En la búsqueda de la construcción de una dimensión regional respecto a la realidad carcelaria, la vulneración de derechos en contextos de encierro y las formas de organización que despliegan los familiares se llevó a cabo la charla “Sistema penal y cárceles en América Latina”. La actividad contó con la participación de Wendy Morales, directora de la asociación Azul Originario y sobreviviente de una detención ilegal y arbitraria en El Salvador, Gabriela Rodríguez, presidenta de la asociación civil Familias Presentes y madre de un joven privado de la libertad en Uruguay, y Ana Morales Villota, de Ecuador, vocera del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles y mamá de Miguel López, asesinado a los 23 años en la penitenciaría Litoral; fue coordinada por el secretario y miembro de la CPM Roberto Cipriano García.

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(Agencia) Una de las mesas debate que se realizaron durante el IX Encuentro de Familiares Víctimas de la Violencia Institucional fue sobre sistema penal y cárceles en América Latina, que tuvo como punto de partida la necesidad de compartir experiencias de distintos lugares de la región e impulsar estrategias de articulación, cooperación y trabajos en común entre las distintas organizaciones de familiares.

“No hay sistema penitenciario donde la tortura no sea una práctica sistemática, donde no se vulneren los derechos humanos. Eso es una constante en el mundo y en nuestros países tenemos algunas realidades y tendencias alarmantes en cuanto a las tasas de prisionización que miden la cantidad de personas encarceladas cada 100 mil habitantes”, introdujo el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García.

En ese sentido, citó el caso de El Salvador con una tasa mayor que la de Estados Unidos -564 personas encarceladas cada 100 mil habitantes en el primero frente a 531 en el segundo-, Uruguay, con el tercer mayor registro del continente -308 cada 100 mil-, Brasil con 389, y la provincia de Buenos Aires con 311.

“Por estos alarmantes índices y por la extensión de la violencia en contextos de encierro es que hemos invitado a estas panelistas, luchadoras, familiares víctimas que se enfrentan cada día a la tarea de revertir este cuadro de vulneración de derechos”, agregó Cipriano García.

Wendy Morales es directora de la asociación Azul Originario de El Salvador, una organización de familiares de personas privadas de la libertad que integra una red amplia de organizaciones de distintos países de la región. Defensora de los derechos humanos, pasó años encarcelada a partir de una causa armada por el delito de extorsión, un tipo penal que en su país prevé una de las penas más altas, de entre 20 a 30 años.

“Desde hace 20 meses aproximadamente nuestro país se encuentra en estado de excepción con las garantías constitucionales suspendidas, plazos provisionales desde detención que se alargan arbitrariamente, comunicaciones cuya privacidad se vulneran en las cárceles, además de la suspensión extendida de las visitas de familiares y hasta de los abogados particulares de los detenidos”, explicó.

En cuanto al derecho al acceso a la justicia ejemplificó que antes del gobierno de Bukele los defensores oficiales llevaban hasta 50 casos a la vez mientras que actualmente pueden llegar a tener hasta más de 100. Asimismo, en el último período de gobierno han ingresado a las cárceles de El Salvador más de 77 mil personas, cuando el sistema ya contaba con 34 mil detenidos llevando los niveles de hacinamiento a más del 300 por ciento.

Todo este cuadro de vulneraciones de derechos masivas se corona con la falta de acceso a la información pública.

Gabriela Rodríguez, madre de un joven privado de la libertad en Uruguay, propuso volver a pensar en las violencias que desde el Estado se ejercieron durante los períodos de dictaduras en la región y las violencias actuales, con el objeto de encontrar las continuidades, las causas de su permanencia en el tiempo y los modos de luchar frente a la impunidad de quienes las ejercen.

“En Uruguay somos apenas 3 millones de habitantes, un país muy pequeño pero con la cifra récord de 15 mil personas privadas de la libertad y con más de 1.200 ingresos nuevas cada  año a las cárceles del país. En cuanto a la población de mujeres en penitenciarías, por más que en el total sea un número pequeño -2.000 aproximadamente- se triplicó en los últimos años”, afirmó.

Rodríguez, que es presidenta de la Asociación Civil Familias Presentes, sentenció: “Es duro encontrar que el propio país se encuentra primero entre los peores en términos de prisionización, que en términos globales ocupamos el puesto 12. Hasta hace unas décadas, en Uruguay nos jactábamos de no tener analfabetismo pero el año pasado se hizo un estudio en las cárceles y resulta que el 52 por ciento son personas analfabetas, una cifra muy triste para nuestro país”.

Al igual que en la mayoría de los sistemas penales de la región, enumeró las vejaciones y vulneración de derechos sobre la población encarcelada: aumento de penas, disminución de beneficios por estudio y por trabajo, libertades anticipadas y salidas transitorias disminuidas, condiciones de encarcelamiento con hacinamiento, higiene deplorable, módulos donde las celdas ya no existen porque se han realizado boquetes en las paredes y las celdas ya no son individuales o de dos detenidos, personas en condiciones en las que no ven la luz del día, incluidas quienes están con prisión preventiva.

Por último, agregó el problema de los consumos problemáticos que atraviesa más del 80 por ciento de la población encarcelada.

Respecto a la experiencia en Ecuador, el testimonio de Ana María Villota -vocera del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles y mamá de Miguel López, asesinado a los 23 años en la penitenciaría Litoral- describió el fenómeno de masacres en cárceles de su país -16 durante los últimos años solo en Guayaquil- en una de las cuales resultó muerto su hijo y alrededor de 120 jóvenes más.

“Hasta diciembre del año pasado teníamos 31.321 personas privadas de la libertad y para septiembre pasado ese número subió hasta los 45 mil. De ese total, alrededor de la mitad tiene entre 18 y 30 años con un nivel educativo de hasta 6° grado”, detalló.