La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, denunció penalmente las torturas y malos tratos aplicados contra los jóvenes alojados en el centro de recepción de Pablo Nogués por directivos, operadores y personal administrativo dependiente del Organismo de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires. La brutal represión y castigos posteriores, con la presencia incluso de la secretaria de fiscalía Silvia Sorrentino, intentó acallar una protesta porque los querían encerrar sin darles de comer y no les permitieron comunicarse con sus familiares. El reclamo por las condiciones inhumanas de detención, desatención médica, arbitrariedades disciplinarias, aislamiento diario extremo y falta de actividades educativas y recreativas es de larga data; dos meses atrás la CPM había constatado esta realidad y presentó un habeas corpus colectivo que fue cerrado rápidamente por el Juzgado de Garantías del Joven N° 2 de San Martín, a cargo de Raúl Alberto Luchelli Ramos, que ni siquiera se constituyó en el lugar para escuchar a los jóvenes y solo escucho a las autoridades. La desidia y falta de intervención judicial permitió que el conflicto siguiera escalando; recién luego de la protesta, represión y los castigos posteriores que incluyeron golpizas, requisas vejatorias y traslados gravosos y de madrugada, el Juzgado reabrió el habeas corpus colectivo y ordenó la prohibición de nuevos ingresos.

(Agencia) El pasado 9 de julio un reclamo legítimo por las condiciones generales de alojamiento en el centro de recepción Malvinas Argentinas llevado a cabo por niños y jóvenes tuvo como respuesta una feroz represión. Los operadores informaron que los rociaron de “manera preventiva” con matafuegos en polvo y mangueras de incendio a las celdas y los jóvenes, que nunca encendieron fuego. Las propias autoridades informaron a la CPM que la estrategia de intervención fue de “desgaste”, estirando el conflicto por más de 7 horas. Esto provocó que los jóvenes no pudieran respirar, algunos se desmayaron y una de las víctimas atravesó un episodio convulsivo sin recibir asistencia ni acompañamiento médico.

Con la presencia de la secretaria de la Fiscalía Silvia Sorrentino, la violencia continuó y los jóvenes fueron golpeados gravemente, los privaron de agua, alimento, abrigo y comunicación familiar, con fuerte impacto físico y emocional sobre los adolescentes involucrados. Algunos fueron trasladados esa misma madrugada, mojados, semidesnudos,  sin sus pertenencias y sin información de donde serían llevados. Otros permanecieron en el Centro, donde fueron requisados desnudos todos juntos a las 3 de la mañana frente a más de 10 operadores de otros Centros y en presencia de las autoridades.

“Pedíamos que la comida venga bien, que nos traten bien, que haya más llamada con la familia. Ese día no habíamos ni llamado ni comido. Eran las 20:30 y nos querían engomar sin comer”, relató uno de los jóvenes.

El tiempo de permanencia excesivo en un dispositivo transitorio era otro de los reclamos comunes: “pedíamos por los traslados que no llegaban”. También solicitaban mayor tiempo de visita familiar, que eran sólo de dos horas cuando por normativa deberían ser como mínimo de cuatro horas. La falta de actividades educativas y recreativas y la prohibición de acceder a aire libre y luz solar eran reclamos persistentes no escuchados: “no tenía colegio en Pablo Nogués”, “estamos todo el día haciendo nada”.

Estas condiciones de detención ya habían sido denunciadas por la CPM dos meses antes, a través de un habeas corpus colectivo tramitado por el Juzgado de Garantías del Joven 2 de San Martín, que un día antes del conflicto había decidido cerrar el proceso judicial sin convocar audiencia ni constatar directamente el cumplimiento de medidas, confiando únicamente en los informes del propio Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA).

Luego de la protesta del 9 de julio y la posterior represión, el Juzgado de Garantías del Joven 2 de San Martín volvió a abrir la acción judicial y ordenó medidas urgentes, entre ellas la prohibición de nuevos ingresos, las cuales habían sido solicitadas por la CPM y también por la titular del Juzgado de Garantías del Joven 1 de Moreno Mirta Liliana Guarino, quien intervino tras el conflicto en resguardo de los derechos de cuatro de los jóvenes que estaban bajo su tutela. A diferencia de juez Luchelli Ramos que ignoró inicialmente las violaciones de derechos humanos que se denunciaron, la magistrada en su resolución señaló que “estas denuncias se producen en un contexto estructural de graves deficiencias previamente advertidas por este Juzgado en relación a este dispositivo institucional: falta de personal capacitado, demoras en atención médica y psicológica, ineficacia del mecanismo de quejas, deficiencia en el control externo, fallas en la articulación con el sistema educativo y de salud, y una preocupante ausencia de escucha activa a las y los jóvenes”.

