El equipo de peritos de la Procuración General comenzó a revisar los teléfonos secuestrados en la causa: los móviles de todos los imputados y de dos de las víctimas. Estas medidas de prueba están focalizadas en tratar de develar por qué comenzó la persecución policial. La jueza Garmendia rechazó los pedidos de excarcelación realizado por la defensa de los policías y el funcionario policial, y el fiscal Damonte tiene previsto solicitar la presión preventiva. Mientras tanto, Rocío, la única sobreviviente, sigue evolucionando favorablemente de las graves lesiones sufridas.

ANDAR en Monte

(Agencia Andar) Los testimonios de vecinos y vecinas, la declaración indagatoria de una de las imputadas y las pruebas periciales que constan en la causa permitieron reconstruir la persecución policial y evidencian que se trató de una masacre, de una actitud desprofesionalizada e irracional de los agentes policiales que, aún cuando no existía situación de riesgo ni de peligro, iniciaron una persecución mortal contra el auto en el que iban cuatro adolescentes de 13 y 14 años y un joven de 22.

Cuatro policías están imputados por homicidio agravado, otros nueve por encubrimiento, entre ellos el secretario de Seguridad de San Miguel del Monte, que se sospecha intentó ocultar el registro de las cámaras de seguridad. Recientemente, la titular del Juzgado de Garantías 2 de La Plata, Marcela Garmendia, rechazó el pedido de excarcelación presentado por los defensores. Y en estos momentos, el fiscal Lisandro Damonte analiza los pedidos de prisión preventiva.

Por orden de la jueza Garmendia comenzaron a peritarse los 16 teléfonos secuestrados en la causa; esto incluye los celulares de todos los imputados y también los móviles de tres de las víctimas. Las pericias están a cargo del equipo técnico de la Procuración General.

Entre el jueves y viernes pasado se abrieron nueve teléfonos y este lunes se completó el proceso; el peritaje de los aparatos tiene dos instancias: el análisis material de los datos que se encuentran en el celular y una segunda que es el análisis sobre la memoria volátil y que permite rastrear el contenido que ha sido eliminado antes del secuestro. Estos peritajes todavía continúan y, hasta el momento, los resultados no fueron incluidos en el expediente judicial.

Estas nuevas medidas de pruebas intentan develar por qué comenzó la persecución del Fiat 147 en el barrio Montemar y la atención de la investigación judicial está puesta en las comunicaciones de los policías en las horas previas y posteriores a la masacre.

Dos semanas después de los hechos, el motivo de la persecución sigue sin conocerse. La hipótesis sobre un supuesto tráfico de estupefacientes que les jóvenes habrían visto, y que circuló con fuerza la semana pasada, no figura en la causa.

En simultáneo al avance de la investigación judicial, Rocío, la única sobreviviente de la masacre, continúa internada en el hospital El Cruce de Florencio Varela con una evolución favorable. Por primera vez, el parte médico no habla de “estado reservado” y señala que se inició el proceso de desvinculación de la asistencia ventilatoria mecánica. En los últimos días, y ante la estabilidad de su cuadro clínico, la adolescente de 13 años había comenzado a ser operada por las distintas fracturas que sufrió.

Su testimonio sigue siendo una pieza clave para terminar de develar cómo y por qué empezó la persecución policial; mientras ella se recupera el resto de las pruebas que constan en la causa van cerrando la posibilidad de la impunidad.