Diversas organizaciones, asambleas y organismos de DDHH, denuncian un sistema de salud excluyente y reclaman el cese de la impunidad para los responsables de un sistema municipal que provoca la muerte de pacientes o deja secuelas graves por la desidia, discriminación y abandono por parte del personal médico.

ANDAR en la salud

(Agencia)A Yésica Gáspari le habían prescripto cesárea para el parto de su bebé. Por eso  ella solicitó un turno en un hospital de Malvinas Argentinas, y finalmente llegó el día de la intervención. Sin embargo, el médico decidió que el parto no sería por cesárea, sino natural. La madre le advirtió que eso no era lo que había previsto el médico anterior, pero la respuesta del profesional fue: “Mamita… mamita… yo sé”. Luciano, el bebé, pudo vivir sólo dos días: durante el parto le fracturaron varias costillas que perforaron un pulmón.

A partir del caso de Yésica, el 13 de febrero de 2014 familiares de víctimas de mala praxis junto a organizaciones sociales y de DDHH realizaron una marcha en reclamo de justicia. Horas antes, un empleado municipal del sistema sanitario de Malvinas advirtió a los manifestantes, mediante la red social facebook,  que la manifestación la realizaran durante la mañana, “porque acá a las 2 de la tarde se van todos los jefes y no les importa que les hagan marchas”. Al día siguiente lo echaron.

Juan Quintana: ““En Malvinas, en principio, funciona un sistema de salud discriminatorio por el que el pobre no recibe una atención adecuada como sí aquel que tiene una obra social o alguna cobertura médica”

En Malvinas Argentinas se registran, desde 2001 hasta la actualidad, más de 50 casos judicializados de pacientes de hospitales y salas de atención primaria que han sido víctimas de mala praxis. La mayoría de los casos se tratan de cesáreas mal practicadas, atenciones de quemaduras graves, diagnósticos fallidos y, en consecuencia, tratamientos inapropiados e intervenciones quirúrgicas de baja complejidad que terminan con infecciones y otras complicaciones producidas por insumos médicos dejados en los cuerpos.

El caso de Yésica Gáspari derivó en la mencionada manifestación frente al hospital Eva Perón, y allí varias personas se acercaron para contar sus historias que aún no habían sido denunciadas ni pública ni judicialmente. Por eso, en realidad la cifra de víctimas se calcula en varios centenares en todo el distrito.

En diálogo con ANDAR, uno de los referentes de la Asamblea de Tortuguitas, Juan Quintana, explicó que “En Malvinas, en principio, funciona un sistema de salud discriminatorio por el que el pobre no recibe una atención adecuada como sí aquel que tiene una obra social o alguna cobertura médica. En cambio, al que tiene una buena prepaga se le practica hasta los chequeos y estudios que no necesita”.

Según Quintana, existe un descuido generalizado hacia los pacientes de escasos recursos que está directamente vinculado con las condiciones de contratación del personal médico municipal (en general son jóvenes residentes o médicos con locación de servicios) y con la administración arbitraria y sin rendición clara de los recursos que recibe Malvinas Argentinas de los fondos para la salud provenientes de la coparticipación provincial: más de 620 millones de pesos anuales.

[pullquote]Existe una administración arbitraria y sin rendición clara de los recursos que recibe Malvinas Argentinas de los fondos para la salud provenientes de la coparticipación provincial: más de 620 millones de pesos anuales[/pullquote].

“Mediante el contrato de locación de servicio, o contrato basura, implica que el médico factura por cada paciente atendido. A mayor cantidad de pacientes, mayor ingreso. Así se genera una lógica de trabajo que impacta directamente sobre los resultados de la atención, porque un solo médico termina atendiendo una gran cantidad de pacientes en un mismo día. Asimismo, los profesionales con mayor experiencia no están en los hospitales ni en las salitas del distrito. En Malvinas hay una gran cantidad de residentes, con escasa experiencia, y sin supervisión de los directivos de los hospitales”, afirmó.

A las formas del vínculo laboral se suma la falta sistemática de insumos, o el “ahorro” de insumos a los que los médicos y enfermeros están presionados a realizar: “Este sistema presiona al personal para que no utilice tiempo para explicar a los pacientes sobre sus dolencias y tratamientos. Lo que pasa en Malvinas pasa de una manera muy reiterada. Este distrito no entra dentro del promedio, sino que es muy elevado el umbral de mala praxis”.

El extraño asesinato de un enfermero en 2012

En septiembre de 2012, el enfermero Walter Navarro, que trabajaba en el Hospital Pediátrico Claudio Zin de Malvinas Argentinas,  fue asesinado de un disparo en la axila en la puerta de su casa. Navarro había aportado datos para una publicación periodística acerca del caso de Celeste Morales, una niña de ocho años que había fallecido en aquél centro de salud por mala praxis.

Sugestivamente, a metros donde se había cometido el crimen del enfermero, fueron hallados los documentos de identidad de las dos personas que finalmente fueron detenidas como responsables del asesinato en ocasión de un presunto robo, aunque la familia de Navarro desde un comienzo negó la hipótesis policial y judicial.

En este sentido, en declaraciones periodísticas, Gerónimo Moyano, hijastro de la víctima, afirmó que “no se trató de un robo, de un hecho delictivo común. No le faltaba nada, le podrían haber robado la camioneta, le podrían haber sacado la billetera o el dinero que tenía encima, y no pasó nada de eso”.

“Creo que el asesinato (de Navarro) está vinculado a datos que aportó mi papá a una investigación periodística sobre los negocios que hay detrás de la salud en Malvinas Argentinas”, agregó.