Bajo la consigna “La policía dispara, la justicia también. Mauricio y Franco presentes. Ni un pibe menos”, familiares de víctimas de violencia institucional y organizaciones sociales se reunieron hoy frente a los tribunales de San Martin para pedir justicia por la muerte de dos jóvenes del barrio de la Cárcova en manos de la policía bonaerense. La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires participó del reclamo.
ANDAR en la justicia
(Agencia) Franco Almirón de 16 años y Mauricio Ramos de 17 fueron asesinados por la policía en febrero de 2011, ocasión en que los uniformados realizaban un operativo luego de que un tren de carga descarrilara a la altura del barrio La Cárcova, localidad de José León Suarez.
El único imputado por estos crímenes, el agente Gustavo Rey, fue absuelto en marzo de 2014 por el Tribunal Oral y Criminal Nro. 2 de San Martín bajo el “beneficio de la duda”, argumentando falta de pruebas suficientes para condenar al imputado, pese a que los fiscales y la querella habían pedido la prisión perpetua. En mayo el CELS apeló la sentencia que absolvió al agente Rey y que condenó al oficial Gustavo Vega a 7 años de prisión por intento de homicidio de Joaquín Romero, otro de los jóvenes que se encontraba en el lugar de los hechos y que sobrevivió a la represión. Además de la ausencia de condena por los asesinatos de Mauricio y Franco, el CELS señala la baja pena que recibió el oficial Vega, ya que el tribunal no consideró el agravante de que el autor de los crímenes fuera un policía en ejercicio de sus funciones.
A cuatro años de los hechos, familiares de las víctimas y vecinos del barrio realizaron un acto frente a los tribunales de San Martín en reclamo de justicia y protección para los pibes de José León Suarez.
El reclamo fue acompañado por la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) -institución que se desempeñó como representante de la querella durante el juicio-, referentes de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional y familiares de víctimas de violencia institucional, entre ellos, Raquel Witis madre de Mariano, asesinado por la policía en el año 2000.
“La policía lleva adelante este tipo de prácticas contra nuestros jóvenes y la justicia convalida estos procedimientos porque absuelve a los acusados”, señaló Rodrigo Pomares, director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM.
En febrero de 2011, la CPM lazó un comunicado en repudio a los hechos y declaró que “el gobierno de la provincia de Buenos Aires basa su política de seguridad en la mano dura hacia los sectores excluidos y en la autonomía policial y es, por lo tanto, el responsable político de los hechos trágicos de José León Suárez”.
“Estos crímenes no son hechos aislados sino que se inscriben en los hechos cotidianos que ocurren en las comisarías, cárceles e institutos con nuestros niños y jóvenes”, concluye el comunicado.

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