La iniciativa fue presentada en la sesión del miércoles 5 de noviembre. Con el acompañamiento de la CPM, el proyecto destaca la figura del trabajador como un actor asociado a un colectivo y que el Estado sea un actor activo para la reconstrucción de lazos duraderos en torno al trabajo fuera de la cárcel.

ANDAR en La Plata

(Agencia) El bloque de concejales del FPV Nacional y Popular presentó, el miércoles 5 de noviembre, un proyecto de ordenanza para la creación del Programa Municipal de Inclusión Laboral destinado a las personas que están bajo libertad condicional, o algún otro régimen de morigeración de la pena, y para las que no excedan los 5 años de libertad efectiva.

La propuesta contempla que el municipio de La Plata destine el 3 por ciento de los puestos de trabajo –tanto de instituciones públicas municipales, cooperativas que actualmente prestan servicios para el municipio o nuevas entidades creadas para los mismos fines, y empresas o contratistas del municipio- para los beneficiarios del programa.

Asimismo, se prevé la promoción de vías alternativas para garantizar la universalidad en el acceso, tales como el otorgamiento de licencias para la explotación de vehículos taxis, el otorgamiento de permisos precarios de explotación de puestos prefabricados instalados o a instalarse en los espacios verdes, y la creación de cooperativas dirigidas a la inclusión laboral de los liberados.

El programa, en caso de prosperar, se regirá por un banco de beneficiarios que se actualizará de manera periódica en articulación con el Patronato de Liberados de la Provincia, y habrá una comisión evaluadora integrada por organismos públicos municipales, provinciales y organizaciones de derechos humanos, entre ellas la CPM, para el otorgamiento de los puestos de trabajo en función del banco de beneficiarios.

“En nuestra sociedad contemporánea, la cárcel se ha convertido en un castigo de clase para los hombres, mujeres y jóvenes que no han tenido y no tienen acceso a los derechos básicos y fundamentales”, destaca el proyecto entre sus fundamentos, y enfatiza en la importancia de que “en un contexto de alta vulnerabilidad de derechos como son las instituciones carcelarias, resulta fundamental que el accionar del Estado no sea solamente punitivo, sino que se provea de mecanismos para la reconstrucción de lazos duraderos en torno al trabajo fuera de la cárcel, que le posibiliten a la persona ser parte de un entramado social que los contenga y que les permita la conformación de un proyecto de vida propio”.

También señala que “es necesario que quienes se encuentran en esta situación recuperen la cultura del trabajo, entendida no sólo desde una óptica meramente instrumental, como lugar de paso asociada simplemente a unos capitales técnicos, sino que además debe ser asumida desde una mirada de derechos (en este caso Sociales, económicos y culturales), como un campo con repertorios de acción específicos que le dan sentido y que le permiten al sujeto historizarse con otros”.

“Aquí es donde radica la importancia de la figura del trabajador como un actor asociado a un colectivo. Es necesario que quienes hayan estado privados y privadas de su libertad y excluidos de sus marcos de relaciones habituales, puedan configurar  lazos duraderos en torno al trabajo, permitiéndoles ser parte de tramas que los contengan y a partir de las cuales puedan construir modos de ser colectivos”, agrega el proyecto.