un pibe  de 16 años. Torales es un funcionario público, que tenía un cierto grado de poder, portaba un arma, tenía la posibilidad de someter a un joven de un barrio humilde cuyos derechos fueron vulnerados.  Esperemos que esta causa sirva para que otros familiares se animen a denunciar, tengan la posibilidad de acceder a un proceso justo y tener como base este antecedente: una condena justa por torturas”.

Julio Diego Torales, policía imputado

“Es triste llegar a una instancia judicial por una causa de torturas. Nosotros somos una sociedad que vivimos una dictadura, Hubo mucha gente que se organizó y luchó para decir Nunca Más, para enseñarnos y hacernos ejercitar una memoria que nos frene a cometer actos violatorios de los derechos humanos. Tener una causa como ésta en democracia demuestra que no estamos haciendo bien.”

Juan Manuel Combi, abogado de la APDH La Matanza y representante de Mónica Alegre, nos relató al salir de  la audiencia: “La actitud de la defensa es increíble. Continúan sosteniendo preguntas estigmatizantes para los testigos y para la propia víctima. En este juicio se está juzgando un hecho de torturas en una comisaría. A nosotros nos parece que nada tiene que ver si Luciano era cartonero o no, si su detención fue por un hecho delictivo o no; eso es intrascendente. Eso ni siquiera está acreditado pero si lo estuviera ¿eso justifica el accionar de la policía? Un hecho de tortura es injustificable bajo cualquier punto de vista y en cualquier suceso.  Tendremos como sociedad trabajar desde lo simbólico ya que pareciera legítimo actuar para la policía bajo la situación previa de la detención. En este caso, no tenemos acreditado que se haya cometido un delito pero aunque eso fuera acreditado, sostenemos que no es posible cometer un acto violento contra una persona en una situación de encierro. Me parece que la defensa de Torales está realizando unas preguntas que sostienen lo estigmatizante como punto de partida de su estrategia”

Abogados defensores Juan Grimberg y su hijo, junto al policía Torales.

“Esta es una batalla jurídica y no una batalla política como lo quieren hacer ver al resto de la sociedad. Hay organismos internacionales que han venido a reclamar al Estado argentino que la justicia, en este caso el ministerio público, comience a perseguir estos delitos y haga las imputaciones. Es decir, una detención arbitraria, una detención ilegal, en un lugar donde no había celdas para alojar detenidos, donde la persona es golpeada, “verdugueada” como se describió, donde se le dicen frases denigrantes, donde esa persona posteriormente a este hecho comienza a tener temor de salir a la calle; que la legalidad sea la que genera la propia ilegalidad de nuestros pibes, creo que hay que caratularlo como dicen los organismos y las convenciones internacionales: delitos de tortura. Las tipificaciones como “severidad”, “vejaciones”, “apremios” garantizan la impunidad de todos los funcionarios públicos que comenten estos delitos.”

La CPM está acompañando el proceso judicial y está realizando el registro audiovisual de la totalidad del juicio por torturas contra Torales. Sandra Raggio, directora general de Áreas del organismo, expresó: “Este juicio es una parte muy importante en el largo proceso de esclarecimiento y exigencia de justicia por la desaparición y homicidio de Luciano Arruga. Tenemos la esperanza de que se condene por las torturas infligidas a Luciano tiempo antes de que fuera desaparecido, pues más allá de que esto no quede impune también se probaría el hostigamiento y la persecución que las fuerzas policiales del destacamento de Lomas del Mirador ejercieron sobre él. Esto en gran medida conduce a la imposibilidad de negar la responsabilidad de la policía en su muerte y previa desaparición. Y en general prueba judicialmente la violencia cotidiana que ejerce la policía a los pibes pobres”.