“En función de lo expuesto por la CPM, también resulta necesario activar mecanismos de responsabilidad institucional y garantizar el acceso inmediato a justicia, dado que de los hechos denunciados podrían derivarse responsabilidades administrativas, funcionales y eventualmente penales, respecto de autoridades del OPNyA, personal directivo, operadores y profesionales de la institución”, argumentó la jueza. El fallo de la jueza  contiene una perspectiva clara de protección de la niñez y advierte que los hechos descritos resultan incompatibles con los estándares normativos que rigen el encierro punitivo de adolescentes en conflicto con la ley penal, entre ellos la ley nacional 22.278, la ley provincial 13.634, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

Una actividad judicial responsable y adecuada, cumpliendo su función de control, podría haber evitado estos hechos que representan graves violaciones a los derechos humanos.

En los testimonios recogidos por el equipo de la CPM, los jóvenes describieron situaciones como golpizas por parte de varios operadores de niñez: “Eran como 20, pasaban de a uno en filita y me pegaban, me saltaban arriba del tobillo, de la pierna, acá tengo una banda de chichones, estaban con la cinta atándome los pies”; “Me ahogaron con agua, me ahorcaban en el piso, como 5 maestros juntos, yo les pedía por favor”; señalaron la participación de policías de civil en la represión “me sacan y también me pegan y yo les decía que no había estado en el motín pero me decían que me calle y me pegaban la cabeza contra la pared. Creo que eran policías de la Brigada porque no eran los maestros de Nogués, tenían chalecos”. Uno de los chicos, que no participó del conflicto e intentaba resguardarse, dijo: “Nosotros pedíamos por favor que no tiren más agua y matafuego. También tiraban balas de goma… tiraban a pegar a los pibes, al cuerpo no al piso”; también dieron cuenta de traslados compulsivos: “No me dejaron agarrar nada, vine en pantalón corto, sin remera, sin nada. Con dos marrocas venía”, contó un joven ya alojado en otro dispositivo.

Los jóvenes denunciaron que la secretaria de la Fiscalía del fuero de responsabilidad penal juvenil de San Martín Silvia Sorrentino y su custodia, presentes en las resolución del conflicto, ejercieron violencia hacia ellos: “hasta la fiscal le pegaba a los pibes, esta re loca, le dio una cachetada al chiquito ese cuando lo agarraron y lo esposaron”. Otro niño mencionó que, cuando lo sacaban reducido del pabellón, la fiscal se estaba retirando con su custodio y le dijo “ahora ni hables”, y le propinó un golpe en la nuca.

De los 25 jóvenes alojados en el lugar (que tiene cupo para 24 personas), 7 fueron golpeados y trasladados rápidamente sin ropa, semidesnudos, empapados, con mucho frío y sin informarles donde los llevaban.

Los restantes 18 jóvenes, que no fueron vinculados directamente al conflicto y por ende permanecieron en el Centro de Recepción Malvinas Argentinas, coincidieron que previo al reingreso al Pabellón se realizó una requisa vejatoria, colectiva y humillante: desnudo completo en el patio interno a las 3 de la mañana en invierno frente a cerca de 10 “maestros”, en su mayoría externos a la institución (algunos mencionaron que eran de Lomas de Zamora), con las autoridades del Centro presentes. En ese estado, realizaron tres flexiones consecutivas. “Me sentí re mal, nunca me puse desnudo frente a todos, ni maestros ni otros chicos”, “nos hicieron desnudar a todos los pibes, todos en bolas, frente a ellos”. En esa escena, también mencionan amenazas: “a ustedes les tendríamos que pegar a todos” “el que armó todo este quilombo se llevó más de 30 litros de agua en la boca y unos cuantos dientes menos”.

A partir del informe elaborado por la CPM luego del conflicto, el Juzgado de Garantías de Garantías del Joven 2 de San Martín ordenó a la Fiscalía General de San Martín que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública, tales como apremios ilegales, vejaciones, torturas o abandono de persona en perjuicio de los adolescentes alojados en el centro cerrado de Malvinas Argentinas. Y concluyó que “resulta imprescindible la adopción de medidas urgentes y estructurales para proteger a los adolescentes que se encuentran actualmente alojados en el Centro, garantizar la reparación inmediata del daño y prevenir la repetición de hechos similares en el futuro”. Tuvieron que ocurrir hechos gravísimos para que el juez al fin interviniera.

También requirió al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) que disponga el apartamiento inmediato de sus funciones del personal institucional (operadores, agentes administrativos, directivos) implicado en los hechos denunciados por la CPM, así como el inicio urgente de los sumarios administrativos pertinentes.

La prohibición de nuevos ingresos al centro y la reubicación de los jóvenes que fueron víctimas de esas violencias, fueron otros de los puntos de la resolución judicial que incorporó la orden de proveer colchones, autorizar el ingreso de ropa, y garantizar el tiempo de duración de las visitas familiares, acceso a patio, luz solar y a propuestas socioeducativas.

Las autoridades del Organismo de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, pese a estar en conocimiento de las violaciones de derechos humanos denunciadas hace meses por la CPM, no adoptaron las medidas necesarias para revertir esta situación, al igual que el Juez Luchelli Ramos.