El trabajador rural Luis Espinoza está desaparecido desde el viernes, luego de ser atacado junto a su hermano por un grupo de policías de la comisaría de Monteagudo. Antes de desmayarse productos de los golpes, el hermano de Luis declaró haber escuchado un disparo. Nueve policías y un vigía de la comuna fueron detenidos en la noche del martes. En la camioneta que habrían usado para sacar el cuerpo del trabajador, propiedad de uno de los agentes implicados, se encontraron rastros de sangre.

ANDAR en Tucumán

(Agencia) “La desaparición de Luis Armando es de gravedad institucional porque pone en evidencia una vez más el accionar represivo de la Policía de Tucumán. Por eso es que exigimos al Poder Judicial interviniente celeridad en la investigación y el sostenimiento de las detenciones para el avance de la causa”, señalaron familiares del trabajador desaparecido desde el viernes pasado en un comunicado acompañado por más de 200 organismos y referentes de derechos humanos, entre ellos la Comisión Provincial por la Memoria.

A seis días de su desaparición, y a pesar de los múltiples rastrillajes con más de 300 personas de la comunidad que se sumaron voluntariamente a la búsqueda, no hay ningún rastro de Luis Espinoza. Mientras su familia y los organismos de derechos humanos reclaman la aparición con vida del trabajador rural de 31 años, padre de seis hijos, en la justicia todos los indicios apuntan a la Policía de Tucumán.

El viernes pasado, alrededor de las 14 horas, Luis y su hermano Juan salieron de su casa en la localidad de Rodeo Grande, departamento de Simoca, en dirección al paraje Melcho. La versión policial señala que efectivos de la comisaría de Monteagudo acudieron a un predio porque se estaba realizando una carrera de caballos incumpliendo la cuarentena y que los asistentes comenzaron los incidentes.

Según denunció la familia, los hermanos no habían asistido a la carrera, estaban volviendo de cobrar su salario cuando en el camino fueron abordados por el grupo de policías. Juan fue brutalmente golpeado, tiene heridas en el pecho y brazo, y declaró que antes de desmayarse escuchó la voz de su hermano y un disparo. A Luis se lo llevaron en una camioneta Kangoo gris que pertenece a un efectivo policial y desde entonces está desaparecido. Su madre cree que lo podrían haber tirado a un dique.

“La familia fue el mismo viernes de la desaparición a la comisaría, pero no quisieron tomarle la denuncia. Recién al día siguiente, el sábado, comenzó a intervenir la justicia. Decidieron cortar la ruta, si la familia no tomaba esa medida de fuerza no hubiésemos conocido lo que pasó”, advierte Julia Albarracín, abogada en causas de derechos humanos, que participó de la búsqueda y estuvo en contacto con la familia de Luis.

“Las esperanzas van sucumbiendo a medida que fueron pasando los días. Una de las cosas que vienen manifestando es que, si Luis estaría vivo, ya hubiésemos tenido noticias de él porque conoce el campo y es improbable que se haya perdido”, remarcó Albarracín. Y agregó: “En estos momentos, la familia tiene la conciencia que su desaparición puede conllevar la muerte”.

Este martes por la noche, cinco días después de la desaparición, fueron detenidos nueve policías, que también fueron pasados a disponibilidad por el Ministerio de Seguridad provincial, y un funcionario municipal, vigía de la comuna.

La causa está caratulada como desaparición forzada y quedó a cargo de Mónica García de Targa, titular de la Fiscalía 1 de Monteros. De los rastrillajes en el lugar de la desaparición, se levantaron vainas servidas y la justicia también secuestró desde el comienzo de la investigación los teléfonos celulares, armas reglamentarias, uniformes y vehículos de los implicados, entre ellos, la camioneta gris que testigos ubican en el lugar del ataque y en la que habrían trasladado a Luis.

En ese sentido, Albarracín señala que las detenciones se produjeron luego que se encontraran, a partir de las pruebas de luminol, manchas de sangre en esa camioneta. Ahora se espera la posibilidad de cotejar esa muestra con el ADN de la familia.

Por pedido de la fiscal García de Targa, colabora con las tareas de investigación el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal que, entre otras medidas, se encuentra realizando las pericias sobre las armas reglamentarias para determinar si fueron disparadas y si coinciden con las vainas servidas que se hallaron durante el rastrillaje.

El mismo martes que se ordenaron las detenciones de los diez implicados la familia fue aceptada como querellante en la causa: “Es importante porque la querella garantiza y representa el interés de la familia. Importante, además, en una situación donde se investiga la participación de funcionarios policiales”, concluyó la abogada Albarracín.

Mientras continúa la búsqueda de Luis, los organismos de derechos humanos que firmaron el comunicado de la familia reclamaron la aparición con vida del joven y también le requirieron al ministro de Seguridad Claudio Maley “garantizar la protección de la familia y de toda la comuna de Monteagudo ante los hechos que han tenido que vivir”.

“Lamentablemente no es la primera vez y en Tucumán ya estamos habituados y preocupados por el nivel de impunidad de la policía. Sabemos por la experiencia de familiares de víctimas de gatillo fácil en la provincia que, luego de denunciar, comenzaron a recibir amenazas de la policía. Estamos habituados a esta clase de atropellos, la familia tiene miedo y nosotros necesitamos advertir esta situación para resguardar y poner en cuidad a la familia”, explicó la abogada Julia Albarracín.